El juez de Compliance de la RFEF aseguró en su informe sobre la Supercopa en Arabia la "plena legalidad jurídica y económica" del contrato

A las 11:00 horas de esta mañana estaba citado en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Majadahonda, Francisco Javier Puyol, responsable del área de Compliance de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque no fue hasta pasadas las 12 del mediodía cuando comenzó su declaración como testigo del 'Caso Brodie'. Puyol, magistrado en excedencia y exletrado del Tribunal Constitucional, fue quien escribió el informe de Compliance sobre el contrato de Arabia el 26 de mayo de 2022, a posteriori de la rúbrica del acuerdo entre la institución, presidida por entonces por Luis Rubiales, con el país saudí para la celebración de la Supercopa de España en su territorio.

Puyol se ha especializado en sus últimos años profesionales como experto en Compliance con obras como "Las conductas típicas en los delitos corporativos", que firma junto a Carlos Franco Blanco y Carmen Román Porres. En ellas, asegura que con esta guía "se busca garantizar una conducta más transparente y ética". Sin embargo, en el informe que firmó, ahora hace dos años en la RFEF, parecía señalar todo lo contrario.

En el documento de 26 páginas al que ha tenido acceso Relevo en exclusiva llama la atención ya desde el titular: "Informe del Órgano de Cumplimiento Normativo de la RFEF a propósito de las informaciones surgidas con relación al contrato de la Supercopa de España en Arabia". Su análisis no se centró únicamente en el contrato como tal, firmado en septiembre de 2019, sino en cómo reaccionaron los medios de comunicación a raíz de los audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales que El Confidencial publicó en abril de 2022.

Entre sus conclusiones, sobre las que ha respondido a la jueza titular de la investigación, Delia Rodrigo, incluyó en el mencionado informe al que se han acogido alguno de los imputados, la "plena legalidad jurídica y económica del contrato". Y fue más allá, al asegurar por escrito que "no existía evidencia alguna que determinara la posible existencia de conflicto de interés con relación a la suscripción, otorgamiento y ejecución de dicho contrato".

Quien fue miembro del departamento entonces liderado por Elvira Andrés —quien también declaró como testigo en la instrucción— y actualmente máximo responsable del área de Compliance, confirmaba en el escrito firmado por él mismo como parte del Órgano de Cumplimiento Normativo de la RFEF que "no existió ni el cobro ni tampoco el pago de comisiones, ya fueran legales o ilegales, por parte de la RFEF". Quizás se olvidó de valorar lo que ahora sí investiga la justicia ordinaria: si las comisiones eran abonadas por la otra parte contratante, es decir, Arabia Saudí, al imponer la RFEF el pago de las mismas a un tercero, Kosmos, a cambio de un posible retorno de la cuantía económica a las cuentas de algunos ejecutivos de la Federación.

En otro de los puntos, Puyol concluye algo que el propio Andreu Camps, exSecretario general, o Luis Rubiales aseguraron en sus declaraciones. Ambos confirmaron ante la jueza que había otras ofertas económicas por celebrar la Supercopa de España fuera del territorio nacional. Sin embargo, el juez de Compliance ratificó en su informe que "la única oferta contractual firme fue llevada a cabo por SELA, la empresa pública de Arabia Saudí".

Además, Puyol se pronunció sobre el salario que entonces recibía el presidente de la RFEF, Luis Rubiales:. "Su composición en diferentes partidas, fija y variable, es plenamente ajustado a derecho, sin que plantee cuestiones éticas trascendentes". A pesar de ello, semanas después el expresidente de la Federación aprobó en Asamblea su nuevo salario de 675.761,87 euros, sin retribución variable, además de 3.000 euros mensuales en concepto de ayuda a la vivienda.

El informe también hacía referencia a una de las cuestiones por las que le preguntó el Fiscal en su declaración este martes: la existencia de un informe favorable del Comité de Ética de la RFEF. Ahí es donde diversas fuentes señalan que Puyol entró en contradicción ante la jueza. Como hizo en su día, se apoyó en dicho informe, pero sin reflejar que también era un documento realizado posteriormente a la firma del contrato, en concreto, en noviembre de 2019 cuando el acuerdo con Arabia se firmó dos meses antes.

Por último, Puyol hizo una severa crítica a los medios de comunicación al asegurar que existió "una vulneración de los derechos fundamentales de Luis Rubiales" ya que la información que se publicó se consiguió, según él, de forma ilícita. Hoy ha tenido que defender aquel documento, y responder como ha podido a la pregunta del fiscal si fue un documento que firmó para descargar de responsabilidades, como miembro externo a sueldo de la RFEF que es, al entonces presidente.