Joan Laporta, imputado por cohecho en los pagos del Barça a Enríquez Negreira
El juez cambia de criterio en cuanto a la prescripción de los hechos y considera que la investigación se debe extender a la primera etapa de Laporta como presidente.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha imputado a Joan Laporta por un delito de cohecho. De esta manera, el actual presidente del FC Barcelona será investigado junto a Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu, los ex directivos Oscar Grau y Albert Soler, así como el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira y su hijo Javier.
El juez Aguirre ha extendido la investigación también sobre "todas aquellas personas que fueron miembros de la junta directiva del FC Barcelona durante su mandato". Esta imputación responde al cambio de criterio del magistrado respecto a la prescripción de los delitos.
El magistrado discrepa del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia que presentó por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a José María Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia, entre 2003 y 2010, ya habría prescrito.
El juez Aguirre asegura que el plazo de la prescripción se debe contar desde "el día en que se realizó la última infracción" o la "fecha del último acto punible" que serían los pagos del Barça al ex colegiado que tuvieron lugar entre junio y julio de 2018. Además, el magistrado sostiene que el ex 'número 2' de los árbitros, por su cargo en el Comité Técnico de Árbitros sería equivalente a funcionario público, tal y como se argumenta en un auto de septiembre de 2022 de la Audiencia Provincial de Madrid que considera que "la Real Federación Española de Fútbol (en adelante RFEF) tenía carácter de entidad jurídico-pública".
Pese a que hasta ahora no se han hallado indicios de que los pagos a Enríquez Negreira persiguieran favorecer al Barça a través del arbitraje, el juez cree que por sus actos "tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey".
"Por deducción lógica, los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. De aquí se deduce también, que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos", señala el juez en su auto.