El entorno que se construyó Rubiales (con jugosos salarios) para jugar en las ligas mayores

Tomás González Cueto era el cerebro del rubialismo, el estratega legal de una institución que tenía decenas de frentes judiciales abiertos. Él, como otros muchos de los miembros de la cúpula de la RFEF de aquellos días, se ve sentado en el banquillo, observando procesos judiciales que, ahora sí, le atañen directamente. Como persona, no como miembro destacado de la federación.

En el sumario de la Operación Brodie es fácil descubrir que González Cueto no solo era un profesional clave para cualquier proceso, sino que también era uno muy bien remunerado. Existe, por ejemplo, una conversación intervenida entre Rubiales y Pedro González Segura en la que el primero dice que Cueto "tenía un despacho que facturaba 500.000 euros y ahora tiene uno que factura tres millones". Entre los papeles de la operación se llega a asegurar que hubo dos pagos de 45.000 euros de Gruconsa, la constructora que vertebra las sospechas de la juez, y GC Legal, el bufete de Cueto.

Es por eso que, ahora que la instrucción ha cogido vuelo, uno de los problemas a los que se enfrenta Cueto versa sobre lo muy rentable que le salía ser una de las personas clave en la Federación. El abogado del Estado, de quien todo el que le conoce destaca su capacidad profesional, tenía unos largos tentáculos en el deporte español. Tenía relación con el baloncesto, con el Comité Olímpico, fue miembro del TAD…

La remuneración de González Cueto era alta —su asesoría externa incluía una función bastante particular como comisionado de control externo, que se dedicaba a supervisar y en su caso aceptar los contratos de la federación— y eso ahora, cuando la cosa es dirimir dónde fue el dinero, puede ser un problema. Por todo ello ha enviado un escrito al juzgado que ha revelado El Confidencial en el que explica que sus emolumentos pueden parecer muy altos, pero que lo son menos si la comparación no es con la sociedad en general, sino con la RFEF en particular.

Según González Cueto, Andreu Camps cobraba 338.000 euros, Albert Luque, 310.000; Ana Muñoz, 240.000; Alfredo Olivares, 290.000… Son, efectivamente, salarios propios de muy altos directivos. Bien es cierto que fuentes que conocieron el tiempo de Villar y de Rubiales señalan que cuando llegó este último a la presidencia, una de sus obsesiones fue rodearse de perfiles profesionales más altos. Quería conseguir un equipo fuerte con el que explotar mucho mejor el enorme potencial del fútbol español y, también, poder ir a la guerra contra otras instituciones de gran tamaño, como podía ser LaLiga. Eso, en parte, explica los sueldos.

También explica el regimiento de abogados que se convirtieron en la guardia pretoriana de Rubiales. González Cueto era el punto central, con un pie dentro y otro fuera de la casa. Como secretario general se posicionaba Andreu Camps, el bastión más importante dentro de la estructura.

El recorrido de ambos en el deporte es largo y conjunto, de hecho llegaron a compartir mesa en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El TAD, desde que se reformó en el año 2013, es tanto el órgano sancionador deportivo más alto como, y esto es muy importante, el que se dedica a resolver los múltiples conflictos que se dan en los procesos electorales federativos. Es decir, tanto Camps como Cueto tenían una mirada bastante amplia sobre cuáles son los límites —y hasta dónde se puede forzar— en el ámbito federativo. Camps, además, dirigió un máster de derecho deportivo en Lleida que ha sido durante años una de las principales canteras de abogados del deporte español, lo que le ha permitido conocer y casi criar algunos de los nombres vinculados a la RFEF.

Abogado es también Pedro González Segura (190.000 euros de salario), que está en el centro de la Operación Brodie porque su hermano era el delegado de Gruconsa en Andalucía y esta empresa hizo la reforma del Estadio de La Cartuja, uno de los puntos calientes de la investigación. Segura era, hasta que se le rescindió el contrato, el jefe del gabinete jurídico, cargo que previamente había ocupado Miguel García Caba (210.000 euros). Entre ambos la relación no era buena y, de hecho, en una guerra de poder interna Rubiales le dio a Segura el puesto de Caba, que terminó de responsable de Integridad. Fue despedido de la Federación por un controvertido informe tras los hechos sucedidos tras la final del Mundial femenino en Australia.

El compendio de nombres aportado por González Cueto en su afán de demostrar la normalidad de sus ingresos incluye también, no de manera casual, a figuras que siguen en la Federación y ya fueron importantes con Rubiales. Son casos como el de Elvira Andrés (190.000), que tras la salida de Rubiales no ha hecho más que coger peso en la RFEF hasta ser una de las principales asesoras de Rocha, o José María Timón (en torno a 220.000 euros), que fue jefe de gabinete de Rubiales y actualmente se desempeña en la candidatura de Mundial.

También aparece Ana Muñoz (un salario superior a los 240.000 euros), un caso particular. Después de haber pasado por el CSD o la agencia antidopaje, Muñoz fue contratada casi como un marchamo de calidad, una demostración de fuerza con alguien de mucho prestigio en el mundo del deporte. Tan cierto es eso como que no duró mucho en sus atribuciones y terminó saliendo peleada de la entidad.

Las dinámicas en un grupo como el que asesoraba a la RFEF en esta época no son una foto fija, se puede ver en el caso de Alfredo Olivares, que pasó de ser una de las figuras más importantes del grupo a caer en un segundo plano y, con la llegada de Rocha, retomar fuerza para finalmente marcharse. Fuentes que conocieron el tiempo de Rubiales en la RFEF explican que estos procesos de auge y caída son menos sorprendentes si se tiene en cuenta el carácter del dirigente.

Y, como no todo es cosa de abogados, entre los nombres que ha incluido González Cueto en su lista también hay otros como el del exfutbolista Albert Luque (310.000 €), persona de gran confianza de Rubiales y actualmente encausado por coacciones a Jenni Hermoso. Tanto él como Rubén Rivera trabajaban en otro plano dentro de la RFEF, pero pertenecían igualmente al círculo más cercano.

Muchos de ellos, de hecho, terminaron juntos en un chalet en Salobreña, un evento en el que los protagonistas aseguran que se dio una reunión de trabajo, aunque las investigaciones señalan más a una fiesta que a otra cosa. Esa red es ahora más compleja, pues muchos de ellos se enfrentan a procesos judiciales derivados de su labor en la federación. Toca defenderse, como está haciendo González Cueto.