Las chapuzas de la agencia antidopaje española

"Es una cacharrería". Con esta contundencia describe una de las fuentes consultadas por Relevo el funcionamiento de la agencia española antidopaje (CELAD, Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte). Habrá quien se pueda imaginar un funcionamiento caótico por la falta de recursos o por desorganización, pero las chapuzas que rodean al máximo organismo antidopaje español van mucho más allá.

Además del 'Expediente Majida', una equivocada interpretación de las conclusiones del Consejo de Europa tras su visita el pasado mes de octubre y difundida a los medios; el procesamiento por falsedad documental de una funcionaria y de Jesús Muñoz-Guerra, director del Departamento de Control del Dopaje de la agencia; la presencia de colaboradores de la Policía Nacional en reuniones con la prensa para abordar temas ajenos a sus tareas de investigación; o la recomendación al comunicar un positivo de solicitar documentación médica para "cubrir" el resultado, son algunas de las fechorías de la agencia española antidopaje.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmaba recientemente el procesamiento por falsedad documental de Jesús Muñoz-Guerra, director del Departamento de Control del Dopaje (DCD), y de C.F.G, otra funcionaria interina de la agencia. Ambos fueron denunciados por una deportista a quien se le abrió inicialmente expediente sancionador por parte de la agencia cuando el documento de revisión de su positivo, que sirve para identificar posibles irregularidades, indicaba que el test antidopaje se había hecho con un sólo agente de control y no dos como indica el reglamento.

Aunque inicialmente el documento señalaba que sólo hubo un agente en el control, se abrió un nuevo expediente sancionador con otro documento que acreditaría que hubo dos. El expediente acabó archivado por la agencia, pero la deportista acudió a la justicia por la existencia de dos documentos de revisión del positivo con información diferente (reflejaba un agente el primero y dos el segundo).

A pesar del recurso de la Abogacía del Estado, quien defiende a los dos denunciados por ser empleados públicos, a día de hoy el caso está pendiente de que se pronuncie la Fiscalía y la posterior apertura de juicio oral.

Una de las frases que el documento con el que se comunica a Majida Maayouf su positivo en 2020 en Dresde y la apertura de diligencias reservadas, firmado por Jesús Muñoz-Guerra, dice literalmente: "Efectúe una solicitud de Uso Terapéutico con carácter retroactivo que pueda cubrir el control efectuado".

Fuentes internas de la propia agencia con quien ha contactado Relevo aseguran que en la CELAD "se dan permisos retroactivos como churros", muchos de ellos con documentación médica anterior que podrían solicitarse previamente, tal y como señala el reglamento. El propio José Luis Terreros, director de la agencia, pidió a Relevo con insistencia que incluyéramos en nuestro reportaje un llamamiento a todos los atletas, sobre todo amateurs, para que "sólo pidieran los permisos si se les comunicaba un positivo, porque de otra manera el trabajo sería inabarcable".

El pasado mes de octubre el Consejo de Europa realizó una visita a la agencia española antidopaje. Tras supervisar sus procedimientos y visitar los laboratorios de Madrid y Barcelona, emitió un informe con unas conclusiones que la agencia consideró "enormemente positivas". Sin embargo, las valoraciones de la institución europea indicaban que la agencia debería revisar algunos procedimientos. 

De los cinco puntos, el Consejo de Europa exigió la revisión de las medidas operativas de los "controles a deportistas españoles que se encuentran fuera del país", poniendo el foco especialmente los que entrenan en el "norte de África". El organismo internacional también urgió que los "laboratorios de Madrid y Barcelona deben trabajar en estrecha colaboración y de forma coordinada". 

Señaló también que la agencia debería ser un órgano independiente del Consejo Superior de Deportes. Actualmente presidido por Víctor Francos, el Secretario de Estado para el Deporte ejerce también como Presidente de la agencia, algo que según Europa debería de evitarse para impedir "conflictos de interés". En relación con los asuntos disciplinarios, Europa advirtió a la agencia española que "la práctica prevista de resolver los conflictos mediante la presentación de alegaciones y documentos por escrito no se considera un modelo óptimo". Todas ellas, consideradas como valoraciones "enormemente positivas" por la agencia, cuya interpretación difundió posteriormente a los medios de comunicación.

Uno de los puntos que el Consejo de Europa sí destacó de la agencia española fue la estrecha colaboración entre la CELAD y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De hecho, según ha podido saber Relevo, dos agentes asignados por Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente trabajan dos días por semana en la agencia para participar en la investigación sobre delitos contra la salud pública donde pudieran estar implicados deportistas.

Lo que no esperaba Relevo es que una de ellas, bajo el nombre de L., participara también de la reunión mantenida con nuestro medio para tratar de resolver las dudas del 'Expediente Majida'. Encuentro al que también asistió José Luis Terreros, director de la agencia española antidopaje, Ramón Sánchez Gálvez, secretario general del organismo y Miguel Ángel Adán, jefe de prensa. Según el propio director, la policía nacional asistió como miembro del "equipo de inteligencia" de la CELAD cuando sus tareas son totalmente ajenas a la evolución del caso de la maratoniana recién nacionalizada por el que preguntaba Relevo.

En 2009, el actual presidente de la agencia española antidopaje recibió una oferta de Albert Soler, secretario de Estado para el Deporte, para entrar a formar parte del Consejo Superior de Deportes. La aceptó y ocupó la subdirección general de Deporte y Salud, organismo público que se encargaba de la política antidopaje en nuestro país al no tener agencia nacional. Ésta fue creada en 2008 pero sin competencias por entonces como organización nacional antidopaje, es decir, no podía realizar controles ni sancionar.

Terreros se mantuvo en el cargo hasta mediados de 2013. Un año después de la llegada de Miguel Cardenal como Secretario de Estado para el deporte, fue cesado y pasó a ser subdirector adjunto del gabinete del Secretario de Estado como responsable de Relaciones Internacionales del CSD.

Ana Muñoz advirtió en una comparecencia en el Congreso el 12 de septiembre de 2013, cuando era directora de la agencia española antidopaje, que "se detectaron 851 formularios de control que tenían incorrecciones que permitían anular cerca de 5.600 controles de dopaje". Fue conocedora ya en 2012 de la situación irregular tras recibir una carta de la Agencia Mundial Antidopaje sobre la existencia de casi un centenar de expedientes sin resolver por España antes de los JJ.OO de Londres. Por aquel momento, la gestión de los expedientes y la política antidopaje en nuestro país era responsabilidad de la unidad que lideraba Terreros en el CSD. 

Muñoz, que resolvió desde la agencia la situación con la AMA, impulsó ya como Directora General de Deportes, cargo al que accedió en 2013, la Ley Antidopaje del mismo año. Reglamento con el que España consiguió el reconocimiento internacional de que los procedimientos antidopaje ya seguían los mismos criterios que en el resto de los países y que acabó, por entonces, con los reproches de que España encubría positivos. Fue cuando se creó la Agencia española antidopaje con las competencias actuales.

En 2017 José Ramón Lete Lasa, secretario de Estado para el Deporte, nombró Director de la agencia española antidopaje a José Luis Terreros en sustitución de Enrique Gómez Bastida, el comandante de la Guardia Civil que dirigió la famosa 'Operación Puerto' y que ocupaba el cargo desde 2014

Majida Maayouf, maratoniana recientemente nacionalizada, no tuvo sanción ni expediente sancionador siquiera por parte de la agencia española después de dar positivo en test tras correr los 10km en ruta de Dresde en 2020. Su caso se resolvió con una autorización que aún está por acreditar si no cubría el positivo y, por tanto, quedó sin sanción; o bien se cubrió con un permiso de 18 meses de retroactividad. En ninguno de los casos se cumpliría el Código Mundial Antidopaje, que vela por la justicia deportiva. Expediente desvelado por Relevo y sobre el que aún no se ha pronunciado ni la atleta, ni la agencia, ni el CSD.

Ante este cúmulo de despropósitos por parte de la agencia, la frustración de muchos atletas y deportistas con los que ha contactado Relevo es una certeza. "Quien tiene que actuar frente a esto son los organismos públicos correspondientes. Los atletas ya estamos cansados de pelear y hacer presión para nada. Al final, es algo que te descentra de los objetivos después de tanto esfuerzo". Ojalá tomen nota.