El CSD recibió una denuncia en septiembre sobre lo que ocurría en la agencia española antidopaje y... no hizo nada

El pasado 8 de septiembre el Consejo Superior de Deportes (CSD) recibió en su registro un escrito de dos páginas que señalaba "presuntas irregularidades relativas a la función pública de control y sanción del dopaje en el deporte ocurridas en el seno de la agencia española antidopaje (CELAD, Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte) y en perjuicio de esta".

Víctor Francos, por entonces Secretario de Estado para el Deporte, ni siquiera contestó a un documento que hacía referencia a "controles irregulares abonados con fondos públicos a empresas privadas - a los que hizo referencia Relevo el pasado 28 de diciembre- y a infracciones de las normas antidopaje no sancionadas" que "involucrarían directamente a José Luis Terreros -su director- y Jesús Muñoz-Guerra -responsable del Departamento de Control del Dopaje (DCD)-".

Además, en el escrito se ofrecía la posibilidad al CSD, cuyo presidente lo es también de la agencia española antidopaje y de su Consejo Rector, de poner a su disposición datos e informaciones desde 2017. Para ello, "con el fin de proporcionar información útil y relevante para la CELAD, el CSD y el Ministerio de Cultura y Deporte", se preguntaba por la identidad de la persona física responsable de la gestión del sistema interno de información y el canal de comunicación confidencial para adjuntar la documentación correspondiente. El escrito, a pesar de lo denunciado, nunca tuvo respuesta.

Al no tener contestación alguna, la denuncia fue presentada tanto en la CELAD como en el Ministerio de Cultura y Deporte. Tampoco reaccionaron. Meses después ni Víctor Francos, presidente del CSD, ni Miquel Iceta, Ministro de Cultura y Deportes, de quien dependía el organismo por entonces, se pronunciaron.

Ahora quien está al frente de la Secretaría de Estado para el Deporte es José Manuel Rodríguez Uribes y la Ministra es Pilar Alegría, en este caso de Educación, Formación Profesional y Deporte. Fue en el traspaso de competencias entre carteras cuando el 29 de diciembre y con una segunda denuncia recibida, tras las publicaciones de Relevo el 27 y 28 de diciembre- Uribes solicitó al Ministerio un informe de 80 páginas. Tan sólo cinco días después, cuando recibió el documento, lo trasladó a la Fiscalía General del Estado, por si hubiera indicios de delito.

Además, solicitó a la CELAD las explicaciones oportunas ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos. El último documento recibido por el CSD habría sido el pasado 5 de enero, antes de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) lanzara un comunicado demoledor señalando tanto a la agencia española antidopaje como al Gobierno español. Uribes frustró el intento de explicarse de Terreros y reaccionó de inmediato: o Terreros dimitía o convocarían al Consejo Rector de la CELAD para destituirle. Ya no había marcha atrás.

Aunque para el CSD no fue suficiente y terminó por pedir su dimisión públicamente, el último documento con el que la agencia española antidopaje habría tratado de defenderse ante las "informaciones falsas" sobre la gestión de su director, lejos de aportar luz, acabó por señalarles aún más. En él, difundido por la Sociedad Española de Medicina del Deporte en su perfil de X aunque no de forma completa, la misma CELAD contemplaba cuatro puntos destacados.

Lo reconocen. Y además, lo justifican. Aseguran que "los controles de dopaje en todos los países del mundo se hacen con la presencia de un sólo agente". Y que por tanto, se abonaron a la empresa alemana PWC como correspondía. Sin embargo, el reglamento español dice todo lo contrario. En este caso Terreros se acoge a que la ley anterior no era del todo clara. ¿Por qué entonces hacía muchos de ellos con dos agentes y otros tantos sólo con uno? ¿Por qué no había criterio único?

La CELAD sostiene que "el hecho de que estuvieran uno o más agentes de control presentes en el test no era relevante para la validez del resultado". Sin embargo, la propia CELAD archivó un positivo por esta irregularidad el 14 de marzo de 2019. Además, la Audiencia Nacional dictó una sentencia en 2021 en la que aseguraba que "de no haber estado acreditada la presencia de dos agentes de control, podría haber una irregularidad anulatoria en el Control". Terreros reconoce así, por escrito, que no habría actuado en función de la ley en la que se debería basar la gestión antidopaje en nuestro país.

En el escrito Terreros sostiene que "en todos los casos en los que la CELAD ha suspendido algún procedimiento se ha debido a una necesidad jurídica". Y señala de nuevo a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), como conocedora de todos los expedientes suspendidos: "La AMA ha conocido estas causas cuando ha sido necesario".

Además, sostiene que el plazo de prescripción de las infracciones por dopaje que marca el Código Mundial Antidopaje es de diez años. Relevo ha podido acceder a varias resoluciones, firmadas por José Luis Terreros, de expedientes sancionadores tras un resultado adverso que fueron archivados por la declaración de caducidad tras haber transcurrido un año. La fecha de vencimiento entre la apertura del expediente y la comunicación de la sanción es, según la ley española, de 365 días.

Sin embargo Terreros se olvidó de hacer referencia en este punto de su informe enviado al CSD al caso de la deportista de esquí náutico a la que se le comunicó la sanción el último día posible por correo postal -en lugar de vía telemática con la que el envío es inmediato-, por lo que la deportista ya lo recibió fuera de plazo.

También lo reconocen en el informe. Su defensa en este caso es la sentencia de la Audiencia Nacional por el 'Caso Ibai Salas'. Así justifica que abriera expedientes sancionadores y los suspendiera en el mismo día. En algunos de esos positivos, como ya explicó Relevo en el 'Expediente Ainhoa Pinedo', la CELAD se acoge a una sentencia posterior a algunos expedientes.

A pesar de ser actualmente su justificación, llama la atención que el propio director de la agencia española antidopaje defendiera el 14 de octubre de 2021 en un artículo firmado por él mismo en el diario ABC que "el desarrollo reglamentario del pasaporte biológico sería innecesario y podría acarrear serios obstáculos en el cumplimiento del programa mundial antidopaje".

En el documento Terreros asegura que, con posterioridad a esa sentencia, ahora sí se han abierto dos procedimientos sancionadores por positivo en Pasaporte Biológico que están en una muy avanzada fase de instrucción.

En este apartado que ellos mismos destacan en su informe enviado al CSD, Terreros niega a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA): "La CELAD no ha recibido ninguna noticia de apertura de investigaciones por parte de la AMA. No tiene abierta ninguna acción correctora en el Centro de Cumplimiento del Código, desde el cual la AMA monitoriza las acciones de las Organizaciones Antidopaje, respecto a ninguno de los supuestos hechos."

Algo que niega lo que el máximo organismo a nivel mundial aseguró en el durísimo comunicado que lanzó el pasado viernes 5 de enero: "Estamos al tanto de problemas profundamente arraigados en el antidopaje español. Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que hemos recibido de la CELAD mientras buscamos mejorar el sistema para los atletas españoles. El hecho de que haya casos positivos que no hayan sido tratados a tiempo, a pesar del seguimiento regular por parte de la AMA, es inaceptable".

Sobre el seguimiento a la CELAD, la Agencia Mundial Antidopaje daba algún detalle más: "Además de perseguir a la CELAD por casos pendientes aparentemente retrasados, la AMA tomó la medida muy inusual en 2023 de retirarle tres casos de Pasaporte Biológico del Deportista (ABP) y entregárselos a las Federaciones Internacionales pertinentes para que se ocuparan de ellos. En otros dos casos de ABP, la AMA impuso plazos estrictos a la CELAD para tomar una decisión", reza el comunicado.