"Exención fiscal total de la FIFA", la alfombra roja del Gobierno de España para el Mundial 2030

"Exención fiscal total de la FIFA". La frase está recogida en un documento aprobado por el Gobierno y es uno de los compromisos para el Mundial 2030, un traje a medida indispensable para que España fuera elegida como sede del mayor campeonato de fútbol del mundo, por mucho que no hubiera candidaturas rivales.

A cinco años del comienzo del Mundial aún queda mucho por hacer, empezando por decidir qué estadios acogerán los partidos. La selección final de once ya está hecha, pero tanto el Gobierno como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aspiran a que entre Valencia y el Ejecutivo también desea que haya partidos en Vigo. Según El Mundo, la RFEF modificó la puntuación de las sedes en el proceso de selección y dejó fuera a Vigo, lo que ha provocado la reacción del alcalde vigués, Abel Caballero.

La FIFA exige siempre varios compromisos a los países que aspiran a acoger sus torneos. Ni es algo nuevo (aunque los requisitos habrán cambiado con el paso de los años) ni afecta solo a España. Los gobiernos de todos los países que van a acoger el Mundial 2030 han tenido que comprometerse a lo mismo, como antes lo hicieron Catar, Rusia, Brasil, etc.

El 30 de julio de 2024, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que recogía todas las garantías exigidas por la FIFA, desde el tratamiento fiscal a las telecomunicaciones, pasando por los visados, la seguridad o la publicidad.

"La documentación elaborada por la FIFA, a los efectos de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030, exige que los poderes públicos se comprometan con una serie de declaraciones y otorguen varias garantías en relación con diversos aspectos", recoge el acuerdo del Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso Relevo tras una solicitud de acceso a la información pública.

A lo largo de 31 páginas, el Gobierno detalla esas garantías, que se dividen en siete bloques, además de una declaración general:

Algunos compromisos necesitarán modificaciones normativas en los próximos años, otros simplemente aligerar procedimientos que ya existen. La coordinación del trabajo gubernamental corresponderá a la 'Comisión Interministerial para la preparación y organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030' creada en febrero.

Esta comisión es un órgano similar al constituido para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y estará presidido por la ministra de Deportes, Pilar Alegría. Además de los ministerios, también tendrán voz la RFEF, la FIFA, el Comité Olímpico Español (COE) y el Comité Paralímpico Español (CPE).

En la declaración general, antes de detallar las garantías exigidas por la FIFA, el Gobierno se compromete a que tratará igual a todas las selecciones, incluidas las de aquellos países que no reconoce, "sin que ello pueda entenderse como una modificación de la posición del Gobierno de España sobre el eventual reconocimiento de un Estado".

Entre los países que España no reconoce, solo hay uno que tiene opciones de participar en el Mundial 2030: Kosovo. El compromiso del Gobierno garantiza que en caso de que participe y le toque jugar en alguna de las sedes españolas, podrá sonar su himno y su bandera lucirá junto a las del resto de participantes en los estadios.

Entre las garantías dadas por el Gobierno a la FIFA están las relacionadas con los visados. En concreto, y aunque existe alguna salvaguarda, España no exigirá visados de entrada o permisos de residencia a personal relacionado con el Mundial.

Ese compromiso tiene varios niveles. Para los miembros de la FIFA, entró en vigor en el momento de la elección de España como sede y se mantendrá hasta seis meses después del torneo. Una garantía similar habrá con los permisos de trabajo.

"La FIFA, la entidad de reparto, todas las entidades de reparto conjunta y cualquier otra filial de la FIFA, tengan o no su sede social en España, así como cualquier fondo de legado, estarán totalmente exentos de impuestos en España", dice otra de las garantías. Ese compromiso tiene una excepción: el IVA.

El Gobierno explica que la Directiva 2006/112/CE del Consejo puede restringir esa exención. Para resolverlo, detalla que "se cooperará amistosamente con la FIFA para encontrar una solución que proporcione esta exención del impuesto en la medida en que sea posible". Además, "garantizará la implementación de un sistema preferencial de devolución del IVA para las entidades exentas".

También especifica que "no se recaudarán impuestos sobre los beneficios obtenidos" por "la FIFA, la entidad de reparto, cualquier entidad de reparto conjunta o cualquier otra filial de la FIFA o en relación con cualquier fondo de legado".

En cuanto a la seguridad, el Gobierno "velará por la aplicación de todas las medidas de seguridad y protección (...) que sean necesarias para garantizar el más alto nivel de seguridad y protección de todas las personas", para lo que "se desplegarán todas las fuerzas policiales, bomberos, gestión de emergencias, servicios sanitarios, fuerzas antiepidémicas, unidades antiterroristas, unidades especiales y unidades de inteligencia necesarias a nivel estatal, autonómico y local, incluidas todas las medidas antiterroristas y de ciberseguridad necesarias".

Además de las delegaciones de los equipos, la garantía incluye especial protección para los oficiales de partido, el presidente de la FIFA y los miembros VVIP y VIP de la FIFA. En esos casos, siempre según los informes policiales, se facilitarán las escoltas policiales necesarias.

Antes de elegir a España como sede, la FIFA también recibió garantías sobre la publicidad, la distribución o el consumo de sus productos. Y en concreto, de las bebidas alcohólicas.

"No habrá restricciones o prohibiciones legales en España en relación con la publicidad, la señalización, la promoción, la venta, la distribución o el consumo de cualquier producto o servicio de la FIFA, de cualquier afiliado comercial de la FIFA o de cualquier proveedor de servicios de la FIFA, incluyendo, para evitar cualquier duda, cualquier alimento o bebida (alcohólica o no alcohólica), en o dentro de los estadios y otros sitios utilizados para la competición, cualquier prueba de evaluación y/o cualquier competición", recoge el acuerdo del Gobierno.