La Audiencia Provincial absuelve tras ocho años de investigación a Jorge Pérez, Castillón e Isabel Navas por el 'Caso Haití' que acorraló a la RFEF

El pasado 12 de febrero arrancó en Madrid el juicio por el 'Caso Haití' en la Audiencia Provincial y este miércoles se ha conocido la sentencia por la que todos los investigados quedan absueltos tras ocho años de investigación (Jorge Pérez, José María Castillón e Isabel Navas). El lío federativo salió a la luz en 2016, aunque los hechos se produjeron en 2010, tratándose un posible delito de fraude con cuatro subvenciones que la RFEF debió conceder y cuyo dinero nunca tuvo un carácter finalista. En este caso, Ángel María Villar, expresidente de la Federación, quedó apartado en 2021.

Sin embargo, y pese a esa absolución en un asunto que pasó por el mismísimo Congreso de los Diputados, buena parte de su equipo de trabajo, como Jorge Pérez (secretario general aquellos años), José María Castillón (exadministrador general) o Isabel Navas (fue directora de la Fundación y sigue hoy en Las Rozas en la sección de fútbol femenino) sí fueron investigados y estaban acusado por haber participado en la supuesta trama. En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión y una multa de 600.000 euros para los tres directivos, además de otro año de prisión e inhabilitación por un presunto delito de apropiación indebida. Y para dos de ellos, otros seis meses de cárcel por un delito de falsedad de documental. A todo eso había que sumar la petición de multa de 700.000 euros a la RFEF, que también ha quedado absuelta. Hoy, acabó un calvario que incluso en algunos casos ha conllevado ciertos problemas de salud.

En esta investigación, según ha podido saber Relevo, participaron hasta 20 testigos fueron pasando por el juzgado hasta el 14 de febrero. Uno de ellos fue Miguel Cardenal, el expresidente del CSD que pidió justificar a la RFEF de Villar las inversiones realizadas con la subvención de más de un millón que le daba anualmente y a la que la RFEF renunció, en un principio por generosidad con las federaciones y después para no rendir cuentas. Emilio García Silvero (ahora en FIFA y entonces jefe de los servicios jurídicos de la RFEF) fue otro de los testigos que acudieron al juzgado, así como otros empleados de la Federación y algunos cargos con responsabilidad que pasaron por el CSD.

Nació por una investigación del Consejo Superior de Deportes (CSD) debido a que la RFEF no justificaba debidamente las subvenciones otorgadas por el Gobierno. Y esta persecución, con el objetivo de reclamar ese dinero y reingresarlo al erario público, fue aprovechada por Miguel Ángel Galán para sumarse al caso con una querella contra la RFEF y Villar. Galán, director de CENAFE e histórico azote de la RFEF hasta que Louzán ha pactado con él y le ha concedido las titulaciones que reclamaba desde hace años para 22.000 técnicos deportivos de grado medio y superior, ya vivía este caso con mucho menos ardor que antes. De hecho se salió de la causa hace años cuando Villar ya quedó fuera de la investigación y ni siquiera declaró como testigo al estar en ese momento en Estados Unidos.

En esta investigación se da la circunstancia de que Luis Rubiales intentó en septiembre de 2023 maniobrar para evitar un juicio donde hay 1,5 millones de euros en el limbo. La RFEF alegó entonces en el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid, cuya titular es Hortensia de Oro-Pulido que, que el delito está prescrito puesto que los hechos se remontan a 2010. Ahora, la RFEF había pedido el aplazamiento del juicio por el hecho de que hace meses despidió a sus abogados penalistas y no los había sustituido. Algo que ha tenido que hacer a la carrera porque su petición de suspensión fue aplazada.

El 'Caso Haití' se originó cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó a la RFEF una subvención de 1.222.000 euros a la Fundación para destinarla a cuatro proyectos, algunos de ellos para promover la candidatura de España al Mundial 2018. Según El Mundo, 219.500 euros debían ir destinados al Programa Proyecto Haití con el objetivo era construir una escuela de fútbol tras el terremoto que dejó 316.000 muertos. Sin embargo, la Federación no justificó al menos 176.000 euros de esa partida, y vio cómo se le sumaban 338.431,13 euros por intereses de demora, y al destino sólo llegaron algunas botas y porterías.

La cuantía se abonó después, y los peritos aseguraron en sede judicial que había firmas falsificadas, por lo que aún quedaban muchos flecos por resolver. Según la investigación había facturas fuera de fecha, se encontraron nóminas de técnicos que no viajaron nunca a Haití nunca, facturas de material para 600 alumnos pese a que la escuela fantasma era para 150 niños y sólo dos trabajadores viajaron a la zona en 2011 y uno de los billetes, con escala, costó 15.500 euros. El País llegó a publicar que la RFEF y el CSD manipularon cartas entre ellos para justificar en 2010 aquellas subvenciones sin justificar.

Todo eso ya queda archivado. Los investigados, radiantes, están celebrando una sentencia que llevaban mucho tiempo esperando.