La RFEF quiso cobrar a los clubes 33.000 euros por un VAR 'low cost'

Un total de 19 grupos de animación y peñas de equipos de Primera y Segunda División del fútbol sala español hicieron público el pasado miércoles 3 de abril un inédito comunicado conjunto dirigido a los responsables de la Real Federación Española de Fútbol para expresar "nuestra preocupación y nuestra solicitud en relación con el avance tecnológico y la equidad en el deporte" y solicitar "encarecidamente que la RFEF considere plantear la inclusión del Sistema de Asistencia Arbitral por Video".

Cientos de aficionados se unen así a una reivindicación histórica de los clubes al Comité Nacional de Fútbol Sala para implementar mejoras tecnológicas en "un deporte de alta velocidad y precisión, donde las decisiones arbitrales tienen un impacto directo en el desarrollo del juego y en el resultado de los partidos" y en el que "el uso del vídeo arbitraje ha demostrado ser una herramienta eficaz en la mejora de la justicia deportiva y la precisión en las decisiones arbitrales", aseguraron colectivos como 'Furia Amarilla' de Jaén, 'La Curva' de Valdepeñas, 'Marea Roja' de Murcia, 'Infierno Cartagenero', 'Frente Berberecho' de Noia o 'La Fuerza Verde', entre otros.

La realidad de los árbitros de Primera División es que el único soporte con el que cuentan son unos intercomunicadores, facilitados por sus respectivas territoriales. La Real Federación Española de Fútbol usó por primera vez el video arbitraje el 8 de septiembre de 2018 durante la Supercopa de España de Ciudad Real. Desde entonces, solo se ha recurrido al sistema de apoyo en vídeo en las Supercopas y Copas de España, el play-off exprés de 2020, las finales de Liga y las Final Four de las Copas del Rey, y aun así no han estado exentas de polémicas arbitrales. El responsable de coordinar este soporte técnológico es Ramón Alonso, único miembro del equipo de trabajo del despedido Pedro Galán que continúa en la RFEF.

De hecho, España sirvió de banco de pruebas para que FIFA implementase en el Mundial de Lituania 2021 el sistema de video arbitraje, que se usó también en Uzbekistán 2024. Sin embargo, desde que en 2019 la RFEF se hizo cargo de las competiciones no ha habido ningún avance y año tras año, tanto el Comité Nacional de Fútbol Sala como el Comité Técnico de Árbitros, han ido 'procastinando' para no implementar en los partidos de Liga el sistema de Soporte de Vídeo (SV).

El último 'paripé' del departamento federativo de fútbol sala, presidido por el murciano José Miguel Monje, tuvo lugar a finales de agosto de 2024. El viernes 16 se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una reunión técnica para la enmienda de las reglas de juego en el fútbol sala español, que generó tanto desconcierto e incertidumbre. En el cónclave entre dirigentes federativos, clubes y árbitros también se abordó la posible implantación del soporte tecnológico durante los partidos de Liga en Primera División.

Solo los equipos de la máxima categoría recibieron el 20 de agosto un mail del Comité Nacional de Fútbol con una propuesta de vídeo arbitraje de Pedro Galán, en la que el ya ex presidente del Comité Técnico de Árbitros de Fútbol Sala ofrecía la posibilidad de implementar el Soporte de Vídeo durante las tres próximas temporadas. Relevo ha tenido acceso en exclusiva a la proposición federativa -realizada a 53 días del inicio de Liga-, que incluía la presencia de un cuarto colegiado en los pabellones y la instalación de un sistema de cámaras operadas.

Todo sonaba demasiado bien. Sin embargo, como en los contratos bancarios, el correo electrónico de la RFEF tenía letra pequeña. El Comité Nacional de Fútbol Sala adjuntaba una desagradable sorpresa económica para los clubes cifrada en 33.000 euros para poder disponer del Soporte de Vídeo desde 2025 hasta 2028. El coste fijo por cada temporada regular se cuantificaba en 6.000 euros por equipo y la instalación del cableado y de cuatro cámaras en línea de gol y una panorámica en los 16 pabellones costaría 15.000 euros (5.000 por temporada), pagaderos en la primera campaña, que iba a arrancar el 12 de octubre.

Ante la indignación e incredulidad de los clubes y como si la RFEF fuera una plataforma comercial, el CNFS ponderaba en su correo electrónico importantes descuentos para amortizar la inversión realizada. Así pues, "el equipo que mantenga la categoría no tendrá que hacer ningún gasto más en las dos siguientes temporadas, por este concepto. El equipo que descienda, a Segunda División, recuperará la inversión realizada en un 70 %, si es en la segunda temporada y el 40 %, si es en la tercera temporada", aseguraban, al tiempo que prometían que "si los equipos están operativos, se les cobraran a los equipos que asciendan" a Primera.

De igual manera, para redondear el 'ofertón' federativo "los playoff por el título de Liga y el resto de competiciones organizadas por el Comité Nacional de Fútbol Sala: Supercopa, Copa del Rey y Copa de España, serían sufragadas por la Real Federación Española de Fútbol". La cifra final para poner en marcha el Soporte de Vídeo en la temporada 2024-25 ascendía a 598.000 euros. Teniendo en cuenta la inversión inicial exigida a los clubes de 240.000 euros, la RFEF fijaba el coste anual por temporada en otros 358.000.

Nunca antes se había cuantificado y la RFEF lo hacía "al alza" en base a las ofertas solicitadas a dos empresas proveedoras habituales de estos servicios como Mediapro y Hawk Eye. En la propuesta, además se detallaba que un tercio de la cantidad presupuestada (96.000) sería abonada por los 16 equipos de Primera División (6.000 por club), otro tercio con idénticos dígitos corría a cargo del Comité Nacional de Fútbol Sala y el dinero restante por el Comité Técnico de Árbitros, que también se haría cargo de los gastos derivados de operarios, instalación y transporte del Soporte de Vídeo cifrados en 70.000 euros.

Con una factura arbitral anual de 28.500 euros (1.900 por 15 partidos de Liga), que incluía una subida de un 10% sin previo aviso, los equipos de Primera División eran emplazados a reunión telemática el martes 27 de agosto para someter a votación la propuesta federativa, que requería la unanimidad de los clubes para su puesta en marcha ya que todos los partidos debían jugarse en las mismas condiciones tecnológicas. Fue rechazada ampliamente, a pesar de ser considerada una opción 'low-cost´.

Muchos clubes consideraron que era "un nuevo y tardío brindis al sol" de la RFEF para 'regatear' otro año más la puesta en marcha de mejoras tecnológicas necesarias en la competición y criticaron "la improvisación" estival del controvertido José Miguel Monje y exigieron la inclusión del Soporte de Vídeo en las Normas Reguladoras de la competición como primer paso para validarlo, antes de solicitar un desembolso económico a los equipos "precipitado, imprevisto e insostenible" a finales de agosto con la mayoría de los presupuestos cerrados.

Además, las empresas potencialmente proveedoras del sistema de Soporte de Video fijaban en seis semanas el tiempo necesario para realizar las instalaciones en los 16 pabellones de Primera División. Cabe señalar que el Barça es el único titular de su recinto deportivo, el Palau, y el resto de instalaciones de juego son públicas y cualquier modificación de las mismas requiere de informes técnicos y jurídicos de diferentes concejalías de los Ayuntamientos responsables.

Muchos equipos señalaron que era "inviable" y otros incluso que "era poco probable" lograr el visto bueno de sus administraciones municipales, ya que el equipo ejecutivo de José Miguel Monje en el Comité Nacional de Fútbol Sala obvió que la instalación de cámaras en recintos deportivos públicos en España está sujeta a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), en armonía con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

Han pasado 7 meses de competición y poco o nada se sabe de la posibilidad de implementar la próxima temporada un Soporte de Vídeo. Ha habido un relevo en la cúpula arbitral con la llegada el pasado 29 de enero del gallego Álvaro Cid Bragado como presidente del Comité Técnico de Árbitros y el conquense Israel Martínez Segovia como nuevo director técnico. Los clubes consideran "improcedente" asumir un coste derivado de una mejora de la competición, del que tendría que hacerse cargo la RFEF como institución organizadora.

Cabe recordar que José Miguel Monje defendió en una polémica entrevista con 'FutsalSur' que "la Federación gestiona la competición" y alardeó que "la RFEF se gasta un dinero, tiene un presupuesto, el más alto de la historia, 18 millones de euros, que es lo que estamos gastando en fútbol sala". Sin embargo, los clubes no olvidan que en la reunión con Rafael Louzán del pasado 17 de marzo, fue el propio presidente de la RFEF el que desveló que la edición del año pasado en Cartagena contabilizó un déficit de 400.000 euros sobre la cantidad inicialmente presupuestada. "Solo con ese dinero despilfarrado, ya se hubiera cubierto el dinero que teníamos que poner los clubes el primer año del soporte de vídeo", aseguró a Relevo un dirigente de Primera División.

Jornada tras jornada sigue habiendo polémicas arbitrales ante la indefensión tecnológica de los colegiados. La semana pasada fueron el líder, el Servigroup Peñíscola, y el colista, Wanapix Zaragoza, lo que denunciaron graves errores. Este sábado fue el turno del Noia Portus Apostoli, que lucha por evitar el descenso. Rubi fue expulsado por tarjeta roja en el minuto 37 del partido ante Palma Futsal tras una mano después de un despeje de Rivillos. El jugador gallego aseguró que "en el mundo del deporte siempre hay injusticias imposibles de controlar. El error forma parte del juego, y los árbitros, al igual que los jugadores, están expuestos a ellos por la cantidad de decisiones que tienen que tomar".

Con el Soporte de Vídeo, hubiera sido un supuesto perfectamente revisable por los colegiados del encuentro, Antonio Navarro Rodríguez-Villanueva y Alberto Sarabia Eguiluz, a los que Rubi defendió "siempre me han parecido una gran pareja arbitral, algo que no cambia independientemente de lo sucedido ayer" pero reiteró de manera elegante que "se equivocan y condicionan completamente el final del partido con una expulsión, algo que no se puede solucionar ya". "Simplemente espero que se tomen las medidas necesarias para amortiguar ese error y poder disputar la siguiente jornada, ya que un error humano sería admisible, pero la inacción ante ese error sería mucho más grave", finalizó el veterano ala gallego.