El director del antidopaje español anuncia que irá a la guerra y después dimitirá

José Luis Terreros dimitirá como director de la agencia española antidopaje (conocida como CELAD, Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte) antes de ser destituido. Así lo ha trasladado en una entrevista en El País en la que anunció que antes de abandonar, irá, con escudo y casco, a la guerra. Y lanzaba un dardo directo tanto al Consejo Superior de Deportes (CSD) como al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte: "No voy a permitir que hagan un comunicado diciendo que si no dimito, me van a cesar".

Las irregularidades en numerosos controles antidopaje y la ausencia de sanciones en varios casos positivos de deportistas españoles desveladas por Relevo, son consideradas por el que es todavía jefe del antidopaje español como "mentiras e inventos". Para justificar lo que ocurrió, Terreros recurre al mismo argumento del que tiró también el pasado viernes en un informe remitido al CSD: la ambigüedad interpretativa de los derechos y las leyes españolas.

Incorpora a su discurso la tardanza de las instituciones españolas para actualizar la Ley de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte de 2017, que quizás por la recomendación de la propia CELAD, supuso que hasta 2021 España no tuviera un nuevo reglamento que contemplara con más claridad la competencia sancionadora que reclamaba la Agencia Mundial Antidopaje respecto al Pasaporte Biológico. Sin embargo, aunque la redacción de la ley se hizo en 2021, fue el pasado mes de noviembre, dos años después, cuando se reguló por Real Decreto. Es decir, cuando la ley se podía aplicar porque, por fin, tenía reglamento.

Aunque José Luis Terreros justifica la ausencia de sanciones en estos casos debido a la falta de reglamentación, lo cierto es que el propio director de la agencia española antidopaje defendía el 14 de octubre de 2021 en un artículo firmado por él mismo en el diario ABC que "el desarrollo reglamentario del pasaporte biológico sería innecesario y podría acarrear serios obstáculos en el cumplimiento del programa mundial antidopaje". Donde dije digo, digo Diego.

"Si la irregularidad en el uso de fondos públicos es pagar con controles que se han hecho con un agente, ahí no tengo que ir yo solo. Aquí tienen que venir de mi mano los anteriores directores Gómez Bastida, Quintanar y Ana Muñoz", aseveraba Terreros.

El máximo responsable del antidopaje español se refería a los controles encargados a la CELAD por numerosas federaciones internacionales durante toda su historia. En este caso, la agencia española antidopaje hacía los controles con los agentes que cada federación internacional estableciera, normalmente uno, pues era el reglamento español el que exigía dos y en este caso la demanda procedía de instituciones externas. Su discurso pasa por incluir todos los controles realizados por la CELAD en el mismo saco para acreditar las irregularidades cometidas en los controles ordenados por la agencia que él mismo dirige. En ese caso, la realización de los test que el antidopaje español ha de realizar anualmente debe cumplir el reglamento español, que hasta noviembre de 2023 exigía la presencia de dos agentes.

Era tan conocedor de esa circunstancia que él mismo la aportó, en la misma entrevista, para razonar la ausencia de sanción en el caso de Chinedu Patrick Ike -desvelado por eldiario.es- tras dar positivo en sustancias anabolizantes. La explicación de Terreros es la misma que anteriormente había señalado como "mentiras o inventos": "Nos pareció lo más prudente no abrirlo mientras la Audiencia Nacional no resolviera el recurso de otro deportista que alegaba que su control era nulo porque sólo lo había efectuado un agente de control cuando la ley exigía dos". Como el tribunal español pronunció que debían ser dos, mantuvieron sin abrir el del velocista y otra deportista hechos con un sólo agente". Algo que, según Terreros, también le comunicó a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Tanto es así que él mismo acepta que "después de la resolución de la Audiencia Nacional preferimos ser prudentes y poner dos agentes en los contratos". Así explicaba también el cambio de criterio de una agencia que cada día que pasa, más a la deriva se encuentra. A tan sólo siete meses de los Juegos Olímpicos de París.

El mismo día que Terreros trataba de defenderse ante el CSD, la AMA anunció en un durísimo comunicado que había retirado a España la gestión de hasta tres expedientes sancionadores de Pasaporte Biológico y exigido una resolución a corto plazo sobre otro dos: "Además de perseguir a la CELAD por casos pendientes aparentemente retrasados, la AMA tomó la medida muy inusual en 2023 de retirarle tres casos de Pasaporte Biológico del Deportista (ABP) y entregárselos a las Federaciones Internacionales pertinentes para que se ocuparan de ellos. En otros dos casos de ABP, la AMA impuso plazos estrictos a la CELAD para tomar una decisión".

En sus declaraciones, Terreros desmiente también a la AMA, a quien lanzaba otra de sus flechas: "Cuando la Audiencia Nacional dijo que no se podía sancionar" positivos por Pasaporte Biológico, "decidimos que tres de ellos los gestionaran las Federaciones Internacionales correspondientes y le pasamos a la AMA la gestión. Los otros dos vimos que podíamos seguir adelante y los estamos llevando nosotros". Aseguraba así que no fue un mandato de la AMA sino una decisión propia al frente de la CELAD.

Y fue incluso un paso más allá. Apuntó que la beligerancia del comunicado de la AMA se debía a que la CELAD, junto a una veintena de agencias antidopaje más, se había mostrado crítica con la gestión del actual presidente de la AMA, Witold Bańka, al que habrían exigido cambios.

José Luis Terreros empleó ante el CSD el pasado 5 de enero los mismos argumentos que ahora esparce por algunos medios de comunicación. Aunque para el CSD no fue suficiente y terminó por pedir su dimisión públicamente, el último documento con el que la agencia española antidopaje habría tratado de defenderse, lejos de aportar luz, acabó por señalarles aún más. En él, difundido por la Sociedad Española de Medicina del Deporte en su perfil de X aunque no de forma completa, la misma CELAD contemplaba cuatro puntos destacados.

Lo reconocen. Y además, lo justifican. Aseguran que "los controles de dopaje en todos los países del mundo se hacen con la presencia de un sólo agente". Y que por tanto, se abonaron a la empresa alemana PWC como correspondía. Sin embargo, el reglamento español dice todo lo contrario. En este caso Terreros se acoge a que la ley anterior no era del todo clara. ¿Por qué entonces los controles ordenados por la CELAD los hacía muchos de ellos con dos agentes y otros tantos sólo con uno? ¿Por qué no había criterio único?

La CELAD sostiene que "el hecho de que estuvieran uno o más agentes de control presentes en el test no era relevante para la validez del resultado". Sin embargo, la propia agencia española antidopaje archivó un positivo por esta irregularidad el 14 de marzo de 2019. Además, la Audiencia Nacional dictó una sentencia en 2021 en la que aseguraba que "de no haber estado acreditada la presencia de dos agentes de control, podría haber una irregularidad anulatoria en el control". Terreros reconoce así, por escrito, que no habría actuado en función de la ley en la que se debería basar la gestión antidopaje en nuestro país.

En el escrito Terreros sostiene que "en todos los casos en los que la CELAD ha suspendido algún procedimiento se ha debido a una necesidad jurídica". Y señala de nuevo a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), como conocedora de todos los expedientes suspendidos: "La AMA ha conocido estas causas cuando ha sido necesario".

Además, asegura que el plazo de prescripción de las infracciones por dopaje que marca el Código Mundial Antidopaje es de diez años. Relevo ha podido acceder a varias resoluciones, firmadas por José Luis Terreros, de expedientes sancionadores tras un resultado adverso que fueron archivados por la declaración de caducidad tras haber transcurrido un año. La fecha de vencimiento entre la apertura del expediente y la comunicación de la sanción es, según la ley española, de 365 días.

Sin embargo Terreros se olvidó de hacer referencia en este punto de su informe enviado al CSD al caso de la deportista de esquí náutico a la que se le comunicó la sanción el último día posible por correo postal -en lugar de vía telemática con la que el envío es inmediato-, por lo que la deportista ya lo recibió fuera de plazo.

También lo reconocen en el informe. Su defensa en este caso es la sentencia de la Audiencia Nacional por el 'Caso Ibai Salas'. Así justifica que abriera expedientes sancionadores y los suspendiera en el mismo día. En algunos de esos positivos, como ya explicó Relevo en el 'Expediente Ainhoa Pinedo', la CELAD se acoge a una sentencia posterior a algunos expedientes.

En el documento Terreros asegura que, con posterioridad a esa sentencia, ahora sí se han abierto dos procedimientos sancionadores por positivo en Pasaporte Biológico que están en una muy avanzada fase de instrucción.

Terreros niega también ante el CSD a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA): "La CELAD no ha recibido ninguna noticia de apertura de investigaciones por parte de la AMA. No tiene abierta ninguna acción correctora en el Centro de Cumplimiento del Código, desde el cual la AMA monitoriza las acciones de las Organizaciones Antidopaje, respecto a ninguno de los supuestos hechos."

Algo que contradice lo que el máximo organismo a nivel mundial aseguró en el durísimo comunicado que lanzó el pasado viernes 5 de enero: "Estamos al tanto de problemas profundamente arraigados en el antidopaje español. Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que hemos recibido de la CELAD mientras buscamos mejorar el sistema para los atletas españoles. El hecho de que haya casos positivos que no hayan sido tratados a tiempo, a pesar del seguimiento regular por parte de la AMA, es inaceptable".

La multitud de reacciones institucionales, incluida la de José Luis Terreros,a raíz del escándalo destapado por Relevo ya tiene altavoz internacional. Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de lo que apunta a ser uno de los mayores ridículos en materia antidopaje de nuestro país. José Manuel Rodríguez Uribes ha de convocar más pronto que tarde al nuevo Consejo Rector de la CELAD que él mismo preside, pero que al componerse de miembros de ministerios y comunidades autónomas estaba inoperante debido a los cambios en las últimas elecciones.