Cae en Granada una red que traficaba con futbolistas adolescentes

Una promesa: ser futbolista profesional. Una inversión: 5.000 euros. Un requisito: empezar en categorías inferiores para luego dar el salto a la élite. Y, en definitiva, un futuro prometedor ligado al balón en España. Este era el modus operandi que empleaban dos redes criminales para cazar a jóvenes talentos, principalmente de origen brasileño, traerlos hasta Granada y estafarlos. Así lo ha desvelado la Policía Nacional, que hace tres meses puso en marcha las operaciones Gol y Alevines, las cuales se habrían focalizado en dos clubes de la provincia granadina. Más concretamente en el Cubillas y el CD Base Gabia, según ha adelantado el diario Ideal y también ha podido saber Relevo.

Todo comenzó a raíz de la denuncia de un jugador y su entrenador. Tras ser fichados en su país de origen, se desplazaron hasta el Área Metropolitana de Granada con el objetivo de formarse y crecer a través de la participación en competiciones deportivas. El acuerdo era sencillo: la familia abonaba 5.000 euros requeridos para recibir alojamiento, manutención, desplazamientos, seguro médico privado y matrícula en un centro docente oficial para, así, obtener la residencia legal por estudios en España. De este trámite, se encargaba, en teoría, la abogada de la escuela-club. Las jóvenes promesas del fútbol se darían a conocer en España con la intención de ser captadas por equipos más grandes y obtener un gran futuro en el mundo del balón. Pero nunca se llegó a cumplir nada.

Para empezar, residían en casas facilitadas por los clubes y su estado era de hacinamiento. Apenas tenían comida. Tampoco lograban su regularización, pues de modo sistemático, según explicó la Policía, los expedientes de regularización en la Oficina de Extranjeros de Granada siempre terminaban inadmitidos a trámite o denegados. ¿El motivo? Que en la práctica totalidad de los casos la documentación presentada se encontraba incompleta o bien fuera de plazo. Pero es que, además, ninguno de los jugadores asistía a clase, pese a que en dichos expedientes sí que se aportaban matrículas de centros docentes.

Ante ello, las redes solicitaban cada mes entre 1.500 y 1.700 euros más a cada familia, además de los 5.000 euros ya citados anteriormente. Todo ello para tramitar unas fichas federativas que siempre tenían problemas, pero cuya realidad es que, para ellas, sólo se exige un pasaporte en vigor, según la Federación Andaluza de Fútbol.

Así, a sabiendas de que tenían 90 días -es lo que dura el visado de turista-, se aprovechaban de ello para exigir cada vez más dinero a las familias hasta que estas no pudieran asumir más gastos y, dentro de ese plazo, los jugadores tuvieran que volverse a su país porque si no, se quedaría en situación irregular en España.

Tras recopilar toda la información, la Policía Nacional hizo una primera intervención el pasado 7 de febrero, donde retiraron a cinco menores de edad, todos de origen brasileño, que tras ser puestos bajo tutela de la Junta de Andalucía ya han sido devueltos a sus familias en Brasil. Si bien, comprobaron que la cifra de jugadores alcanzaba la treintena, pero no eran los únicos.

En otro club de la provincia, situado en un municipio cercano, había otros 40 jugadores, mayoritariamente de Brasil, que también habían llegado a España bajo el mismo pretexto y que residían en una casa propiedad de los directivos.

Los dos clubes-escuela implicados en esta trama son el Cubillas y Base Las Gabias. El primero, cuyo equipo milita en División de Honor Andaluza, es una entidad de la localidad de Albolote que nació en el año 2012 y cuya presidenta y fundadora es, precisamente, de origen brasileño. Este club, según avanza Ideal, nació con la promesa de su presidenta de convertirse en referente del fútbol español, pero las deudas con los futbolistas del mismo fueron la tónica general durante estos años. El otro, el CD Base Gabia, se fundó hace unos tres años y su primer equipo milita en Tercera Andaluza Sénior.

Tal y como ha informado la Policía Nacional, las operaciones Gol y Alevines se han saldado con once detenidos y otras dos personas investigadas, como presuntos integrantes de una trama criminal compuesta por tres eslabones.

El primero: los captadores, residentes o desplazados hasta los países de origen de los estafados. El segundo: los propietarios de centros docentes que certificaban falsamente la matriculación de extranjeros para que pudieran obtener los visados y facilitarles el acceso en la frontera. Y el tercero: el equipo directivo, encargado de diseñar la estrategia, adquirir o alquilar las viviendas donde alojarlos y simular trámites para estafar a las familias.