Una conexión familiar del TAD podría dinamitar la inhabilitación de Rocha

Inhabilitación temporal de dos meses a un año, amonestación pública y destitución del cargo. Son las sanciones que el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) considera susceptibles de aplicación, en su resolución del pasado lunes, por la comisión de seis infracciones consideradas como muy graves por parte de Pedro Rocha. Cuatro de ellas afectarían también a los miembros de la Comisión Gestora.

El expediente sancionador abierto por el tribunal podría derivar en una inmediata suspensión cautelar por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), que deberá reunirse este jueves. Después, según avance el propio procedimiento y los expedientados presenten sus correspondientes recursos, el órgano colegiado determinará finalmente si castiga con la inhabilitación para cualquier actividad relacionada con el fútbol a los 26 miembros de la Comisión Gestora.

Sin embargo, un conflicto de intereses derivado de la relación familiar de uno de los miembros del TAD con Ramón Caravaca, socio del despacho de GC Legal, cuya rescisión del contrato por parte de la RFEF considera un hecho infractor el tribunal, podría dar al traste con todo el proceso y dinamitar el expediente sancionador a Pedro Rocha.

"Falta de rigor y motivación jurídica". Con esta calificación se refirió este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al expediente disciplinario que un día antes el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) había abierto al resolver la denuncia presentada por Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol) al Consejo Superior de Deportes.

La denuncia presentada el 11 de marzo no fue elevada al TAD hasta el miércoles 27 cuando el Consejo Superior de Deportes (CSD) consideró que cumplía los requisitos de transparencia, racionalización y seguridad jurídica. Desde entonces, pasaron tres jueves (28 de marzo, 4 y 11 de abril) —el día que se reúne el TAD de forma ordinaria— para que el tribunal resolviera la denuncia, pero no fue hasta el lunes 15 de abril cuando se conoció su valoración.

La aplicación de los tiempos y prioridades del TAD en este caso ha sido inusual, pronunciándose tres semanas después de recibir la denuncia, mas cuando la situación de inestabilidad de la RFEF, en palabras del propio presidente del CSD José Manuel Rodríguez Uribes, era de máxima urgencia. Fue tras la imputación del único candidato en las elecciones a presidente de la RFEF por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Majadahonda cuando el TAD resolvió la denuncia sobre la inhabilitación de Pedro Rocha y los miembros de la Comisión Gestora.

Con su imagen pública más tocada que nunca al incriminarse el sólo tras no responder las preguntas del fiscal y decir desconocer algunas evidencias como la prórroga del contrato de Arabia o la existencia, como vicepresidente de la RFEF, de una firma legal mancomunada como miembro ejecutivo, el TAD resolvió.

El tribunal decidió abrir expediente sancionador en base a seis hechos, entre ellos, la rescisión del contrato de GC Legal que el 21 de marzo, tras los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de la RFEF, el presidente de la Comisión Gestora decidió llevar a cabo, así como la revocación de los poderes de representación en todos los procedimientos judiciales de Tomás González Cueto, Ramón Caravaca y otros letrados del despacho.

La resolución dice exactamente, sobre este asunto, lo siguiente: "La rescisión del contrato externo con GC Legal y la revocación de poderes de representación en todos los procedimientos judiciales por parte del Presidente de la Comisión Gestora tiene especial relevancia, ya que supone la cesación de efectos de un contrato de servicios de asesoramiento jurídico que se presta a la RFEF que condiciona el futuro de la misma, así como implica por parte del Presidente de la Comisión Gestora un juicio de valor que excede de sus funciones propias. Así, se aprecian indicios suficientes para la incoación de un procedimiento disciplinario contra D. Pedro Ángel Rocha Junco por la comisión de una presunta infracción muy grave del artículo 76. 2. a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte por incumplimiento de disposiciones estatutarias".

Los siete miembros que forman el TAD —cuatro a propuesta del Presidente del CSD y tres de entre los propuestos por las federaciones deportivas españolas—, son Francisco de Miguel Pajuelo (presidente), Guillermo de Blas Bados (secretario) y cinco vocales: Eva Fernández Cifuentes, Pilar Juárez Pérez, Alfonso Ramos del Molins, Marina Adela Porta Serrano y Jaime Caravaca. Este último es, además, sobrino de Ramón Caravaca, socio de GC Legal, y cuya rescisión de contrato como asesor externo de la RFEF habría evaluado el TAD como posible infracción de Pedro Rocha.

A pesar de la insistencia de Relevo, tanto a través del CSD como con los canales de comunicación oficiales del propio TAD, este medio no ha podido confirmar si este último, sobrino del mencionado Ramón Caravaca, se habría inhibido en la resolución del expediente sancionador que valora la rescisión del contrato como asesor externo de la RFEF de un familiar directo. "No atendemos a peticiones de prensa".

Sin embargo, siguiendo el protocolo que marcan desde el TAD, si uno de los miembros se hubiera inhibido antes de la valoración del Tribunal, la resolución iría acompañada de un informe anexo que así lo reflejara. Los expedientados por el tribunal aseguran a Relevo que tan sólo habrían recibido la resolución del TAD, lo que evidenciaría que ningún miembro se habría inhibido al resolver la denuncia en la que consideran como infracción muy grave la rescisión del contrato.

Así, Jaime Caravaca, como vocal del TAD, habría participado en la apertura de expediente sancionador a Pedro Rocha por la rescisión del contrato y la revocación de poderes de representación en todos los procedimientos judiciales de GC Legal, del que son socios Tomás González Cueto y su tío, Ramón Caravaca. El posible conflicto de intereses de Caravaca podría derivar en la impugnación del expediente sancionador del TAD por parte de Pedro Rocha y dinamitar su posible inhabilitación.

En otro asunto, pero también relacionado con la RFEF, según refleja el sumario de la causa que investiga la jueza Delia Rodrigo en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Majadahonda, Tomás González Cueto, quien fuera no sólo asesor externo de la Federación, sino también Comisionado de Control Externo, quien revisaba todas las actuaciones del área de Compliance y miembro de la Comisión Delegada y de la Comisión Económica, trató de convencer a través de mensajes de teléfono al actual Director General de Deportes del CSD, Fernando Molinero, para que el TAD favoreciera a la RFEF en su resolución "la elección de Rocha como presidente".

El sumario, al que tuvo acceso Relevo, refiere literalmente: "En una llamada telefónica entre Cueto y Molinero se desprende que Cueto le ha pedido a Molinero que convenza a un tercero y le anuncia que Guillermo [podría tratarse de De Blas Bados, secretario del TAD] es el ponente". Y añade la UCO en su informe: "Cueto también le cuenta que Jaime [podría tratarse de Jaime Caravaca Fontán, vocal del TAD y sobrino de Ramón Caravaca] tiene buena relación con Eva [Eva María Fernández, vocal del TAD] y que estos intentarán que Alfonso [Alfonso de Ramos Molins, otro vocal del TAD] ejerza un poco de "patriarca" y si le apetece defienda la postura de que esto se arregle y no les dejen con el lío diez meses más".

Molinero, según reza el sumario, trató de saber las intenciones del secretario del TAD: "Finalmente le dice a Cueto que va a ver qué le cuenta [estaría hablando de Guillermo De Blas Bados], pero que convencer a compañeros ya sabe que es complicado".

Fernando Molinero, como Director General de Deportes, es vicepresidente de la Comisión Directiva del CSD que, según manifestó José Manuel Rodríguez Uribes en el Congreso de los Diputados, se reunirá en los próximos días para decidir si "suspende, motivadamente y de forma cautelar y provisional, al Presidente y demás miembros de los órganos de Gobierno y control de las Federaciones", así como para "convocar dichos órganos colegiados en los supuestos a que se refiere", según advierten sus competencias.

Además, de acuerdo con la ley del Deporte, sus actos pondrán fin a la vía administrativa. Sólo quedaría la opción de la justicia ordinaria tras la decisión de la Comisión Directiva del CSD sobre la posible suspensión cautelar a Pedro Rocha y los 25 miembros de la Comisión Gestora. Lo harán tras estudiar las 39 páginas del expediente sancionador que abrió el TAD a pesar de que uno de sus miembros, Jaime Caravaca, tiene una relación directa con Ramón Caravaca, socio del despacho GC Legal, cuyo contrato la RFEF rescindió y por el que el tribunal propone sancionar a Pedro Rocha.