Crece el deseo, entre la oposición a Rocha, de que el Gobierno olvide su pasotismo e intervenga la RFEF

Estalla la Federación y es lógico mirar rápido hasta la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). Las federaciones deportivas son entidades híbridas, de naturaleza privada pero con delegaciones públicas al representar a España y con propiedades exclusivas concedidas por la ley. Su organización depende del Consejo en cierta medida, que tiene que aprobar sus reglamentos electorales y ejerce de juez en muchos conflictos, pero en muchos ámbitos actúan como empresas privadas.

El problema ahora en la RFEF es que el agujero es tan hondo por las numerosas crisis encadenadas que hay voces que piden que haya una intervención de inmediato. Porque a los conflictos conocidos por la gestión de Luis Rubiales se suma un proceso electoral con tremendas disputas internas de carácter legal y una indefinición en el liderazgo de la institución rectora del fútbol español.

En esta corriente hay presidentes de federaciones territoriales que articulan la oposición a Pedro Rocha, y también empleados y directivos de peso, que consideran en privado que una intervención sería la salida óptima para esta crisis. Un impasse corto para poner en orden algunos asuntos y dirigir un proceso electoral sin dudas. Otros críticos, con Miguel Galán a la cabeza ―denunciante que prendió la última investigación―, ni se cortan: "Es la única salida. Y que sea cuanto antes". Una teoría que, off the record, ya no sólo la deslizan aquellos que no comulgan con la actual dirección, sino muchos otros que forman parte del sistema, incluso desde dentro de la RFEF, y ven todo atascado.

Todos saben de las complicaciones que podría tener esto. O, al menos, las que siempre se ha dicho (sobre todo desde la RFEF, muy interesada en esa protección externa) que podría tener. "El Gobierno podría actuar hasta donde hubiese pactado previamente con FIFA y con UEFA. Si lo pactan no habría problema alguno, la clave es que no vayan por libre", explican expertos en la materia. Es importante, para algunos, este pacto con FIFA, pues en su pasado reciente hay casos como los de Kuwait, Nigeria o Sri Lanka en los que ha impuesto sanciones graves al considerar que se estaba dando una excesiva injerencia pública. Para otras fuentes consultadas, FIFA nunca entraría una "castigar" una decisión ejecutiva de un Gobierno, y menos en un contexto como este en España. De hecho, sería más factible lo contrario: que ante la imposibilidad de alcanzar unas elecciones, interviniera para llevarlas a cabo. FIFA sí ha actuado en Federaciones que no tienen la capacidad de alcanzar una gobernanza normal, siempre en sitios donde el ente federativo está menos desarrollado, a años luz de las posibilidades de la RFEF, que es una de las más potentes del mundo.

Pero es cierto que esa norma, arcaica o no, está ahí. Con el reglamento en la mano FIFA podría sancionar injerencias gubernamentales. Nunca se ha dado en países occidentales, pero en España hay precedentes de que esta cuestión forme parte del debate público. En algunos de sus momentos más difíciles, Ángel Villar amenazó en ocasiones con acudir a la FIFA, indicando que con eso se podría llegar incluso a inhabilitar a la Selección española. Rubiales también emuló a su antecesor en ocasiones buscando la misma reacción, que la FIFA protegiese su independencia absoluta (sin ningún éxito, por cierto). En cualquier caso el llamativa la intención actual de algunos directivos. Una clara muestra de la desesperación que empieza a cundir.

Esta situación sería mucho más fluida, claro, si el proceso se hace de la mano de FIFA, que como ya informó Relevo está preocupada por los acontecimientos que se están dando en la Federación, más todavía con la concesión del Mundial 2030 de fondo con una final que apuntaba al Santiago Bernabéu. De hacerse así, algunos barones no ven descabellado que "el CSD tutele la Federación, active mecanismos para poner a gente al frente durante un periodo". Añaden que se puede llegar a esto "aunque sea alargar las elecciones un año más para normalizarlo todo, porque así es imposible".

Uno de los nombres más recurrentes entre los opositores a Rocha es Salvador Gomar, presidente de la federación de la Comunidad Valenciana que se postula para ser presidente. Él ha intentó en el pasado que el CSD se involucrara más en el proceso electoral que se iba retrasando y dejase más claras las pautas y a qué se tienen que atener quienes quieran concurrir en esos comicios.

De hecho, el valenciano envió una carta el pasado 18 de febrero a Fernando Molinero, director general de deportes del CSD, desvelada por Relevo, para solicitarle que el Consejo tome cartas en el asunto. En ese momento el motivo de disputa era si las elecciones se tenían que realizar solo a la presidencia de la RFEF o si por el contrario se tenía previamente que hacer una elección para la Asamblea. Gomar fue muy contundente: "Que se adopten las medidas que en Derecho procedan para asegurar el respeto a la legalidad vigente, se depure, en su caso, las responsabilidades a que hubiere lugar y se garantice que el proceso electoral en la RFEF se lleva a cabo con las debidas garantías, instándose, si fuera preciso, desde el propio CSD, la convocatoria de elecciones siguiendo los cauces legales", decía en la misiva. Algunos otros barones, visto lo acontecido en estos días, empezarían a comprar estas tesis y a asumir que los poderes públicos pueden ser una buena solución para este desaguisado.

Aunque el CSD se haya mantenido casi siempre ajeno a lo que ocurre en la RFEF, algunas demandas sí han ido llegando. Ha ocurrido con frecuencia con escritos enviados por Miguel Galán, presidente de CENAFE y de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, aunque la mayoría de ellas los intentos cayeron en vía muerta, bien por problemas de índole administrativo o, según acusaba el demandante, por una cierta falta de interés en entrar en estos temas.

Otros temas que involucraban a Rubiales también han pasado por la mesa del CSD, con una denuncia de 2022, pero no se reaccionó ni se personó como acusación particular. En aquel instante José Manuel Franco, que era el secretario de Estado, optó por no llevar el caso al TAD al haber un proceso judicial ya abierto.

De momento no se espera movimiento en el CSD. El secretario de Estado José Manuel Rodríguez Uribes ha lamentado que "la codicia de algunas personas les haya llevado a caer en la tentación de la corrupción" y se dijo disgustado e indignado por lo ocurrido y por el daño reputacional que sufre el fútbol español, pero también señaló que este proceso corresponde a la Guardia Civil y al juzgado.

El problema para la imagen del fútbol español es evidente, e incluso puede tener consecuencias futuras. Aunque la organización del Mundial 2030 no parece peligrar, la opción anhelada por Marruecos de que la final sea en Casablanca y no en Madrid es mucho más sencilla si España no es capaz de solucionar sus asuntos.