Qué es (y qué no) la comisión para el Mundial que ha creado el Gobierno copiando el modelo de Barcelona 92

Sepultado por el ruido alrededor del arbitraje, esta semana ha habido un nuevo choque entre el Gobierno y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a quien ha molestado que el Ejecutivo haya creado una comisión para preparar y organizar el Mundial 2030. El movimiento, interpretado en Las Rozas como una intromisión, ahonda en la desconfianza entre ambas partes, condenadas a entenderse en los próximos años por el bien del evento.

El Gobierno no ocultó su rechazo a Rafael Louzán antes y después de que ganara las elecciones, a la espera de que el Tribunal Supremo confirmara una condena por prevaricación y eso le permitiera apartarlo de la presidencia de la RFEF. Pero eso no sucedió, Louzán fue absuelto y será el presidente hasta 2028.

La consecuencia es una tensión difícil de ocultar. El próximo 24 de febrero, Louzán se reunirá por primera vez con José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). Fuentes del CSD explican que la RFEF pidió aplazar la reunión, inicialmente prevista para el día 19. En cualquier caso, después de que el Gobierno anunciara la creación de la comisión.

Esas mismas fuentes también señalan que el CSD lleva años trabajando con la RFEF en el Mundial y la federación conoce la existencia de garantías y compromisos adquiridos por el Gobierno, por lo que no debería sorprenderle la creación de la comisión.

Aunque se llame Comisión Interministerial para la preparación y organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030, el órgano creado por el Gobierno no será el comité organizador del evento en España. Ese trabajo estará en manos de la FIFA y las federaciones nacionales.

La comisión gubernamental se encargará de coordinar los compromisos adquiridos con la FIFA y el paraguas legal de un evento tan grande. Porque hay que tener claro una cosa: no es posible celebrar un Mundial (o unos Juegos Olímpicos) al margen del Gobierno. Ni en España ni en ningún otro país del mundo. Es la propia FIFA la que exige muchos compromisos de las autoridades (nacionales, autonómicas y locales, en el caso español) antes de elegir la sede.

Valga como ejemplo el siguiente párrafo recogido en el Bid Book, el documento que la candidatura tuvo que presentar a la FIFA para la aprobación definitiva: "En línea con el Acuerdo Aeroportuario de la FIFA, cada aeropuerto propuesto adaptará sus operaciones para el torneo en colaboración con la FIFA y el comité del evento. Esto incluye el desarrollo de un plan de personal alineado con los horarios de los partidos y el tráfico, el montaje de instalaciones temporales, la actualización de los controles de inmigración para mejorar la capacidad de pasajeros y el diseño de servicios específicos".

El 30 de julio de 2024, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que apoyaba la candidatura de la RFEF "mediante la asunción de las garantías específicas requeridas para el mismo". Esas garantías incluyen la seguridad durante el Mundial, todo lo relativo al transporte, la expedición de visados o la capacidad de respuesta sanitaria, aspectos que se escapan de las instituciones deportivas.

En la RFEF no ha sentado bien que la comisión solo contemple la presencia de Louzán en calidad de invitado y no como miembro nato. El recién elegido presidente tendrá voz, pero no voto. Igual que los presidentes del Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español, un representante de la FIFA y "otras personas de reconocido prestigio".

Esto no es nada nuevo. El Ejecutivo ha calcado la fórmula utilizada para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Dos años antes de aquel evento se creó una comisión delegada (que incluía una comisión interministerial) presidida por el ministro del ramo, con el presidente del CSD de número dos y la presencia de ocho ministerios. Además, también podía ser convocado, con voz pero sin voto, el presidente del Comité Organizador del los JJOO. Igual que en la comisión del Mundial 2030.