El precedente de "abuso de poder" de Rubiales en el fútbol femenino y que tapó el Gobierno en 2021: "Había que preservar el equilibrio en el fútbol español"

El Mundo ha publicado una información relevante sobre el pasado de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su relación con el Gobierno. La cabecera de Unidad Editorial ha sacado a la luz un informe interno del Consejo Superior de Deportes (CSD), fechado el 22 de febrero de 2021, donde aconsejó promover la inhabilitación de Luis Rubiales como jefe de la RFEF "por abuso de autoridad o de poder" para "apropiarse y comercializar los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol femeninos" a través de la entidad que dirigía. Pero el Gobierno lo tapó, al rebajarlo a meras "discrepancias jurídicas".

No es la primera vez que el Ejecutivo se muestra tibio a la hora de exigir responsabilidades al directivo actualmente suspendido por la FIFA. Recordemos, entre otros, el caso Salobreña y las comisiones millonarias de Arabia por la Supercopa. Y, estos días, el Ministerio de Cultura y Deporte no ha podido suspender de forma cautelar y provisional a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol porque el TAD se acogió a esa Ley de 1990, que define "los abusos de autoridad" como muy graves, pero "los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos" los tipifica como graves.

José Manuel Franco, director del CSD en aquella época, contradijo a sus subordinados para no llevar ante el TAD la denuncia de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino de Categoría Nacional (ACFF), contra Rubiales y Andreu Camps,  para así proteger al máximo dirigente federativo, según la versión de El Mundo (en la línea apuntada por ABC), bajo el argumento extraoficial de que "había que preservar el equilibrio en el fútbol español" manteniéndolo en su posición a pesar de todos los escándalos que protagonizaba.

Según el citado periódico, a la antigua cabeza visible del CSD no le agradaba la figura de Luis Rubiales como presidente de la RFEF, pero no se encontraba dispuesto a entregarle todo el poder del fútbol español a Javier Tebas. Aquella decisión de Franco chocó con la postura de Albert Soler, que dejó el cargo el 10 de enero de 2023.

La subdirectora general de Deporte Profesional del CSD elaboró un primer dictamen muy contundente en contra de la actuación de los dirigentes del fútbol español que remitió al subdirector general de Régimen Jurídico del Deporte dentro del propio organismo. Ese informe venía a colación de la citada denuncia de la ACFF, que acudió al máxima instancia deportiva a nivel gubernamental para pedir que llevaran el asunto al TAD.

Este colectivo denunciaba que la RFEF se había intentado "apropiar de los derechos audiovisuales de los clubes y de su comercialización"; que le había reclamado una "cesión forzosa de los mismos"; y que había sufrido numerosas "medidas de presión" por haberse negado a la entrega.

La resolución del CSD estimó parcialmente la remisión al TAD de la denuncia formulada por Rubén Alcaine Lorente, presidente de la ACFF. Los servicios jurídicos del CSD subrayaron que el máximo responsable del fútbol español había llevado a cabo un "uso desmedido de las facultades inherentes a su cargo"; que se había "propasado y aprovechado de las mismas en beneficio propio y no de los intereses federativos"; y que, además, lo había hecho para lucrarse personalmente "al percibir como remuneración un porcentaje de los ingresos de la RFEF", cuestión que tenía establecida en su contrato.

Pero, finalmente, José Manuel Franco rebajó la gravedad de la denuncia esgrimiendo: "No se acredita una actuación dirigida a satisfacer a satisfacer intereses personales, realizada de forma arbitraria e injusta, excediéndose, propasándose o aprovechándose de sus facultades, sino que nos encontramos ante una discrepancia jurídica relativa a la comercialización de derechos audiovisuales".