La jueza preguntará a Camps por qué se ocultó a la Federación el contrato con Arabia y la comisión de Piqué

La jueza que investiga un presunto delito de administración desleal y corrupción por la adjudicación del contrato de la Supercopa a Arabia Saudí a través de la empresa Kosmos, vuelve a mover ficha. En esta ocasión, a petición de la Fiscalía, ha abierto diligencias y ha citado a declarar el próximo 23 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda al que fuera secretario de la RFEF de 2018 a 2023, Andreu Camps.

También declararán como testigos los tres miembros que formaban el Comité de Ética de la RFEF: Araceli Mangas, Manuel Villoria y José Luis Triviño. Todos ellos han sido citados a raíz de la declaración que Ana Muñoz, exvicepresidenta de la RFEF realizó en la misma instrucción el pasado 26 de octubre. Los exmienbros del Comité de Ética de la RFEF tendrán la oportunidad de explicar a la juez que instruye el caso cómo se gestó la decisión de trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí en 2019.

Muñoz, que también declaró en calidad de testigo, evidenció que Luis Rubiales ocultó a la Federación los contratos con Arabia. A pesar de ser la máxima responsable del departamento de Integridad, de quien dependía el Comité de Ética, explicó que el 26 de septiembre de 2019 le comentaron el interés de algunos países, cuando el contrato con Arabia estaba firmado desde abril.

Ese día, según la declaración de Muñoz, Tomás González Cueto, asesor externo de la Federación -que continúa en el ente-, y Luis Rubiales le trasladaron a la entonces vicepresidenta de Integridad de la RFEF que era posible que Arabia fuera una de las sedes de la Supercopa. Aunque le dijeron que en ese momento había más opciones, como EE.UU. y Catar, Muñoz les trasladó, y así lo hizo constar en sede judicial, que "si finalmente la RFEF se decantaba por Arabia Saudí, no acudiría porque su presencia allí era avalar algo que no compartía porque la Federación podía elegir un lugar mejor". Muñoz añadió que fue contundente, tanto con Cueto como con Rubiales, sobre la celebración de la Supercopa en países que no respetaban los derechos fundamentales.

La respuesta del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, fue, según Muñoz, que "el capitán de la Selección, Sergio Ramos, en representación del resto de futbolistas, les había pedido que la Supercopa no se celebrara en un lugar donde el viaje fuera superior a 4 o 5 horas, por lo que era probable que fuera Arabia Saudí". Sin embargo, el precontrato con Arabia que Delia Rodrigo, la magistrada de la fase de instrucción ya tiene en su poder, data del 5 de abril de 2019. Cuando a Ana Muñoz se le comenta la posibilidad de que la Supercopa se celebrara en Arabia, el acuerdo inicial con el país saudí ya estaba firmado desde hacía cinco meses.

El 11 de septiembre de 2019, la RFEF y SELA, la empresa pública de Arabia Saudí, firmaron el contrato oficial y ampliaron el acuerdo económico firmado inicialmente en abril. Ya no serían 28,5 millones de euros por temporada sino 30, y un periodo de seis años (2020-2025, ambos incluidos). En esa misma fecha se firmaron también, en documentos diferentes, un contrato de servicios con el calendario de pagos y prestaciones añadidas, y una carta de encargo, clave en la investigación en el juzgado, pues incluía una cláusula en la que, como condición esencial del contrato, tendrían que pagar a un agente externo, que se desvelaría en un documento aparte. Ese agente cobraría 4 millones de euros por temporada y la RFEF, finalmente, 40 millones de euros por temporada, ampliando el contrato a 10 años. Además, esta cantidad debería de abonarse igualmente por parte del Gobierno saudí si, por alguna razón, se rescindía el contrato.

La magistrada también atesora un documento, de una única página, a fecha de 15 de mayo de 2019, en el que se desvela que el agente externo que recibiría la comisión de 4 millones por temporada era Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, jugador por entonces en activo. Sin embargo, el representante de SELA -la agencia pública saudí- firmó y puso, de puño y letra, la fecha de 11 de septiembre de 2019.

Aunque la RFEF pretendía hacer ver que la gestión de Piqué había sido anterior a la firma oficial del contrato, obviando también el precontrato de abril, lo cierto es que los documentos señalan que todo se hizo de forma simultánea el 11 de septiembre. ¿Por qué se acordó entonces una comisión para un agente externo que, según la fecha manuscrita de SELA, su intervención se había gestado a la vez que la firma del contrato?

Según Muñoz, Tomás González Cueto, como responsable del comisionado de control externo, debería haber emitido un informe favorable sobre la firma del acuerdo. La entonces vicepresidenta de Integridad de la RFEF aseguró también que desconocía si ese comisionado emitió el dictamen preceptivo a la contratación de la Supercopa, y que su intención era someter ese informe a la Junta directiva, pero no se le permitió.

Muñoz le contó a la jueza que pidió por escrito al Secretario General, Andreu Camps -ahora citado a declarar- ver el contrato de la Supercopa. El presidente contestó que con "luz y taquígrafos, y sin móvil" ante el propio Camps. "Me di cuenta de que nada había cambiado en la Federación si la vicepresidenta de Integridad tenía que ver el contrato de esa manera", dijo Muñoz en su declaración. Ante su petición, le enseñaron tres folios en inglés y no le pareció un contrato, sino una "declaración de intenciones de que ambas partes pondrían su empeño en que el papel de las mujeres en Arabia se desarrollara según los estándares internacionales". Meses después, según contó en sede judicial, supo por la prensa que ese contrato se firmó a principios de septiembre. Ella tampoco tuvo conocimiento de ninguna relación contractual con la empresa Kosmos.

Aunque es cierto que según los estatutos de la Federación no era preceptivo, es decir, no era obligatorio un informe positivo del Comité de Ética para decidir si se llevaba o no la Supercopa a Arabia, lo cierto es que no tiene mucho sentido crear órganos de transparencia dentro del ente para un control interno más allá de lo que exigiese la ley si sus conclusiones se obvian cuando no interesan.

Tal y como publicó en su día El Confidencial, el informe del Comité de Ética, que fue emitido sin saber sus miembros que la RFEF ya había firmado con Arabia Saudí, ponía objeciones a celebrar la Supercopa en dicho país por tratarse de una dictadura que pisotea los derechos de las mujeres, castiga la homosexualidad y aplica la pena de muerte. En su dictamen, el Comité recordó que se trata de una de las peores tiranías del mundo, en la que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, y que el contrato para quedarse la Supercopa sólo iba a servir para blanquear su imagen internacional.

Sin embargo, los responsables de la RFEF le comunicaron a Muñoz que el informe del Comité de Ética, con reparos a Arabia Saudí, no iba a ser entregado a la Junta Directiva. Ante ello, Muñoz contestó: "Me resulta difícil no darles ninguna explicación. Porque me la van a pedir. Y me resulta difícil explicar lo que me resulta inexplicable, que un tema que evidentemente tienen connotaciones éticas (se compartan o no) no se puede hablar". Tras lo ocurrido, el 16 de enero de 2020, tanto Ana Muñoz como dos integrantes del Comité de Ética de la RFEF, Araceli Mangas y José Luis Pérez Triviño, presentaron su dimisión.

La declaración de Muñoz evidenció que tanto Rubiales como Cueto ocultaron a miembros de la Junta Directiva la firma del contrato con Arabia. Pero, ¿para qué todo este entramado de contratos, vinculados unos a otros, para firmar un acuerdo por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí? ¿Por qué Tomás González Cueto y Luis Rubiales ocultaron en la RFEF la firma del acuerdo en abril y simularon en septiembre que había varios candidatos? ¿Permitieron Luis Rubiales, por entonces presidente, y Tomás González Cueto, responsable de la comisión externa, quien tenía que aprobar todas las operaciones en la RFEF superiores a 30.000€, que 40 millones fueran a Kosmos si la intervención, según el firmante de SELA, había sido posterior?

Todas estas cuestiones las tendrá que resolver Delia Rodrigo, magistrada del juzgado que asume una investigación que, aún a día de hoy, mantiene en secreto sumarial parte de la causa, la referente a la económica, casi un año después. La declaración de Muñoz, la primera testigo en la causa, a petición de Fiscalía Anticorrupción, y ahora la de Andreu Camps y los exmiembros del Comité de Ética de la RFEF sólo se puede interpretar como una señal de que tanto la jueza como el fiscal tienen interés en averiguar qué ocurrió y qué papel tuvo que ver en ello no sólo Luis Rubiales, como presidente de la RFEF, sino también Tomás González Cueto, comisionado externo y responsable, junto a Andreu Camps, de la Comisión Económica y Financiera de la RFEF.

En la fase de instrucción de los delitos de administración desleal y corrupción, la jueza también investiga la fiesta de Salobreña abonada con fondos federativos y el espionaje a David Aganzo, presidente de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que pagó una de las empresas de Ramón Caravaca Magariños, abogado y socio del despacho GC Legal, del que es director Tomás González Cueto, ambos asesores externos de la RFEF.