La 'pena del paseíllo' que Gerard Piqué había esquivado hasta ahora

Gerard Piqué había conseguido, hasta ahora, no tener enfrentarse a la exposición mediática que supone entrar como investigado a declarar en un Juzgado. Con la repercusión que eso conlleva: cámaras y fotógrafos en la puerta y expertos analizando cada palabra que salga de tu boca. Es lo que se conoce como la pena del paseíllo: esas fotos no desaparecen nunca, aunque la imputación sí lo haga o dure algunos meses y luego no tenga consecuencias.

El exjugador azulgrana no va a tener más remedio, ahora, que enfrentarse a ella. Irá al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda acompañado por su abogado y tendrá que enfrentarse a las preguntas de la jueza Delia Rodrigo y del fiscal.

Una jueza, por cierto, que parece estar decidida a afrontar hasta el final la instrucción del caso, pasando por encima de peticiones como la de Javier Tebas para que enviase el caso a la Audiencia Nacional. De hecho, en el auto conocido este jueves, por primera vez parece tener claro un relato de los hechos, que redacta de manera minuciosa más allá de la simple concatenación de hechos que ofrecía la investigación inicial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

A Piqué, por su parte, le queda la misma estrategia que hasta ahora: él aportó de forma inmediata toda la información que le pidieron y podrá defender, de igual manera, su implicación en el caso para evidenciar que no forma parte de la "corrupción entre particulares" que busca la titular del Juzgado.

De hecho, fuentes jurídicas han confirmado a Relevo que este paso, la ampliación de la investigación, era muy esperada por todas las partes. "Era evidente que iba a pasar. Tenían sus cuentas intervenidas y, si está persiguiendo una corrupción entre particulares que estiman que nace en Rubiales, tienen que llamar e investigar en todas las direcciones en las que la operación se mueve. También ha otorgado condición de investigados a los responsables jurídicos de Gruconsa", explican.

A favor de Piqué, sin embargo, parece estar la rapidez con la que Delia Rodrigo despacha su imputación en el auto, más bien como un formalismo necesario, mientras que sobre otros investigados elabora un relato mucho más amplio y rico en detalles. Da la sensación de ser, más bien, un elemento a descartar, necesario formalmente, eso sí, pero consecuencia lógica de la investigación de la UCO.

Otro que va a tener que declarar ante la jueza, y ahí poco le va a servir fingir una conversación telefónica como la última vez que acudió al Juzgado de Majadahonda, es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha.

Por primera vez queda reflejada su condición de investigado, que hasta ahora sólo había escuchado de viva voz el día que acudió como testigo y salió de allí imputado por no recordar ni reconocer ninguna implicación.

Es en esa inacción en la que hace hincapié la magistrada en su auto de ampliación. "Se abstuvo, al parecer, tanto de convocar a la Comisión económica para analizar dichas prórrogas y añadidos al contrato de 11-9-2019, como, para el caso de no haber sido informado a tiempo o de habérsele ocultado, reclamar el expediente a posteriori dado el cargo que desempeñaba. Lo mismo cabe decir respecto a su actuación -u omisión de ella- en cuanto a las obras del estadio de la Cartuja de Sevilla", detalla la jueza.