El Comité de Competición ha decidido sancionar al Espanyol conel cierre de su estadio durante dos partidos por la bochornosa invasión de campo en el festejo de la Liga del Barça. Aquello obligó a los jugadores azulgrana a correr (huir) hacia los vestuarios y a intervenir a los Mossos. Ese día, el club perico condenó tajantemente los hechos: "Nunca aceptaremos la violencia, por más residual que sea". Hoy, al conocer el castigo, se ha rebelado y ha anunciado en un comunicado que agotará todas las vías de recurso posibles.
En el texto, el Espanyol considera la sanción "desproporcionada e inconsistente con otros casos que afecta a todo el club y a los abonados de todos los sectores del Estadio. Una sanción que consideramos desproporcionada por parte del Comité de Competición, aplicándose a nuestro juicio un agravante ejemplarizante que carece de fundamentación jurídica ni soporte tangible más allá de juicios de valor sesgados". La fortaleza de convicciones se agrieta cuando sobrevienen las condenas y es entonces cuando se abre paso la indignación, el tedio de las alegaciones y la intención de alargar los procesos lo máximo posible por si, finalmente, el pulgar se dibuja hacia arriba y se conquista el alivio.
A esto se refería Luis Rubiales, presidente de la RFEF, cuando, tras el vergonzoso episodio racista de una parte de Mestalla con Vinicius, hizo un alegato por que los intereses particulares no manchen el interés general, que no es otro que conseguir un fútbol y un deporte ejemplarizantes. "Muchas veces nos hemos encontrado que no nos han ayudado. La RFEF ha sancionado y estas sanciones no se han respetado. Las acciones de la RFEF quedaban invalidadas por los órganos administrativos competentes o en los que directamente se le ha quitado la competencia a la RFEF. Le pido a los clubes que no dilaten las sanciones, que no las demoren en el tiempo", manifestó.
Sin embargo, el Espanyol ha reaccionado alzando la voz y activando la búsqueda de eximentes. Igual que hizo el Valencia con el caso de Vinicius, sosteniendo que existía una justificación en su reclamación; la misma estrategia que utilizó el Sevilla cuando Competición le clausuró la grada Gol Norte en enero de 2017 después de los cánticos ofensivos contra Sergio Ramos. En este último caso, el club hispalense utilizó el pleito como un chicle, estirándolo hasta seis años (cumplió finalmente la sanción), en vez de asumir la pena impuesta, por muy pesada que sea.
En comportamientos agresivos e intimidantes, como los que se vieron en el RCDE Stadium, o en delitos de odio no caben recursos. Abrazarlos sería como alinearse con el agresor, una inquietante simetría que vendría a reconocer que el acto no es tan grave como la sanción, un "yo condeno hasta que me condenan".
Para agilizar el exterminio de lo tóxico se necesita una respuesta firme de todos los agentes del fútbol. También de las víctimas. Que Vinicius pidiera aplazar su declaración en el juicio por los insultos en Valencia alegando que está de vacaciones (se le permitía conectarse online) entra más en el terreno del egoísmo personal que del entendimiento.
Eduardo Sacheri, magnífico escritor y guionista argentino, grabó en El Secreto de sus ojos lo siguiente: "El 'pero' es la palabra más puta que conozco. 'Te quiero, pero...'; 'Podría ser, pero...'; 'No es grave, pero...'. ¿Se da cuenta? Una palabra de mierda que sirve para dinamitar lo que era, o lo que podría haber sido, pero no es". No hay peros ante la vergüenza. Y para que exista, la justicia necesita ser dicha y cumplida. Ojalá la nueva Ley del Deporte le ponga vallas a este campo.
