Más de 20 años para hacer un campo de fútbol: por qué Zaragoza tiró a la basura hasta tres proyectos de nuevo estadio

El pasado 8 de julio se puso en marcha el largo proceso de derribo de la actual Romareda y la construcción del que hacia finales de 2027 será el nuevo campo de fútbol de Zaragoza. Todo un hito para los aficionados pero también para la ciudad, que desde principios de este siglo ha visto truncados hasta tres proyectos distintos de construcción de un nuevo estadio. La falta de acuerdo político, las disputas por las fórmulas de financiación y la judicialización de los procesos legales truncaron sendas tentativas en los primeros años del siglo; la última posibilidad murió en 2008, ahogada en la crisis financiera global de aquellos años. Hasta ahora.

Inaugurado en 1957, el estadio del Real Zaragoza es de propiedad municipal, lo que hasta cierto punto explica el celo de los grupos políticos a la hora de controlar con lupa cualquier proyecto impulsado por otro partido. Los modelos de financiación, el uso del dinero y el suelo públicos, las operaciones de carácter urbanístico anejas, la implicación del Real Zaragoza, sus obligaciones y beneficios como sociedad anónima pero al mismo tiempo inquilino, usuario y sujeto de la explotación del campo… Todos estos factores han servido como material para el disenso político e impedido a Zaragoza tener un nuevo estadio mucho antes, pese al acuerdo general de su necesidad.

Porque nadie puede negar lo obvio: La Romareda se cae a pedazos, casi literalmente. La hipérbole está justificada y, al margen del signo político o la legítima postura de cada ciudadano, todo el mundo en Zaragoza sabe que el campo lleva muchos años pidiendo a gritos un relevo. Si ha aguantado ha sido a base de reformas parciales, más destinadas a parchear el rastro indisimulable de su envejecimiento que a proyectarla en el futuro.

El nuevo estadio ahora en marcha se construirá sobre el mismo terreno que ha ocupado La Romareda desde mediados del pasado siglo. La ubicación ha sido uno de los elementos de desacuerdo habituales: ¿La Romareda debe quedarse donde está o el nuevo campo ha de construirse en un área distinta de la ciudad? La posibilidad de expandir la ciudad e impulsar nuevos barrios, además de la presencia del mayor hospital de Aragón junto al actual campo han sido argumentos habituales en ambas direcciones. Los hasta cuatro proyectos que ha tenido la ciudad a lo largo del siglo XXI han explorado diversas fórmulas.

El primero, impulsado por el alcalde José Atarés (PP) en 2002, observaba el traslado del campo al entonces incipiente distrito de Valdespartera: un área de expansión de la ciudad hacia el sur, impulsada en los años posteriores por la eclosión de la vivienda de protección oficial. La Romareda desaparecía de su actual ubicación y en su lugar se proyectaba la construcción de 950 viviendas de lujo. El ayuntamiento encargó el diseño del nuevo campo al arquitecto Ricardo Bofill, quien dibujó un estadio con capacidad para 42.000 espectadores, 18.000 de ellos en una grada bajo rasante, hundida 12 metros por debajo del suelo. La imagen exterior sería la de un recinto de aspecto horizontal, con escasa elevación y una cubierta traslúcida.

El coste de aquel estadio se calculó en torno a los 54 millones de euros. Para financiarlo había que vender el solar sobre el que se asentaba la actual Romareda. Antes se necesitaba una operación legal habitual en este tipo de proyectos: la recalificación del terreno. PP y Partido Aragonés (PAR) iban juntos en el apoyo a esa operación, pero la construcción de los cerca de mil pisos de precio libre debía autorizarlas el Gobierno de Aragón, entonces bajo la presidencia de Marcelino Iglesias (PSOE). Pero los socialistas y Chunta Aragonesista (CHA) se aliaron en su rechazo a lo que consideraban "un pelotazo urbanístico" y la licitación nunca ocurrió. Fue el primer fracaso en la construcción de un nuevo campo.

El signo político del Ayuntamiento de Zaragoza cambió al año siguiente, cuando en las elecciones de junio de 2003 ganó el gobierno municipal el socialista Juan Alberto Belloch, con el apoyo de CHA. El Real Zaragoza aún estaba presidido por Alfonso Soláns hijo y vivía tiempos contradictorios: en 2000 llegó a la última jornada con opciones de ganar la Liga, que se llevaría el Deportivo; en 2001 levantó en La Cartuja su quinta Copa del Rey contra un Celta favorito dirigido por Víctor Fernández, precisamente; en 2002 descendió a Segunda División por primera vez desde 1977. Regresó a Primera al año siguiente y en 2004 ganó de nuevo la Copa del Rey en Montjuïc, a los Galácticos de Florentino y Queiroz, y la Supercopa frente al Valencia.

Con la ciclotimia zaragocista desatada, Belloch le dio continuidad a la idea de un nuevo campo. En este caso, en el mismo lugar donde se ubicaba la ya vieja Romareda. La defensa de mantener la ubicación siempre se ha reunido en torno a argumentos emocionales del aficionado y la sencilla movilidad: aunque en 1957 La Romareda se construyó en las afueras de la ciudad, hoy día está absolutamente integrado en un barrio que se expandió y tomó su nombre a partir del propio campo, y muy buena parte de los zaragocistas van a los partidos caminando. Otros muchos lo hacen en el tranvía.

El encargado de diseñar esta segunda tentativa de nuevo estadio fue el arquitecto madrileño Carlos Lamela, quien ideó un campo para 42.470 espectadores. Además, junto al estadio se construiría un edificio comercial de 14 plantas y 42.000 metros cuadrados, con oficinas, tiendas y un hotel, clave para financiar la operación. La obra se adjudicó con un coste total de 70,7 millones de euros y 24 meses de ejecución: la nueva Romareda se inauguraría en 2007. Pero todo se fue al traste. Devolviendo la moneda política del anterior proyecto, PP y PAR llevaron a los tribunales los pliegos de condiciones del concurso público y, a una semana de arrancar las obras, los tribunales frenaron la operación. Zaragoza volvió a quedarse sin campo.

El tercer y último intento fallido de construir el nuevo estadio no llegó tan lejos… a pesar de que -en contraste con los dos anteriores- sí pareció obtener el consenso político necesario. Volvió a impulsarlo Juan Alberto Belloch, quien en 2007 había revalidado la alcaldía esta vez con la muleta del PAR, y el concurso internacional lo ganó un arquitecto aragonés, Joaquín Sicilia. Era 2008 y se recuperó la idea de trasladar el campo de nuevo a una zona a las afueras de la ciudad, a la prolongación del barrio de San José: un área conocida tradicionalmente como la huerta de Miraflores, más allá de los dos cinturones de tráfico que rodean la ciudad, la Z-30 y la Z-40.

Sicilia dibujó un campo para 43.170 espectadores (preveía elevar a 50.000 con gradas desmontables), con una fachada exterior en forma de colmena luminosa, al estilo de algunos de los estadios modernos que hemos visto en la última década. El coste de las obras se estimó en unos 130 millones de euros, pero el proyecto contemplaba además un plan de vivienda en una zona aún por explotar. Para financiarlo se vendería una pastilla de suelos de uso terciario en La Romareda. Salvo CHA, el resto de grupos políticos (incluidos PP e IU) daban su apoyo al proyecto, el arquitecto cobró 2,5 millones de euros por su redacción y el arranque de las obras se produciría en 2009. Pero en el horizonte asomaba ya la monumental crisis global de esos años y la incertidumbre recomendó aparcar el proyecto. Aunque se intentó retomar en 2011, los apoyos políticos ya no eran los mismos y, además, las cuentas municipales habían quedado sin músculo para recuperar el plan.

Así hasta este último intento… Y aunque ya está en marcha, tampoco el actual proyecto ha estado exento de controversia e incertidumbre. El PP lo usó en las últimas elecciones municipales como proyecto estrella en la candidatura de la actual alcaldesa, Natalia Chueca. Lo había arrancado en la anterior legislatura Jorge Azcón, entonces primer edil de la ciudad y, ahora, presidente del Gobierno de Aragón.

Sin embargo, hace justo un año el plan pudo venirse abajo, cuando el Tribunal de Contratos de Aragón admitió un recurso de Podemos contra la fórmula usada en la licitación del proyecto. Los trámites se paralizaron y la zozobra regresó. El Ayuntamiento de Zaragoza recurrió alegando que un impás en el proceso comprometería la candidatura de la ciudad al Mundial 2030 y la viabilidad de un proyecto "de interés general". Antes de final de ese mismo mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le dio la razón al consistorio, en un auto que autorizó la continuidad de los trámites. La licitación debía llegar en septiembre.

En ese mismo mes, sin embargo, vino otro obstáculo: el Real Zaragoza anunció que no se presentaría al concurso convocado por el ayuntamiento de la ciudad para financiar la construcción de la nueva Romareda, a cambio de una concesión de su gestión y explotación por 75 años. Esas condiciones suponían el vértice fundamental del acuerdo entre las instituciones y el club, pero el Zaragoza alegó que el recurso de Podemos había generado "inseguridad jurídica" en torno al proyecto y afectado de manera fatal a la necesaria inversión desde fuentes externas.

Con la concesión del Mundial a España, la presión para encontrar una solución se multiplicó: finalmente, el pasado mes de diciembre las instituciones y el club constituyeron la sociedad La Nueva Romareda SL: el paso definitivo hacia la construcción, por fin, del nuevo campo de fútbol de Zaragoza. Aunque el pasado había generado un inevitable pesimismo entre los aficionados y no pocas suspicacias en unas y otras posturas, el impulso conjunto de las instituciones y la alianza con los nuevos propietarios del Real Zaragoza han desatascado la vieja aspiración de darle a la ciudad una nueva Romareda.