Desenmarañando la 'Operación Brodie': así se lucraba presuntamente el círculo de Rubiales a golpe de contratos en la RFEF

"Una estructura de mafia orientada a obtener lucro". Así es como definieron fuentes de la Guardia Civil sus sospechas sobre el presunto entramado societario que Luis Rubiales y su Guardia de Corps crearon para enriquecerse con los contratos realizados alrededor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La 'Operación Brodie', que se llama así en honor al inventor de las redes en el fútbol, sorprendió a la RFEF y sus ejecutivos el 20 de marzo con la irrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su sede de Las Rozas cuando la Comisión Gestora preparaba su reunión para convocar las elecciones a presidente.

Once puntos de registro simultáneo en cuatro ciudades -entre ellos el estadio de La Cartuja, en Sevilla-, siete detenidos, cinco investigados, varias empresas implicadas y una comisión rogatoria a República Dominicana, epicentro para el blanqueo de capitales, según avanzó ese mismo día en exclusiva Relevo.

Pero, ¿quién es quién en todo este entramado? Vayamos paso a paso.

La Guardia Civil centró sus sospechas en el contrato que la RFEF habría firmado con Grupo Conector SA (Gruconsa) para realizar las obras de remodelación de La Cartuja y adaptar el estadio de Sevilla a los requisitos que UEFA pidió en 2021 para que fuera sede de la Eurocopa 2020, que finalmente, por la pandemia que afectó a todo el planeta, se disputó el año siguiente.

Para ello, la Junta de Andalucía delegó a la RFEF, a través de un convenio, la selección y adjudicación de los contratos que, por la "inmediatez que requerían" las obras, se hicieron por el Procedimiento Mínimo, lo que permitió que la Federación contratara de forma directa a las empresas, evitando así la licitación pública habitual.

Los documentos fueron reclamados en varias ocasiones por el juzgado -y por algunos medios, incluido este, a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía- pero tanto la RFEF como La Cartuja S.L. -la empresa que gestiona el estadio- se resistieron a entregarlo alegando que se trataba de un contrato de "alta confidencialidad". Junto a otros, fue uno de los motivos que llevó a la jueza a ordenar los registros con el objetivo de conseguir la documentación que durante más de ocho meses reclamó, sin éxito, a la RFEF.

Según el informe de la UCO, incluido en el sumario, la empresa instaladora Gruconsa tendría un enlace directo con la institución federativa que favorecería la adjudicación de los contratos. Esos acuerdos conllevarían, a su vez, las comisiones correspondientes cuyo cobro se habría canalizado a través de un entramado societario.

Para los investigadores, Gruconsa sería la empresa que conseguía los contratos cuando Rubiales era presidente y los acuerdos estaban supeditados a su cargo. Aquel trato de favor escondería, según los investigadores, comisiones asociadas cuyo cobro se canalizaba a través de un entramado societario que los implicados habrían creado para que los pagos mensuales de Gruconsa llegaran a sus destinatarios.

La UCO incluye en el sumario la existencia de Dismatec, Conecta 17 Consulting y GRX EXPORT, tres empresas relacionadas entre sí, cuya administradora única es la mujer de 'Nene', Purificación Rufino Domínguez. En ellas estaría integrado Luis Rubiales y otros ejecutivos de la RFEF implicados en la trama. Todos ellos habrían creado una estructura a través de la cual se habrían lucrado, entre otros, de la concesión de la obra de remodelación del estadio de La Cartuja, que también fue registrado por la Guardia Civil, tal y como adelantó este medio.

En el informe elaborado por la Guardia Civil, incluido en el sumario, se señala "la correlación de pagos entre la RFEF, Gruconsa y Dismatec", así como la presunta relación de interés entre ellas para lograr beneficios mutuos. En esa misma línea, los agentes extraen que las empresas de 'Nene' y su mujer habrían recibido "pagos desde Gruconsa vinculados a la contratación de ésta por la RFEF".

Para que las presuntas comisiones ilegales procedentes de Gruconsa llegaran a Luis Rubiales, los investigadores creen que Dismatec hacía el desvío de las retribuciones a través de dos nuevas sociedades: Conecta 17 Consulting, cuya sede social es el domicilio de Luis Rubiales, y GRX EXPORT SL, que en un principio se iba a dedicar a la exportación de aceite, pero después pasó a dedicarse a la construcción y promoción inmobiliaria tras entrada en el accionariado de empleados de la RFEF.

Además, la Guardia Civil sospecha que Luis Rubiales estaría utilizando República Dominicana como epicentro para el blanqueo de capitales. Su estancia allí durante los registros de la RFEF y el aplazamiento del vuelo de regreso de Nene, su socio y hombre de confianza, hicieron saltar las alarmas y llevaron a la jueza a pedir una Comisión Rogatoria al país caribeño que desencadenó nuevos registros el 2 de abril en la mansión de lujo que compartían ambos. Allí la policía dominicana, acompañada de miembros de la UCO, inspeccionó la vivienda valorada en 1300 euros al día y un Porsche Macan, recientemente adquirido por el expresidente de la RFEF. Además,requiso varios dispositivos móviles, tablets y tres pendrives con el logo de Gruconsa.

Los investigadores sospechan que el modelo de cobro de comisiones a través de contratos asociados a la RFEF fue un patrón que la cúpula de Luis Rubiales trató de repetir en el tiempo. De hecho el sumario apunta que la Unidad Central Operativa (UCO) detectó que la Comisión Económica de la RFEF, ya en la etapa de Pedro Rocha, aprobó dos contratos con Gruconsa —la empresa que centralizaría el entramado de la estructura societaria para conseguir comisiones ilegales a través de la Federación— por valor de 235.00 y 211.000 euros respectivamente.

El primero, para sustituir o arreglar todas las puertas cortafuegos y asegurar así el plan de sectorización contra incendios en la RFEF; y el segundo, para la tramitación de las actuaciones necesarias a fin de conseguir, por parte del Ayuntamiento de las Rozas, la licencia de funcionamiento de las obras de actualización de la sede federativa que había exigido el propio consistorio para renovar el acuerdo de los terrenos con la Federación.

Fuentes federativas a las que consultó Relevo aseguran que aquellos contratos, aprobados efectivamente el 3 de enero por la Comisión Económica de la RFEF, siguieron su tramitación habitual bajo los parámetros de control de la institución. Y señalan un dato clave: quien presenta los tres presupuestos necesarios en la mencionada comisión junto al informe técnico firmado es el director de cada área. En este caso, José Javier Jiménez, responsable de Operaciones y Personas, y uno de los detenidos.

Sin embargo, esta gestión se remontaría a septiembre de 2022, con Luis Rubiales todavía en la presidencia. La RFEF recibió un informe del Ayuntamiento de Las Rozas y Andreu Camps, secretario general, encargó a José Javier Jiménez la responsabilidad de formular una propuesta al Ayuntamiento de las Rozas a fin de encontrar una solución a lo planteado para poder renovar la licencia de la principal sede del fútbol español.

En septiembre de 2023, ahora sí con Rocha al frente, la Comisión Económica recibió un informe de José Javier Jiménez en el que incluía sólo un presupuesto: el de Gruconsa. La Comisión lo rechazó y le instó a que, según señala el reglamento, aportara al menos tres propuestas económica y argumentara en el respectivo informe la razón por la que recomendaba uno sobre los demás.

La siguiente reunión de la Comisión Económica que abordaría este asunto fue en el mes de octubre. En ella se le instaría de nuevo a Jose Javier Jiménez a presentar los tres presupuestos que le habían exigido en la reunión anterior. Se le preguntó también a Pedro González Segura, responsable de servicios jurídicos, si encontraba algún conflicto de interés con que una de las empresas, Gruconsa, que había presentado su presupuesto, puesto que en ella trabajaba su hermano Ángel González Segura —ambos detenidos posteriormente por la UCO—. Su respuesta, según fuentes de la Federación, fue negativa al razonar que su hermano era un empleado más sin capacidad de decisión en la sociedad constructora.

Ya en diciembre de 2023 José Javier Jiménez presentó los tres presupuestos, firmados por el técnico de la RFEF, Miguel Ángel García Silvero, con el informe pertinente en el que recomendaba que la empresa adjudicataria debía ser Gruconsa. El 3 de enero la Comisión Económica lo aprobó, mientras que el 2 de febrero la RFEF realizó los primeros pagos, correspondientes al 50%, por valor de 117.000 y 105.000 euros respectivamente.

Desde la RFEF también señalan que, al tiempo que se produjeron los registros de la 'Operación Brodie' trabajaban en la adjudicación del contrato para la realización de las obras de actualización de la sede de Las Rozas, que se paralizó gracias a la intervención de la Guardia Civil antes de que se ejecutara, y por tanto, los correspondientes pagos no se acometieron. En este caso el procedimiento había sido el mismo: tres presupuestos, en este caso el de Gruconsa, Asaze Ingenieros y José Ortega Padilla, estos dos últimos ficticios según la UCO para favorecer la elección de la empresa de Ángel González Segura.

Dismatec Sport, la empresa controlada por 'Nene' y su mujer, "se habría beneficiado" según el informe de la Guardia Civil del 20% de ese importe. "Ellos [por Rubiales y 'Nene'] han metido ahora mismo su 50%, que son 40.000€", afirmó Ángel González Segura, directivo de Gruconsa y hermano del jefe jurídico de la RFEF, a María Dolores Moral Zafra (apodada Lola), administradora de la constructora, en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil. El propio 'Nene' envió un correo electrónico a la administradora de Gruconsa con una factura y el asunto "Asesoramiento de obra en Las Rozas".

Más allá del entramado societario en torno a la RFEF que la jueza investiga, la causa también incluye la fiesta de Salobreña costeada con fondos federativos y el espionaje que José Luis González, investigador privado de CTX Detectives Privados – Cryptex Europa realizó a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en agosto de 2019.

Aquel encargo fue facturado a Egmont 2008 SL, una empresa inmobiliaria de Antonio Ramón Caravaca Magariños, socio de Tomás González Cueto en el despacho de abogados GC Legal y asesor externo de la RFEF. "Buenas tardes. Tal y como te comenté, te envío la factura fina y el informe. Un saludo. José Luis González". Los documentos estaban incorporados como archivos adjuntos y en la factura figuraba la empresa contratante Egmont 2008 SL.

Tras quedar imputado en la causa después de los registros de la UCO, la RFEF decidió revocar sus poderes de representación en todos los procedimientos judiciales, de la misma manera que los de Tomás González Cueto y otros letrados del despacho.

La empresa envió un email a Caravaca para remitirle el informe sobre Aganzo y la factura correspondiente. "Buenas tardes. Tal como te comenté, te envío la factura fina y el informe. Un saludo. José Luis González". Los documentos estaban incorporados como archivos adjuntos y en la factura figuraba la empresa contratante Egmont 2008 SL, de la que es administrador el socio de GC Legal, Ramón Caravaca.

Al ser conocedores del espionaje a su presidente David Aganzo, la Asociación de Futbolistas Españoles presentó el 31 de mayo de 2022 una denuncia ante la Guardia Civil que se incorporó al caso que asumió la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, que investiga, desde entonces, diversas causas denunciadas contra Luis Rubiales.

Además del espionaje a Aganzo y de la mencionada fiesta privada del presidente y otros ejecutivos en agosto de 2020 en un chalé de Salobreña, presuntamente pagada por la RFEF, la jueza que instruye el caso también investiga el viaje de Luis Rubiales a Nueva York junto a una pintora mexicana, Roberta Lobeira, en otoño de 2018, meses después de llegar al cargo.

Los gastos de aquel desplazamiento fueron abonados con fondos federativos a pesar de que nunca hubo reunión alguna. La explicación que dio el entonces presidente de la RFEF a la Junta Directiva cuando el viaje vio la luz pública fue que decidió renunciar a reunirse con el responsable de la empresa Relevent, con quien iba a negociar la venta de la Supercopa de España, porque conoció a través de una noticia que también negociaba con Javier Tebas la celebración de un partido de Liga en Miami.

La causa además investiga la "estructura de mafia orientada a obtener lucro" a través del cobro de comisiones dentro del aparato federativo. Entre muchos contratos, se encuentra también el que la RFEF firmó con SELA, la empresa pública saudí, para llevar la Supercopa de España a Arabia.

El 11 de septiembre de 2019, la RFEF y SELA firmaron el contrato oficial y ampliaron el acuerdo económico firmado inicialmente en abril. Ya no serían 28,5 millones de euros por temporada sino 40, y un periodo de diez años (2020-2029, ambos incluidos). En esa misma fecha se firmaron también, en documentos diferentes, un contrato de servicios con el calendario de pagos y prestaciones añadidas, y una carta de encargo, clave en la investigación en el juzgado, pues incluía una cláusula en la que, como condición esencial del contrato, tendrían que pagar a un agente externo, que se desvelaría en un documento aparte. Ese agente cobraría 4 millones de euros por temporada.

La magistrada también atesora un documento, de una única página, a fecha de 15 de mayo de 2019, en el que se desvela que el agente externo que recibiría la comisión de 4 millones por temporada era Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, jugador por entonces en activo. Sin embargo, el representante de SELA que asumió el pago de la comisión a pesar de ser imposición de la RFEF, firmó y puso, de puño y letra, la fecha de 11 de septiembre de 2019.

Aunque la RFEF pretendía hacer ver que la gestión de Piqué había sido anterior a la firma oficial del contrato, obviando también el precontrato de abril, lo cierto es que los documentos señalan que todo se hizo de forma simultánea el 11 de septiembre. ¿Por qué se acordó entonces una comisión para un agente externo que, según la fecha manuscrita de SELA, su intervención se había gestado a la vez que la firma del contrato? ¿Por qué razón esa comisión la asumió SELA?

Además, aquel contrato se habría ocultado a la Junta Directiva de la RFEF. Ana Muñoz, la por entonces vicepresidenta de Integridad de la Federación, declaró como testigo ante la jueza que quien debería haber emitido un informe favorable sobre la firma del acuerdo era el responsable del comisionado de Control externo,Tomás González Cueto. Muñoz aseguró también que desconocía si ese comisionado emitió el dictamen preceptivo a la contratación de la Supercopa, y que su intención era someter ese informe a la Junta directiva, pero no se le permitió. Por su parte, Andreu Camps, quien señaló a Cueto como el autor de los contratos, explicó a la jueza que, al ser la misma persona quien redactó los documentos y el comisionado de control externo, el informe de este último no sería necesario.

La declaración de Muñoz evidenció que tanto Rubiales como Cueto ocultaron a miembros de la Junta Directiva la firma del contrato con Arabia. Pero, ¿para qué todo este entramado de contratos, vinculados unos a otros, para firmar un acuerdo por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí? ¿Por qué Tomás González Cueto y Luis Rubiales ocultaron en la RFEF la firma del acuerdo en abril y simularon en septiembre que había varios candidatos? ¿Permitieron Luis Rubiales, por entonces presidente, y Tomás González Cueto, responsable de la comisión externa, quien tenía que aprobar todas las operaciones en la RFEF superiores a 30.000€, que 40 millones fueran a Kosmos si la intervención, según el firmante de SELA, había sido posterior?

La 'Operación Brodie' ha sido el último hito de una instrucción que, durante los dos últimos años, investiga la gestión de Luis Rubiales y su Guardia de Corps al frente de la RFEF desde 2018. Las detenciones ascendieron a 10 con la del expresidente, Nene e Israel Dorado a su regreso de República Dominicana. Los investigados, con el cambio de condición de Pedro Rocha tras declarar como testigo, suman 15.

El pasado 12 de abril, el actual presidente de la RFEF declaró ante la jueza y el fiscal de la causa y aseguró no conocer los detalles del contrato de la Supercopa en Arabia Saudí. Tampoco supo explicar las competencias ni las personas que formaban la Comisión Económica que él mismo presidía. Además, aseguró que sólo conocía los contratos con Gruconsa que se firmaron durante su etapa al frente de la Comisión Gestora y que su cargo tan sólo era representativo, por lo que carecía de firma legal en la institución. Después de sus continuas evasivas y de contradecir aquello que el fiscal le evidenció con documentación, el ministerio público solicitó a la jueza que cambiara su condición a investigado por su falta de colaboración y por la responsabilidad ejecutiva que desempeñó durante la presidencia de Rubiales como Vicepresidente y Presidente de la Comisión Económica.

Ahora llega el turno de conocer la versión de los implicados con la declaración de los investigados, a las que se sumarán las de los testigos que todas las partes puedan proponer. Mientras, la Guardia Civil continúa revisando la documentación y dispositivos requisados para ampliar los informes que la magistrada usará para determinar si finalmente se cometieron los delitos investigados de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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D. Antonio Gómez Reino, en su derecho de réplica y rectificación (según la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación de 1984), asegura a este medio que no se ha lucrado de ningún contrato de la RFEF ni forma parte de ninguna trama que realizara presuntamente las actividades descritas en el citado artículo.