Se avecina más bronca en el fútbol español: seis claves para entender los últimos pasos de Tebas, Rocha y Uribes

La apertura de expediente sancionador por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y la imputación de Pedro Rocha en la causa que investiga los contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Majadahonda ha puesto en jaque a una institución con 110 años de historia.

Con unas elecciones en marcha y el único candidato en el limbo, la duda pasa por saber qué pasará ahora. Javier Tebas recurrió la investigación de Rocha en el juzgado, FIFA mira con lupa lo ocurrido y, aunque no permite injerencias gubernamentales en sus decisiones, el Gobierno ha movido ficha. Ahora le toca al Consejo Superior de Deportes (CSD) decidir qué ocurrirá en el futuro más inmediato. Vayamos paso a paso.

Más allá de lo tocada que ha quedado su imagen después de que el Fiscal pidiera su imputación por no responder a ninguna de las preguntas que le hizo durante su declaración como testigo, su cambio a calidad de investigado en la causa que instruye la magistrada Delia Rodrigo no afecta a su carrera para presidir la RFEF. Al menos legalmente.

Tanto es así que el propio Pedro Rocha anunció horas después que no tenía conocimiento en nada de lo que se le investiga y que, por tanto, aparte de defenderse en el juzgado -esta vez con abogado- continuará con su objetivo de presidir la Federación.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, que ejerce de acusación particular desde el inicio de la causa allá por junio de 2022, anunció este martes que ha recurrido la imputación de Pedro Rocha. Lo que podría tratarse de un giro en los acontecimientos, no deja de ser un apoyo más al único candidato de la RFEF que contó con el aval de la mayoría de los clubes y que había decidido meses antes desistir de los pleitos que mantiene abiertos respecto al proyecto de CVC. Ese movimiento fue clave para que el máximo dirigente de los clubes mostrara públicamente su apoyo y respaldo a Rocha. De hecho, ya habían negociado quién le acompañaría en la gestión, con figuras como Vicente Casado o Mateu Alemany.

Ahora, Tebas considera que según se dio la investigación del único candidato a la RFEF, se habría vulnerado su derecho a defensa. De hecho, a día de hoy aún la jueza no ha emitido el auto de imputación, por lo que se desconocen los delitos por los que Pedro Rocha sería investigado. Según ha podido saber Relevo, lo que llevó al Fiscal a pedir su cambio de condición, de testigo a investigado, fueron sus continuas evasivas a las preguntas del ministerio público y en concreto dos claves: Rocha aseguró enterarse en ese momento de la prórroga del contrato para celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí, cuando está reflejado en la memoria anual de la RFEF tras haberse aprobado en la Junta Directiva de la que era vicepresidente; y la negación de tener firma legal en la institución, pero que el Fiscal le pudo evidenciar tras la petición en 2020 de Francisco Goya para que Rocha tuviera firma mancomunada.

La jueza atendió la petición del fiscal, que prácticamente fue quien le anunció la imputación, tras explicarle al declarante que por su "seguridad jurídica" era mejor acudir a una próxima declaración en calidad de investigado con la presencia de un abogado que pudiera asesorarle (los testigos nos llevan asesor legal a la sala). Tanto es así que las partes aseguraron a este medio que fue el propio Rocha quien se autoincriminó por no saber responder a las preguntas del fiscal. "No estaba asesorado", coincidían. En ese momento Pedro Rocha quedó noqueado y trató de arreglar el desaguisado. "¿Qué he hecho?", exclamó. Incluso llegó a decirle a la jueza que aquello no era algo positivo como trataban de hacerle ver, pues en la puerta había numerosos medios de comunicación que se harían eco de su cambio de condición.

La inhabilitación administrativa de "dos meses a un año" es una posibilidad después de que el TAD abriera este lunes expediente sancionador al candidato a las elecciones de la RFEF, Pedro Rocha, y a los otros 25 miembros de la Gestora que han estado al frente de la entidad desde el pasado 10 de septiembre, cuando dimitió Luis Rubiales como presidente federativo. Lo hace en base a seis de los puntos recogidos en la denuncia que Miguel Ángel Galán presentó al CSD y éste elevó al tribunal:

La evolución del expediente sancionador que el TAD abrió este lunes podría tener dos recorridos. El primero, depende del CSD. Su Comisión Directiva, que debería convocarse en las 48 horas siguientes a la apertura del expediente, es decir, como muy tarde mañana miércoles, valorará si es necesaria la suspensión cautelar de Pedro Rocha y los miembros de la Comisión Gestora. Podría no suspender o no hacerlo con todos. Mientras, según señalan fuentes del organismo, sus servicios jurídicos están estudiando el contenido de la resolución del TAD para decidir los siguientes pasos.

El segundo escenario posible sería que no hubiera suspensión cautelar y que el expediente siguiera el Procedimiento Administrativo Común, con los plazos correspondientes para que los expedientados pudieran ejercer la recusación, es decir, argumentar que sus actuaciones no son objeto de sanción y por tanto, solicitar el archivo del expediente sancionador. Este proceso se llevará a cabo en cualquier situación, lo único que varía es si lo hacen suspendidos de forma cautelar por el CSD o no. En el caso de Luis Rubiales la sanción definitiva llegó tres meses después de la apertura de su expediente sancionador.

No. Ni él ni ningún otro miembro de la Comisión Gestora que lo fuera. Una vez suspendidos o inhabilitados, no podrían ejercer ninguna actividad futbolística ni dirigir ninguna institución, club o sindicato. En este caso Pedro Rocha tendría que retirarse de la carrera por presidir la RFEF. Aunque inicialmente estaba previsto que se declarara como único candidato a la presidencia el pasado 15 de abril, una nueva impugnación de Miguel Ángel Galán a su candidatura lo retrasará al 26 de este mes. Si antes de esa fecha no ha sido suspendido, será proclamado nuevo presidente de la RFEF a pesar de su imputación en la causa de Majadahonda y de la apertura de su expediente sancionador.

En caso de ser sancionados, tampoco podrían seguir en sus cargos como presidentes territoriales Antonio Suárez (Las Palmas), Rafael del Amo (Navarra), Joan Soteras (Cataluña), Pablo Lozano (Andalucía), Pablo Burillo (Castilla-La Mancha), Oscar Fle (Aragón -aunque ya anunció su retirada-), José Ignacio Gómez Mardones (Federación Vizcaína), Rafael Louzán (Galicia), José Ramon Cuetos (Principado de Asturias), Marcelino Maté (Castilla y León), Josep Sansó (Baleares), Alejandro Morales Mansito (Tenerife), Paco Díez (Madrid) y Ángeles Aguilera (quien quedara como presidenta de la Comisión Gestora de la Federación extremeña tras la dimisión de Rocha para iniciar su carrera electoral para presidir la RFEF).

Otros miembros de la Comisión Gestora que no podrían seguir ejerciendo cualquier actividad relacionada con el fútbol en el tiempo que estimara finalmente la sanción serían el vocal Jose Manuel Molina Maza; la secretaria y exvicepresidenta de Integridad, Elvira Andrés; el tesorero Eduardo Bandrés; la árbitra internacional María Dolores Martínez Madrona; Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que quedaría descabezado; Francisco Goya e Iván Bravo, presidentes del Alcalá y Alcorcón, respectivamente; David Gutiérrez Sáiz, entrenador; la seleccionadora sub-23, sub-15 y sub-16, Laura del Río; dos miembros federativas, como el caso de Thais Enríquez (Observatorio de Igualdad) y María Martos Brígido (Área de Igualdad).

Si el único candidato oficial a presidir la RFEF fuera suspendido por el CSD, el escenario más probable sería la intervención de FIFA, que pondría una Comisión de Normalización y convocaría, ahora sí, unas elecciones completas a todos los órganos de la RFEF, es decir, a la Asamblea y a la presidencia. Sería la posibilidad más real para renovar el máximo organismo del fútbol español tras la mayor crisis de su historia.

La otra posibilidad, si FIFA no interviniera, sería que el proceso electoral convocado por la Comisión Gestora que presidía Pedro Rocha comenzara de nuevo. En ese caso, se abriría de nuevo el plazo de cinco días para presentar las candidaturas y que los asambleístas, esta vez los 138 actuales, entregaran sus avales. En el caso de los miembros de la Comisión Gestora que fueran también asambleístas, si fueran finalmente suspendidos, sería el TAD quien tendría que pronunciarse de nuevo para valorar si pueden seguir ejerciendo su condición o si fuera necesario convocar elecciones parciales a la Asamblea para renovarlos. Otro lío.

Esta situación se hubiera evitado si, como estaba previsto, se hubieran reservado 21 avales para presentar a otro candidato por si la denuncia de Miguel Ángel Galán en la que solicitaba la inhabilitación de Rocha y la Comisión Gestora prosperaba, como finalmente ha sido. Sin embargo, como informó Relevo, finalmente no se dio y ahora muchos de ellos podrían estar lamentándose. 

La pelota ahora está en el tejado del CSD, cuyo presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, ha comparecido esta mañana en el Congreso de los Diputados: "Haré todo lo que tenga que hacer para reconducir esta situación. Acabaré con esta vergüenza", dijo. Toca esperar para saber la decisión que toma su Comisión Directiva o si la situación de la RFEF, la institución federativa con mayor presupuesto en nuestro país, sigue dilatándose sin rumbo y sin nadie a los mandos.

Mientras tanto, Pedro Rocha movió ficha y amenazó con denunciar por prevaricación tanto al CSD como al TAD. Lo hizo antes de que la RFEF emitiera un comunicado oficial en el que cuestionaba la falta de rigor y motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas. Seguido al escrito federativo, sus asesores lanzaron un nuevo comunicado en nombre de Pedro Rocha en el que mostraba su "total apoyo al texto oficial de la institución federativa". En él se consideraba "presidente electo de la RFEF al haber sido el único candidato con los avales necesarios para sostener su candidatura" y lanzaba un órdago: "que el Consejo Superior de Deportes tome debida nota de las graves irregularidades de la resolución, que será impugnada, y actúe en consecuencia como mejor proceda en derecho para permitir que la Comisión Gestora continúe su tarea y la RFEF pueda, cuanto antes, salir de la situación de interinidad que atraviesa".

A los comunicados de RFEF y Rocha se unió también el de Miguel Ángel Galán a última hora de este miércoles en el que reclamaba a la Federación la retirada del suyo de la web oficial "en aras de evitar una nueva denuncia contra el presidente de la Junta gestora Sr Del Amo y el resto de sus miembros". Considera Galán que "dicho comunicado supone una extralimitacion en las funciones de la Junta Gestora actual encabezada por Rafael del Amo, como avala el Tribunal Administrativo del deporte con su resolución del 7 de marzo de 2024, dicho comunicado supone un juicio político y no corresponde a un despacho ordinario de las competencias de una simple Junta Gestora".

El lío está servido. Otra vez.