Los directivos apartados por la RFEF siguen cobrando su salario

Los cinco ejecutivos apartados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante las últimas semanas siguen cobrando su salario íntegro del ente federativo. Así lo decidió Pedro Rocha, por entonces presidente de la Comisión Gestora, tras poner sus casos en manos del despacho de abogados Sagardoy, especialistas en derecho laboral. Fuentes federativas señalan que los letrados le recomendaron no destituir a los directivos y esperar a que se resuelvan su casos —algo que podría dilatarse durante años— para evitar así cualquier denuncia por despido improcedente o posible prevaricación cuando no presidía de forma electa la institución. El mismo despacho fue contratado en algunas ocasiones por Luis Rubiales en su etapa en AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y es quien lleva también las negociaciones por parte de la RFEF en el despido del exseleccionador, Jorge Vilda. 

Tanto Pedro González Segura —director de los Servicios Jurídicos— como José Javier Jiménez —responsable del departamento de Operaciones y Personas— y Miguel Ángel García Silvero —técnico de la Federación y el encargado de informar sobre las obras y preparar las ofertas de las constructoras— fueron relegados de sus funciones el 21 de marzo, tan sólo un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpiera en la sede Las Rozas. Aunque la identidad de este último no fue revelada en el comunicado que envió la RFEF en el que anunciaba la apertura del expediente sancionador de González Segura y Jiménez, Relevo ha podido confirmar que los tres fueron apartados de su trabajo y de sus funciones.

Aunque en un primer momento pudiera parecer un despido, lo cierto es que los tres siguen cobrando su salario íntegro del ente federativo, pues la decisión de Pedro Rocha y la Comisión Gestora fue tan sólo la de apartarles debido a su imputación en la causa que la jueza de Majadahonda, Delia Rodrigo, investiga por el contrato de la Supercopa con Arabia y el entramado societario que la cúpula de Luis Rubiales habría creado para conseguir presuntamente partidas económicas a título personal.

No se siguió el mismo criterio con Albert Luque —director de la Selección española— y Rubén Rivera —director de marketing—. Aunque ambos fueron imputados el pasado 27 de septiembre en el 'Caso Rubiales' por un presunto delito de coacciones a Jenni Hermoso, no fue hasta el 27 de marzo, seis meses después, cuando la RFEF decidiera apartarles de su cargo. Fue tras conocer la petición de año y medio de cárcel que la Fiscal incluyó en su escrito de acusación.

Distintos criterios pero una única decisión: todos siguen cobrando su salario de la RFEF. Mientras que el comunicado sobre los primeros apuntaba a la apertura de un expediente sancionador, con los últimos simplemente se anunció que dejarían de ejercer sus tareas "hasta que se esclarezca este asunto judicial", pero ni rastro de la apertura de un posible expediente que sería el primer paso para llegar a un acuerdo para que ambos trabajadores finalicen su relación contractual con la RFEF.

Así lo confirma la carta que el propio Albert Luque enviaba a la RFEF tras conocer la decisión: "Me refiero a su comunicación del pasado día 28 de abril de 2024, en la que me comunican que quedo suspendido de empleo e inhabilitado de mis funciones profesionales "mientras se depuran las consecuencias de índole profesional" derivadas del escrito de acusación por coacciones emitido por la Fiscalía".

Quien sí fue despedido de forma fulminante fue Tomás González Cueto, pues su contrato era una relación mercantil a través de su despacho de abogados GC Legal. En su caso, Rocha decidió rescindir el contrato externo y revocar todos los poderes en los procedimientos judiciales en los que Cueto como Ramón Caravaca u otros letrados del despacho pudieran ejercer representación de la RFEF.

A pesar de su imputación en el 'Caso Soule' son cinco presidentes de Federaciones territoriales los que han continuado al frente de la gestión federativa en los últimos años. De hecho, uno de los principales motivos por los que Rocha no quería desprenderse de Tomás González Cueto era porque coordinaba, a través del mencionado despacho, la acusación particular de la RFEF en la causa.

Entre los investigados, a los que el tribunal español les imputa delitos relacionados con la gestión irregular de fondos públicos y privados, cinco son, actualmente, presidentes de Federaciones territoriales y asambleístas actualmente en la RFEF: Jacinto Alonso, que añadió el pasado mes de octubre el área de Igualdad a las funciones directivas de sostenibilidad y responsabilidad social que actualmente desempeña en la RFEF; José Miguel Monje, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala; José Ángel Peláez, presidente de la Comisión de Segunda División "B" y Tercera División; Diego Martínez, presidente del Comité Nacional de Fútbol Playa; y Antonio Gaona, vicepresidente Responsable del Fútbol Sala Femenino.