Elvira Andrés, jefa de gabinete de Pedro Rocha, declarará en el juzgado dos meses después de hacerlo ante la Guardia Civil

Uno de los nombres más pronunciados en las declaraciones de los testigos e investigados en la causa que la jueza Delia Rodrigo investiga en el Juzgado de Majadahonda en torno a las irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es el de Elvira Andrés, actual jefa de gabinete de Pedro Rocha y quien fueradirectora de Compliance durante la firma del contrato de la Supercopa.

Como ya adelantó Relevo, Andrés fue citada a declarar en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos el 21 de marzo, un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) registrara la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En aquella ocasión los agentes tan sólo hicieron ocho preguntas, en las que aseguró que entró en la Federación en 2018 "con el cometido de elaborar el Compliance, encuadrado en un departamento denominado de Cumplimiento Normativo". Además, Andrés amplió que "aunque ha cambiado varias veces de denominación, hasta que ella llegó no había normas que regularan este tipo de ámbito, pues sólo había una normativa de FIFA pero que no era de aplicación en el ordenamiento jurídico español". Confirmó a los agentes que su cargo "dependía de Tomás González Cueto, aunque en enero de 2020 Luis Rubiales la nombró vicepresidenta".

En otra de las cuestiones, Andrés negó a la Guardia Civil haber formado "parte de la comisión económica de la RFEF y que tampoco desde su faceta de control normativo tenía capacidad para fiscalizar las decisiones que se tomaban en dicha comisión". Sobre el pago de las facturas relativas a los servicios jurídicos de la Federación, la actual jefa de gabinete de Pedro Rocha aseguró que "el pago de las facturas estaba diversificado en relación al ámbito al que se dedicaba el servicio, aunque conforme iban subiendo de importe necesitaba la aprobación de algún superior". Al ser preguntada por esa figura, respondió que "no sabría decir a partir de qué importe, pero sí que en relación a las facturas por servicios jurídicos el encargado de aprobarlas era Pedro González Segura".

Lo que aseguró desconocer Andrés es quién era la persona responsable o departamento de la RFEF encargado de la contratación de obras y de recibir los correspondientes presupuestos para presentarlos en la Comisión Económica. En ese momento, apareció el nombre de Gruconsa en las preguntas de la Guardia Civil. Elvira explicó que "tuvo conocimiento", aunque no supo concretar cómo lo tuvo, de que "Gruconsa iba a ser la empresa encargada de realizar las obras de remodelación del estadio de La Cartuja de Sevilla para la celebración de la Eurocopa 2021, aunque no participó en el proceso de selección de esa empresa", al tiempo que "en ese momento no recordaba de qué manera se realizó la adjudicación".

Andrés, en cambio, sí supo confirmar a la Guardia Civil que sabía que "Ángel González Segura trabajaba para Gruconsa y que su hermano Pedro hacía lo propio para el departamento jurídico de la Federación". Sobre GC Legal, el despacho de abogados de dos de los investigados, Tomás González Cueto y Ramón Caravaca, Elvira confirmó a los agentes que era el bufete que "cobraba una tarifa plana por los servicios que prestaba Tomás González Cueto como comisionado de control externo y que aparte cobraba por cada pleito que llevaba para la RFEF". Sin embargo, de nuevo aseguró desconocer que "el procedimiento para la contratación de los servicios jurídicos por parte de la Federación", ya que "cuando se incorporó en 2018 GC Legal ya era la empresa que se encargaba" de aquello.

Ahora la jueza ha citado a Elvira Andrés para pueda responder, esta vez en sede judicial y en calidad de testigo, a las preguntas que tanto ella como el Fiscal como las acusaciones quieran hacer para esclarecer el entramado que se investiga desde junio de 2022 tras la denuncia de Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el deporte. Será el próximo 24 de mayo en el Juzgado Nº4 de Instrucción de Majadahonda.

En el mismo auto la jueza, además, aprueba la petición de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil para implicar a agentes de la Europol, la unidad de la Policía Nacional que analiza las tendencias delictivas en el territorio de la Unión Europea, para el volcado de los móviles intervenidos en la operación: "Visto el oficio remitido por la UCO en el que se solicita se hagan extensivas las autorizaciones de desprecinto y posterior copiado y volcado en sede policial de fechas 19 de marzo, 19 de abril y 8 de mayo de 2024 a funcionarios especializados de EUROPOL en los mismos términos y respecto a las evidencias digitales intervenidas a las personas fisicas y jurídicas investigadas se accede a lo solicitado", señala la jueza.