Un control de dopaje mal hecho evitó que Sergio Ramos fuera sancionado

15 de abril de 2018. El Real Madrid jugaba en Málaga un partido de Liga y tras el encuentro, varios jugadores fueron llamados a un control antidoping. Uno de ellos era Sergio Ramos, quien preguntó al agente de control -según reza en el formulario oficial al que ha tenido acceso este medio- si "podía ducharse antes de hacer el control de orina ya que su equipo lo estaba esperando para el vuelo de regreso a Madrid". El agente de control le comentó que la normativa lo impedía (durante la ducha el deportista puede orinar sin que el agente lo vea y por tanto es una práctica prohibida antes de la toma de muestras, que exige que sea la primera).

El jugador "mostró su disconformidad junto con el médico del Real Madrid, Julio de la Morena" y comentó que "en partidos de UEFA les dejan ducharse e incluso en liga también". El agente insistió en que no podía autorizarle y, a pesar de ello, "el jugador no hizo caso a mis advertencias y en la ducha que hay en la sala de control del estadio del Málaga CF, se duchó (en presencia mía). Le informé que quedaría reflejado en el correspondiente informe, a lo que no le dio importancia alguna".

Este caso no es nuevo. Lo desveló en noviembre de 2018 el diario alemán 'Der Spiegel' dentro de las investigaciones correspondientes a Football Leaks. Lo que ha podido confirmar Relevo es que aquel control se hizo con un solo agente -en lugar de dos como exige el reglamento español- y, por tanto, impidió castigar a Sergio Ramos. Según la normativa, huir de un control o tener un comportamiento durante el mismo que pueda alterar el resultado supone la misma sanción que si el deportista en cuestión hubiese dado positivo.

El agente de control responsable de aquel test sí contaba con la acreditación administrativa correspondiente. Sin embargo, el "segundo agente" que lo acompañaba, según ha podido confirmar Relevo, era su padre y no tenía la titulación correspondiente. La normativa española exigía, hasta este año que contempla algunas excepciones, que los controles de dopaje debían ser realizados por dos agentes. Jesús Muñoz-Guerra, responsable del Departamento de Control de Dopaje de la agencia española, respaldó en varios emails al agente y confirmó que la agencia española abrió "diligencias reservadas al jugador y al médico del club para que den explicaciones de la conducta con el fin de que no se vuelva a producir".

¿Qué ocurrió entonces? Nada. El futbolista alegó junto con el médico del Real Madrid, las diligencias se archivaron y no hubo sanción. Muchos entonces se preguntarán si hubo un trato de favor, pero Relevo puede confirmar que las diligencias fueron archivadas y que en la agencia española (AEPSAD entonces, ahora CELAD) eran conocedores de que el control de dopaje sólo contaba con un agente -en lugar de dos como exige el reglamento español- y, por tanto, era irregular. Estaba mal hecho y no tenían oportunidad alguna de sancionar al futbolista.

Y lo que es más grave, desde la agencia española antidopaje aseguran, según reza en varias resoluciones públicas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que "no se tienen datos sobre el número de agentes de control presentes con anterioridad al 1 de abril de 2021". Información a la que ha tenido acceso este medio a pesar de la opacidad que rodea al máximo organismo antidopaje español. 

Aunque la normativa internacional no requiere de la presencia de dos agentes de control en la toma de muestras, sí es una exigencia del reglamento español y así lo reflejan los formularios de control -publicados en el BOE- que los agentes deben rellenar cuando toman las muestras a los deportistas para su análisis.

Entre 2017 y 2022, los años en los que este medio tiene constancia de que numerosos controles fueron realizados a conciencia por un solo agente, pero cobrados a la agencia como si se realizaran con dos, el formulario de control contemplaba dos casillas para la firma de los agentes.

Otro de los documentos oficiales a rellenar es el informe de la misión -como se conoce técnicamente a los desplazamientos para la toma de muestras y su correspondiente análisis en los controles de dopaje-. Es numerosa la documentación oficial que, ya por 2015 tal y como exigía el reglamento español, contempla la firma de, al menos, dos agentes debidamente acreditados como para que la agencia desconozca, tal y como asegura en resoluciones públicas, que no tenía datos sobre el número de agentes de control presentes con anterioridad al 1 de abril de 2021.

En el caso del control realizado a Sergio Ramos, a cuyo formulario ha tenido acceso este medio, aparecen dos nombres como agentes de control, pero sin embargo uno de ellos no lo era. Algo que es sencillo de acreditar pues es la propia agencia la encargada de administrar los títulos de agentes de control tras superar la correspondiente formación. PWC aparentaba así en los formularios que los tests contaban con dos agentes y por tanto, se facturaban a la agencia como tal, cuando en realidad la empresa ahorraba el pago del segundo. Circunstancia de la que eran conocedores tanto José Luis Terreros, director de la agencia, como Jesús Muñoz-Guerra, responsable del Departamento de Control de Dopaje, pero pagaron con total normalidad durante años a la empresa la realización de los controles a pesar de la irregularidad cometida y su correspondiente beneficio ilícito.

Varias auditorias internas advirtieron de las irregularidades, pero ni Terreros ni Muñoz-Guerra trataron de recuperar los fondos públicos transferidos durante el periodo 2017-2022. La decisión fue otra: seguir adjudicando a PWC más contratos hasta el presente año, a pesar de que la normativa exige la sanción, y por tanto la imposibilidad de volver a adjudicar contratos, a empresas que realicen los controles en contra de la normativa.

Es evidente que el objetivo principal de cualquier agencia antidopaje no es otro que luchar contra los tramposos y hacer que el deporte sea lo más limpio posible. Sin embargo, adjudicar contratos a una empresa, PWC, que hacía controles de forma irregular en numerosas ocasiones deja en entredicho el principal cometido del máximo organismo en la lucha contra el dopaje en nuestro país.

Hay, por encima de las demás, dos razones fundamentales. Si algún control a deportistas tiene resultados adversos, o bien, un comportamiento inadecuado que se castiga como un positivo (como el caso de Sergio Ramos), pero ha sido realizado por un sólo agente en lugar de dos como señala el reglamento español, ese control es como si no se hubiera hecho. La irregularidad cometida impide sancionar y, por tanto, luchar contra quien no cumple las normas del dopaje.

La segunda es el perjuicio económico para la agencia española antidopaje. Su director, José Luis Terreros, era conocedor de que numerosos controles realizados por PWC se hacían con un solo agente y por tanto, eran inválidos a efectos sancionadores. Aún así, la agencia abonó con fondos públicos a la empresa las facturas durante al menos cinco años como si los controles se hubieran hecho con dos agentes, con el correspondiente beneficio ilícito para Professional Worldwide Controls.

Según ha podido conocer Relevo la agencia española antidopaje habría abonado desde 2015 a PWC cerca de 4,5 millones de euros procedentes de las arcas del Estado por la adjudicación de numerosos contratos para la realización de los controles de dopaje.

Al menos desde 2017 a 2022, tal y como informó este medio, algunos de los controles realizados por PWC contaban con un solo agente, lo que suponía el correspondiente ahorro para la compañía adjudicataria. No se pagaría igual a un verdadero agente de control que a una persona sin habilitación administrativa. Sin embargo, a pesar de tener conocimiento de la irregularidad, la agencia abonó las sumas adjudicadas a la empresa como si los controles se hicieran cumpliendo la normativa.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Aún el Consejo Superior de Deportes, de quien depende la CELAD, podría encargar las auditorías correspondientes para reclamar a PWC los pagos realizados por los controles irregulares y que la agencia española antidopaje pudiera recuperar así los fondos públicos tras los pagos indebidamente abonados.