Cómo Aragón se sumó al 'boicot'... y se quedó sin eventos internacionales a pesar de que quería organizar unos Juegos

Hace unos días, Relevo desvelaba la cronología del boicot de varias federaciones autonómicas — o mejor dicho, sus dirigentes — para llevar a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada a la bancarrota. Si en un primer término se sufrió un duro golpe a través de las licencias federativas con la maniobra de varias federaciones, a la vez se estaba preparado otro movimiento igualmente dañino para las arcas con otra de las piezas claves de esta actividad deportiva: los refugios.

Aunque este movimiento no provoca un gran agujero económico de manera directa, sí lo hace en cuanto a lo atractivo de la licencia federativa nacional y por lo tanto, termina convirtiéndose en un motivo más contra la gran fuente de ingresos. ¿Por qué? Junto a contar con un seguro nacional o internacional, el motivo para federarse con la federación española por parte de los deportistas de montaña y escalada está en contar con refugios de montaña a un precio más beneficioso durante su práctica. Si esto no está cubierto en su licencia FEDME, y lo tienen con su licencia autonómica, pierde sentido el federarse con ella.

La ruptura por parte de la federación aragonesa contra la actual directiva de la federación española se hace evidente en junio de 2022, cuando la autonómica decidió unirse a la catalana, y abandonar el Tratado Internacional de Reciprocidad de Refugios. Junto a la asturiana y la navarra sacan los 38 refugios bajo su gestión de este convenio al que está adscrita la FEDME a nivel internacional desde 1978 y que les incluye en una oferta mundial de refugios para montañeros federados de todos los países adscritos a este acuerdo. Además, a espaldas de la española, crearon el llamado Acuerdo de Correspondencia Mutua.

Para entender mejor los motivos de enfado dentro de la actual federación, hay que volver al inicio: la gestión de los refugios es de las federaciones regionales desde 1987, cuando la entonces llamada Federación Española de Montañismo las cedió bajo una sola condición que ahora se incumple: "La Territorial observará en el uso de los refugios, las normas y obligaciones hacia los Montañeros Españoles, provistos de Licencias Federativas, así como a los Extranjeros, que presenten credencial U.I.A.A. (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo), para el cumplimiento hacia ellos del Acuerdo de Reciprocidad". Según el sentir en la FEDME, el acuerdo entre las mencionadas regionales deja fuera al resto de los montañeros españoles que no pertenecen a estas y a los montañeros de la UIAA.

Por ejemplo, esta situación se puede confirmar en la propia web del refugio de Góriz, uno de los que está más en el foco. En la lista de tarifas se señala que los beneficiarios del descuento como federados serán solo los que tengan licencia perteneciente al Acuerdo de Correspondencia Mutua de Refugios y por lo tanto, no válido para los federados de la Federación Española.

Es justo este refugio, el de Góriz, que acaba de ser restaurado en una obra que ha durado 18 años, uno de los más señalados por su gestión por parte de muchos montañeros, que opinan que se busca más "un establecimiento hotelero y turístico en el corazón de un parque nacional", en un formato similar a la Red de Paradores Nacionales, que en una instalación deportiva como fue la intención de su creación. Desde FEDME se insiste que "los refugios de montaña se mantienen como interés general en la vigente ley del deporte estatal y en las leyes del deporte autonómicas, con el objetivo de promoción y fomento del deporte, garantizando el acceso a estas instalaciones deportivas (de titularidad pública en la mayoría de los casos), y al servicio que en ellas se presta, en condiciones de igualdad de trato y no discriminación entre los montañeros de España, y entre los montañeros europeos con quienes se suscribió el Convenio Internacional de Reciprocidad en 1978".

Pero, ¿por qué la Federación Aragonesa de Montañismo decide romper con el Tratado? Según señalaron como motivo, la FEDME se estaba quedando con el dinero que llegaba a través del Tratado de Reciprocidad de Refugios. Consultados por este medio, la federación española señala que esto no sería cierto y que, en el último año con el sistema previo (2022), repartieron entre las federaciones con refugios los 4.000 euros recibidos. Y además, afirman que 2.536,36 de esos 4.000 euros fueron a la FAM.

Por si fuera poco, la decisión de la FAM ha provocado un perjuicio económico a la FEDME. En el acuerdo de Reciprocidad, los países con menos — o nula — oferta de refugios tienen que abonar dinero a los países ofertantes por acoger a sus montañeros durante el último año. En este paradigma, en la liquidación del Tratado en el año 2023, la federación española ha pasado de recibir dinero a tener que abonar por la ausencia de la oferta perdida con salida de Aragón: 6.630,21€ de fondos propios. Un caso más de boicot al presupuesto de la FEDME.

En cambio, desde la federación española se cree que estas actuaciones llegan después de la oposición a que las instalaciones de montaña, como es el caso de los refugios y otros proyectos de construcción, se destinen más hacia al beneficio económico de "alguna empresa", como señalan, que al de los montañeros federados de todo el país.

Pero en Aragón el boicot a la FEDME no se queda solo en las políticas que se hacen con los seguros y los refugios. Se ha decidido negar el uso de las instalaciones y pistas de ARAMÓN, la sociedad que gestiona las estaciones de esquí de la comunidad autónoma, para competiciones de la federación española. Especialmente, en el caso del esquí de montaña donde se decide renunciar a la organización de campeonatos "por motivos empresariales".

Toda esta situación ha provocado que Aragón esté fuera del calendario de competiciones nacional e internacional, ya que negarse a organizar eventos de la FEDME les conlleva quedar fuera de contar con citas a nivel mundial. Curioso en una región que quiso organizar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y que hoy es un cero en el deporte invernal de élite. Un problema que ha llegado a la sesión de control del gobierno aragonés en varias ocasiones. A través de sendas preguntas en 2023 al consejero Bermúdez de Castro y en 2024 a la consejera Tomasa Hernández, que no entró en detalles de la situación y solo afirmó "que queremos que vengan eventos". Pero desde la FEDME son claros y ante ello dicen que "llevamos ya dos temporadas sin poder realizar competiciones y esa inacción es un incumplimiento de su obligación de fomentar el deporte".

El caso de los refugios se une a un boicot generalizado realizado por varias federaciones autonómicas que se denuncia desde el seno de la FEDME, como desveló Relevo hace unos dias. Varias de estas regionales, encargadas de la venta de las licencias para los deportistas, decidieron crear la licencia autonómica y ofrecer con ella un seguro internacional, de modo alternativo a la nacional provocando un bajón del número de federados y, a la vez, un grave perjuicio económico para la federación española.

Según esta información, este movimiento se habría promovido como una política de oposición frente a la actual directiva presidida por Alberto Ayora después de que este decidiera aumentar los mecanismos de control en el seno de la federación impidiendo, entre otras cosas, que el presidente de la federación madrileña José Luis Rubayo pudiera controlar la contratación de los seguros en la FEDME.

A todo esto, en las últimas semanas la federación aragonesa ha realizado su proceso electoral en el que se reelegido a Javier Franco, quien ha llevado la gestión de toda la situación detallada. Pero, en ese periodo, sucedió una incidencia señalada por la candidatura alternativa: encontrándose en el ejercicio del cargo de Presidente de la Comisión Gestora, Franco se postuló públicamente como candidato a la Presidencia de FAM a través de diversos medios de comunicación, de una web propia y de redes sociales, estando tal conducta terminantemente prohibida por el Reglamento Electoral y por la Orden que regula el proceso electoral que dice, textualmente, que las comisiones gestoras "solo podrán realizar los actos imprescindibles y de trámite a tal efecto, sin que, en ningún caso puedan realizar actos que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto del electorado, y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad entre los actores electorales".

Dentro del proceso electoral, esta situación sería un grave incumplimiento de las normas y de los procedimientos. Tal que fueron denunciados por los miembros electos de la otra candidatura presentada ante el Tribunal Administrativo del Deporte Aragonés, el cual trasladó la denuncia a la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón como órgano competente para la instrucción del procedimiento sancionador. Para hacer una equiparación con otros casos similares, otros presidentes de federaciones deportivas fueron destituidos de sus cargos. Por ejemplo, en 2017, Ángel María Villar fue inhabilitado por el CSD después de 29 años como presidente tras ejercer como presidente de la gestora mientras optaba a ser reelegido.