Rocha intenta ganar tiempo para lograr una cautelar en la justicia ordinaria, pero Galán avisa de que lo denunciará por "desobediencia"

A pesar de que el máximo tribunal del deporte español, el TAD, ya ha ordenado la inhabilitación de manera efectiva de Pedro Rocha como presidente de la Federación Española de Fútbol, sus abogados ya están buscando la forma de posponer que se lleve a cabo esta decisión, según ha adelantado el portal especializado Iusport. Por orden: el Tribunal Administrativo del Deporte ya le ha inhabilitado y esta sanción es ejecutiva... pero la institución que la tiene que ejecutar es la propia RFEF. Lo normal es que sea inmediato y se lleve a cabo de forma directa. En este caso, al menos, parece que no está tan claro.

Ahora, el (ya expresidente) extremeño quiere recurrir su inhabilitación en los tribunales ordinarios, y va a solicitar a Álvaro de Miguel, su propio secretario general de la RFEF (nombrado por él mismo), que espere para ejecutar su inhabilitación a que el juez le responda. ¿Para qué? Pues porque confía en conseguir unas medidas cautelares que paralicen su inhabilitación fuera de la vía administrativa, que es donde le ha sancionado el TAD. Es decir: en la justicia "de verdad".

Los pasos lógicos son que intente, primero, lograr que el juez otorgue unas medidas cautelarísimas, es decir, sin escuchar a la otra parte lograr que se paralice la sanción, alegando que ejecutarla es injusto y supondría un daño irreparable en caso de que luego se viera que el perjudicado tenía razón. Es muy raro que se otorguen estas "cautelarísimas", pero son el paso inicial del proceso y, además, suele ser bastante rápido y en 24-48 horas el juez suele decidir si las concede o no.

El siguiente es pedir medidas cautelares. En estas, su señoría sí que cita a ambas partes, los escucha a cada uno con sus argumentos, y al final decide. No es tan inmediato, puede tardar varias semanas en producirse, pero estas sí que es más habitual que se concedan. ¿Qué pretende Rocha? Pues no estar "fuera" durante estas semanas. Poder seguir contando con el apoyo de la RFEF a todos los niveles, además de con el resto de instituciones que están con él ahora mismo, como LaLiga.

Si lo consigue podría, por ejemplo, seguir representando a la RFEF en la entrega de los planes para el Mundial 2030 que están obligados a llevar a FIFA antes del 31 de julio, entre otras cosas. Pero es que, además, siendo el mes de agosto inhábil jurídicamente, también le darían la oportunidad de representar a la RFEF en los Juegos Olímpicos de París, algo que ahora mismo no tiene nada claro.

Mientras, la persona que motivó la inhabilitación de Pedro Rocha, el presidente de CENAFE Miguel Galán, alerta de esta maniobra legal del extremeño y avisa de que, de llevarse a cabo, supondrá nuevas denuncias tanto para él como para la RFEF, si es que llega a permitirlo.

"He conocido por la prensa que el Sr Pedro Rocha comunicará oficialmente al secretario general de la RFEF su intención de recurrir en la vía contencioso administrativa la resolución de sanción del TAD por la que se le impuso dos años de inhabilitación y multa, con petición de medidas cautelares. Pero, esta comunicación a la RFEF no conlleva automáticamente que la sanción queda en suspenso", asegura tajante.

De hecho, niega la mayor y asegura que la RFEF no puede decidir cuándo y cómo ejecuta la orden del TAD de inhabilitar a Rocha, a pesar de algunos precedentes similares (no iguales) ocurridos, por ejemplo, con el presidente de la Federación de Bádminton. Rocha tiene dos meses para recurrir su inhabilitación, pero, en opinión de Galán, no puede asumir que su sentencia queda en suspenso sólo por el hecho de avisar que quiere recurrirla.

"Por todo lo expuesto le informo a los efectos jurídicos penales oportunos, que la RFEF no pueden suspender la ejecutividad de la sanción del TAD impuesta al Sr. Rocha, y que conforme al articulo 31.8 debe convocar inmediatamente una comisión gestora con el único objetivo de convocar elecciones a la presidencia con la asamblea actual, no cometan por segunda vez el error que cometieron en septiembre, además no cumplir la resolución del TAD podría considerarse un presunto delito de desobediencia", finaliza.