Los motivos del Gobierno para no actuar: un mismo precedente y tres peces gordos involucrados

La semana pasada, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) fue claro: "Es impensable que el representante del fútbol español en la Eurocopa sea un investigado". Su reacción fue inmediata después del comunicado de FIFA y UEFA, en el que mostraban su preocupación por la situación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e instaban a la proclamación de un nuevo presidente: "Todas las partes deben trabajar juntas en el mejor interés del fútbol español, incluyendo encontrar una solución para asegurar una adecuada elección oportuna de un nuevo presidente de la RFEF". Y ahí estaba la clave.

A pesar de la insistencia del CSD para que FIFA interviniera la Federación —que se intensificó en los últimos días— el máximo organismo del fútbol a nivel mundial no se planteó dar el paso adelante, más cuando el Gobierno español tenía y tiene competencias para hacerlo. No quisieron sentar unos precedentes que les pudieran condicionar en situaciones futuras, y mucho menos de la mano del Gobierno, pues una de las premisas de las que presume FIFA es que no permite las injerencias gubernamentales. En las conversaciones compartidas y la preocupación común es donde mantuvieron su ficha fija en el tablero de ajedrez.

Más allá de que no se haya tenido en cuenta la presunción de inocencia de Pedro Rocha, imputado por la jueza 'in vocce', pues aún no tiene auto en el que le detallen los delitos por los que se le investigan —lo tendrá cuando le citen a declarar—, el Gobierno, fundamentalmente por la imagen internacional de nuestro fútbol de cara a la candidatura del Mundial 2030 y por las declaraciones del propio Uribes y la ministra Pilar Alegría, se ha visto obligado a mover ficha. A pesar de que muchos apuntaban a que suspendería provisionalmente a Pedro Rocha y la Comisión Gestora en base al expediente sancionador del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), lo cierto es, a día de hoy, consideran que lo conveniente es que el procedimiento siga su curso y después de los recursos de las partes, será el Tribunal, tal y como proponía en su resolución, quien considere finalmente si deben o no ser inhabilitados.

Pero, ¿por qué el CSD no ha suspendido a Pedro Rocha? ¿Por qué no ha intervenido, de verdad, la RFEF? Pues básicamente porque en situaciones idénticas, con el presidente de una Federación investigado, no lo ha hecho anteriormente. Son numerosos los ejemplos que confirman que el Gobierno a través de la Secretaría de Estado para el Deporte no ha movido ficha en el deporte español cuando se han dado circunstancias similares.

Jesús Castellanos sigue al frente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) tras siete años investigado. Tan sólo está pendiente de la fecha del pleito en el que se le juzgará por presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y administración desleal. Tanto la Fiscalía como el CSD, personado en la causa, piden 10 años de prisión en sus escritos de acusación.

Su condición de investigado durante todos estos años no ha evitado tampoco su reelección al frente de la Federación en 2017 y 2021 y que haya mantenido el apoyo del presidente del Comité Olímpico Española (COE), además de que varios presidentes del CSD se fotografiaran junto a él o acudieran, incluso, a asambleas de la RFET. Todo ello mientras el propio CSD mantenía su personación en la causa y tiempo durante el cual ninguno de los presidentes de la Secretaría de Estado para el Deporte manifestara en ocasión alguna intención de suspenderle.

Luis Rubiales —por entonces presidente de la RFEF—, su secretario general Andreu Camps, y su asesor jurídico, Tomás González Cueto, fueron imputados en mayo de 2022 por el Juzgado de Instrucción Nº8 de Majadahonda. La investigación partía de la denuncia interpuesta por cinco clubes que les acusaban de haberles amenazado para que disolvieran la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional durante una reunión celebrada el 10 de marzo. "Los anteriores hechos revisten los caracteres de un presunto delito de amenazas, coacciones y prevaricación", advirtió el magistrado en un auto con el que acordó la apertura de las diligencias.

Durante un año, hasta el archivo provisional de la denuncia de 'Los Cinco', Luis Rubiales y sus dos brazos armados en la RFEF mantuvieron su cargo. En ese momento, José Manuel Franco Pardo, por entonces presidente del CSD, no hizo ni siquiera el ademán de suspenderlos o pedirles, como ha hecho José Manuel Rodríguez Uribes en el caso de Pedro Rocha, que diera un paso a un lado tras ser imputado en la causa que la jueza Delia Rodrigo investiga en el Juzgado de Instrucción Nº4 de Majadahonda.

El 9 de diciembre de 2015 se conoció que el Consejo Superior de Deportes había ordenado la realización de una auditoría complementaria a los gastos de la Federación Española de Baloncesto (FEB), tras recibir una denuncia que alertaba del supuesto uso indebido de fondos federativos por parte de José Luis Sáez. Una práctica que se habría mantenido durante años.

Tres meses después, tras una eventual baja médica, su presidente, José Luis Sáez, decía adiós. Lo hizo sin que nadie le suspendiera previamente ni interviniera tampoco la Federación, más allá de la auditoría ordenada por el CSD. Dejaba su cargo tras once años como máximo dirigente del baloncesto español, al tiempo que convocaba nuevas elecciones. En junio de 2016, Fiscalía Anticorrupción inició diligencias de investigación contra José Luis Sáez y otros, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental, cometidos durante su gestión al frente de la FEB. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid condenaba en enero de 2022 al expresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) a un año de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida por cargar gastos personales a la propia entidad, circunstancia que reconoció en su declaración.

En casos similares a lo ocurrido ahora en la RFEF, el CSD no intervino ni suspendió a ninguno de los implicados. Tampoco instó al propio Rubiales y Jesús Castellanos a dar un paso a un lado, y mucho menos se planteó suspenderlos mientras sus respectivas investigaciones se resolvían. Ni siquiera tuvo impedimento para que el presidente de taekwondo renovara su mandato aprovechando la obsoleta y anticuada —no en tiempo, pero sí en forma— orden ministerial que ha permitido, y lo hará durante los próximos años, que el sistema clientelar de las federaciones permanezca.

En el caso del máximo organismo del fútbol español, a pesar de tener motivos y competencias para hacerlo, el CSD no ha encargado siquiera una auditoría paralela a fin de encontrar las irregularidades que la propia jueza investiga en Majadahonda. Lo que es inédito es que el Gobierno, a través del CSD —seguramente más por el ruido generado a nivel internacional que por la gravedad de los hechos— haya creado una Comisión de Normalización, Supervisión y Representación para tutelar y controlar la RFEF durante los próximos seis meses... con Pedro Rocha dentro.

Sin intervenir ni suspender a ninguno de los implicados, tal y como señalan los precedentes de las últimas décadas. Sin tomar ninguna decisión efectiva de cambio y sin saber bien aún quién formará ese nuevo "gobierno" federativo. Uribes ha decidido tomar el control, pero con Pedro Rocha, quien será proclamado presidente electo en los próximos días, y quien decidirá a su Junta Directiva. Eso sí, insisten en que esta tutela, que no intervención, estará por encima de cualquier Junta Directiva. Lo estará como órgano de control para evitar nuevas tropelías en los próximos meses cuando, con los territoriales al frente, convoquen nuevas elecciones en la RFEF para elegir al presidente que dirigirá el fútbol español los próximos cuatro años. Y entonces, de nuevo, nada habrá cambiado.