La utópica huelga arbitral: 35 años de amenazas, veto al Atlético, una 'esquirolada'... pero la guerra con los clubes sigue perdida

Regreso al pasado. El descontento arbitral por los agravios y ofensas públicas que reciben una jornada sí y otra también de los clubes es ya una constante en el fútbol español. Cíclicamente se ha ido repitiendo la historia y las veladas amenazas de huelga o paro realizadas por los colegiados nunca tuvieron un final feliz. La hemeroteca, siempre fiel con la historia, ya recoge casos puntuales en la temporada 90-91. Los motivos de aquellas quejas eran los mismos que se exponen en la actualidad. La diferencia es que, hasta 2020, a los jueces futbolísticos no se les podía considerar profesionales y no tenían una relación laboral como tal con la RFEF como la que tienen ahora. En este reportaje, Relevo repasa el recorrido reivindicativo del arbitraje español desde sus primeros movimientos.

Temporada 90-91. Jesús Gil y Gil, dueño y presidente del Atlético de Madrid se convirtió desde su llegada al universo-fútbol en el gran azote arbitral. No había jornada en la que no cargara contra el colegiado de turno que le hubiera correspondido a su equipo. Ya a principios del curso se había plantado en la Asamblea de la Federación y, públicamente, había mandado un mensaje contra el colectivo arbitral. "Todos vosotros teníais que desaparecer deportivamente". Según avanzaba la temporada, su presión fue mayor. Solicitó repeticiones de partidos, reunió a su masa social para inducirles a abandonar la competición... Ante esa situación límite, los colegiados afiliados a la Asociación de árbitros de fútbol (ADAF), creada un par de meses antes, decidieron a mediados de abril no dirigir partidos al Atlético. Rafael Díaz Agüero fue el primero en cumplir su amenaza y se negó a pitar el Atlético-Mallorca de la jornada 31. La Federación nombró en su lugar a Hernández Velázquez. Triunfo visitante (0-1) en el Vicente Calderón.

Un mes después, el Juez único de competición y disciplina de la RFEF, José Javier Forcén, decidió abrir expediente disciplinario a Jesús Gil por sus declaraciones contra el colectivo arbitral. Al mismo tiempo, suspendió por mes medio al colegiado Rafael Díaz Agüero por negarse a dirigir el partido contra el Mallorca como protesta por dichas declaraciones, Forcén abrió también expediente a otro árbitro, Juan Peraita, que tampoco quiso arbitrar el encuentro de los rojiblancos contra el Cádiz (5-5-91), que concluyó con empate (0-0). Merino fue el 'suplente' designado por la RFEF.

Como el Comité de Apelación de la RFEF rechazó el recurso de Díaz Agüero, todos los árbitros de Primera, menos dos, decidieron entonces no dirigir los partidos de la jornada 34 (11-5-91) y así sucesivamente hasta que se levantara el castigo a su compañero. De los designados para esa jornada solo uno, Pajares Paz, mostró su repulsa a la suspensión de su compañero, pero terminó pitando el Cádiz-Barcelona. Los que se negaron fueron: Soriano Aladrén, Urizar, López Nieto, Marín López, que tenía el partido del Atlético en San Sebastián, Vico Díaz, Pérez Sánchez, Urío, Caetano y Ansuátegui. Todos estos colegiados, menos Pajares, pertenecían a la ADAF.

Soriano Aladrén, árbitro internacioonal y uno de los más activos siempre en las reivindicaciones de su colectivo, fue claro: "Si no se levanta la sanción a Díaz Agüero, no arbitro. Que pite Forcén y que lleve como jueces de línea al presidente de la junta gestora de los árbitros y a su asesor". El 17 de mayo, la ADAF, decidió abandonar su decisión de no arbitrar, una vez que el Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) suspendiera cautelarmente la sanción a Díaz Agüero. El primer movimiento reivindicativo se había quedado a mitad de camino. Un grupo de colegiados no arbitró, pero la RFEF consiguió que se suspendiera ningún partido.

Temporada 92-93. El 16 de marzo de 1993, toda la Prensa nacional anunciaba una huelga arbitral en el fútbol español. Las razones no distaban tanto de las expuestas dos años antes: la indefensión ante las críticas de los clubes y su mínima presencia como colectivo dentro de la organización federativa. La Asociación Nacional de Jueces Profesionales (ANAFE) presidida por Raúl García de Loza, que no gozaba de reconocimiento por la RFEF, anunció la supuesta huelga como una "jornada de reflexión". Ángel Villar, presidente federativo, movió pieza rápidamente. Cambió al presidente del Comité de árbitros adscrito a su organismo. Nombró a Sánchez Arminio en lugar de Pedro Sánchez Sanz... y la que se anunciaba como la madre de todas las huelgas se disolvió en un estudio de radio. José María García reunió a ambas partes, ANAFE y RFEF, en su emisora y consiguió que se hiciera la paz. García de Loza, López Nieto, Díaz Vega y Urizar ya se habían convertido en los grandes líderes del arbitraje español.

Al día siguiente, el ente federativo reconocía oficialmente a la Asociación arbitral y además anunciaba la inclusión de uno de sus miembros en su Junta directiva. Además, por medio de su secretario general, Gerardo González, la Federación adquirió el compromiso de instar a la Liga Profesional para que sus clubes desistieran en sus ataques constantes contra el gremio arbitral. Hubo fútbol en la jornada 27.

Temporada 1996-97. Nueva revuelta con los mismos argumentos. La agresividad verbal de los clubes, representada en sus presidentes, técnicos y jugadores, se recrudece. Jesús Gil y Gil siempre está a la cabeza de la clasificación de insultos e insinuaciones. "Lo que nos ha pasado es un robo premeditado de Pérez Burrull". Caneda, el presidente del Compostela, no se queda atrás. "El colectivo arbitral es una casa de citas". Hasta los jugadores caen en la tentación. Figo, entonces barcelonista, tras perder contra el Oviedo, sentencio. "Ha sido un robo".

López Nieto y Díaz Vega, que continuaban siendo dos de los colegiados más representativos, se pusieron al mando de las operaciones. Solicitaban a la RFEF un código ético por el que se pudiera sancionar a los que agraviaran a los colegiados en cada jornada. También exigieron mejoras laborales en forma de contratos fijos, subida en los derechos de arbitraje, altas en la Seguridad Social... En esta ocasión consiguieron unanimidad absoluta para no pitar la jornada 14 (19-11-97). Ofrecieron, incluso, a su presidente, Sánchez Arminio que se pusiera al frente de las reivindicaciones y fuera el primero en apoyar a la huelga, pero su respuesta fue negativa. Es más anunció que esa jornada habría fútbol, "con estos árbitros y con otros".

Así fue. A la Federación no le tembló el pulso y tiró de árbitros de Segunda B para sustituir a los de Primera que se habían negado a dirigir los partidos asignados. Entre los que aceptaron sustituir a sus compañeros, se encontraban Pino Zamorano y Fernández Borbalán, que después hicieron carrera en Primera División, más el segundo que el primero. El resto de colegiados que pitaron esa jornada y que fueron calificados como esquiroles, no subieron nunca a Primera. Aquel 30 de noviembre de 1997 fue su única tarde-noche de gloria.

Temporada 2005-06. Nueva amenaza de huelga. Esta vez los argumentos eran puramente económicos. Los árbitros reclamaban dos meses de impagos de partidos y los derechos de publicidad, valorados éstos en 290.000 euros. En plena guerra por las competencias entre la RFEF y la la Liga Profesional, el 27 de marzo de 2006, Villar comunicó a Astiazarán que los árbitros no dirigirán la siguiente jornada, en la que curiosamente se tenía que disputar un Barça-Real Madrid, si no se les abonaban a los colegiados los retrasos pendientes. La designación de los colegiados ya estaba, incluso, hecha y el designado para el clásico no era otro que el actual presidente del Comité Nacional, Medina Cantalejo.

La reclamación ascendía, aproximadamente, a 12.000 euros por parte de los jueces de Primera y 6.000 de los de Segunda. Entonces, cobraban 5.048 euros brutos por cada uno de los diez meses de competición y 1.658 por los derechos de arbitraje de los partidos que dirigían. El total que podían ingresar por temporada oscilaba entre los 80.000 y 90.000 euros. La Liga Profesional, que pagaba seis millones de euros por temporada por los derechos arbitrales, aseguraba que el 17 de marzo ya había abonado en la cuenta de la Federación 1.100.000 y entendía que la deuda con los árbitros era nula y que todo estaba abonado. Las diferencias de criterio entre ambas partes radicaban en una deuda de gastos por la final de Copa, que había sido descontada por parte de la patronal.

Para solucionar el asunto y que el dinero fuera directamente a los árbitros y no pasara por la intermediación de la RFEF, la Liga propone pagar directamente a los colegiados, pero estos se niegan. Finalmente se busca una fórmula intermedia. La patronal ingresa en la cuenta de la RFEF un total de 1,8 millones de euros dividido en 20 transferencias, una para cada árbitro. Y por supuesto también para los asistentes. El día 30 queda arreglado el asunto y los árbitros levantan su amenaza de huelga.

Temporada 23-24. La más reciente en el tiempo, pero con los mismos argumentos de siempre. Amenaza de huelga en el horizonte y nueva marcha atrás. Todo quedó en un comunicado por escrito del CTA en el que pedían a LaLiga y a los clubes llevar a cabo una profunda reflexión para acabar con el clima de tensión que rodea al estamento y añadían que existía una campaña perfectamente medida y organizada contra ellos y califican de "lamentables" los continuos ataques que están recibiendo desde los clubes profesionales.

"Esta situación está generando un clima de hostilidad que afecta tanto a los colegiados profesionales como a los que están arbitrando en categorías inferiores, incluido el fútbol base. Lamentamos los ataques permanentes de LaLiga, tratando de señalar y ridiculizar las actuaciones arbitrales, es una muestra más del interés de generar un clima irrespirable hacia nuestro colectivo, sembrar la duda sobre nuestras decisiones y menoscabar la profesionalidad arbitral. Por ello, los árbitros de Primera y Segunda División solicitamos a La Liga y a sus dirigentes respeto y responsabilidad institucional ante un hecho sin precedentes en el fútbol español y que contribuye a la devaluación de nuestro fútbol y su descrédito social".

También recordaban en ese comunicado que que el CTA no designa a los árbitros, sino que lo hace un órgano denominado CACP (Comité de Designación) donde están presente un miembro de la RFEF, un miembro de La Liga y otro miembro de designación por común acuerdo o, si no existiera, por el CSD.

Esta temporada, la reacción arbitral ha llegado incluso antes en el calendario. Y en lugar de emitir un comunicado por escrito, su reivindicación llegó en un vídeo en el que Sánchez Martínez se convertía en el portavoz. Aprovechando las rutinarias pruebas físicas, gran sentada en torno a la situación actual con un denominador común: el Real Madrid. En esa reunión, por supuesto, sobrevoló la amenaza eterna de la huelga, pero se hizo más hincapié en señalar el objetivo y alguien recordó que en el 91 los árbitros ya se negaron a dirigir a un club en particular, el Atlético...