La rocambolesca historia de la RFEF y el Colegio de Abogados de Madrid sobre el espionaje a Aganzo

Tras dos informes del Comité de Deontología Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid - de ahora en adelante, ICAM - y un comunicado de la RFEF señalando un error de instrucción, sigue sin quedar claro la identidad del responsable de la investigación a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

El informe de la investigación interna que el ICAM puso en marcha sobre los seguimientos y vigilancias al presidente de AFE, firmado por D. Dionisio Escuredo Hogan, responsable del Comité de Deontología Profesional, incluía, tal y como informó Relevo, la declaración de Ramón Caravaca Magariños, abogado y socio del despacho GC Legal, del que es director Tomás González Cueto, ambos asesores externos de la RFEF.

En dicha declaración, Ramón Caravaca aseguraba que recibió "el encargo profesional del Presidente de la RFEF de denunciar supuestas prácticas contrarias a la ética sindical del presidente de AFE". Nada más conocerse el informe, que el ICAM no puede hacer público pero sí las partes según señalan fuentes del propio Colegio, la RFEF reaccionó con un comunicado.

El texto federativo indicaba que en la declaración, Ramón Caravaca explicó que "el Sr. Juan Rubiales, por aquel entonces Jefe del Gabinete de la Presidencia de la RFEF, fue quien le presentó al cliente que quería denunciar irregularidades en AFE". Y atribuía al "Instructor del procedimiento" un error al confundir "al Sr. Juan Rubiales con el Sr. Luis Rubiales, presidente de la RFEF", tal y como recogía el informe. Sin embargo, la declaración del letrado en el primer documento del ICAM no citaba nombres ni hacía referencia alguna a ningún cliente, sino que se refería directamente "al Presidente de la RFEF". Tampoco el comunicado de la RFEF desvelaba la identidad de tal cliente, al que Ramón Caravaca atribuía el encargo de la investigación.

Tras la petición por parte de la RFEF de una inmediata rectificación del error material, hoy jueves el ICAM enviaba a las partes un nuevo informe, al que ha tenido también acceso Relevo, en el que asumía el "error material". Según refleja el texto, "se cometió el error de entender que el letrado aludía a D. Luis Rubiales, Presidente de la RFEF, y se optó por nombrar el cargo a fin de evitar la alusión personal". Fuentes del ICAM consultadas por Relevo confirman que, aunque las declaraciones son telemáticas, por escrito, luego el Instructor las transcribe o resume. Esto último es lo que aseguran que ha pasado y por lo que se comete el "error material".

Sin embargo, parece que desde el ICAM a quien han confundido con el Presidente de la RFEF no es a su tío y exjefe de gabinete, Juan Rubiales, sino a un cliente al que presentó éste último, según declara Ramón Caravaca y a quien el primer informe no hace ninguna referencia. ¿Por qué el primer informe no hacía referencia a ningún cliente y sí lo hace el segundo, cuando el error material fue confundir un nombre por otro?

Y lo más importante, ¿quién es ese cliente? Relevo, que ha contactado con todas las partes implicadas, entre las que Juan Rubiales ha declinado hacer declaraciones, ha intentado conocer la identidad del cliente sin éxito. Ninguna de las partes ha querido dar detalle del responsable de la investigación. Es más, desde del ICAM aseguran que la identidad de la persona que hace el encargo no es relevante para sus conclusiones sobre la responsabilidad disciplinaria de los letrados. Entonces, ¿por qué se cita al Presidente de la RFEF y a Juan Rubiales y no al cliente?

Miguel Ángel Galán, en nombre de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, fue quien presentó la denuncia al Comité de Deontología Profesional del ICAM reprochando a Ramón Caravaca que encargase el informe de investigación privada sobre David Aganzo.

Tras recibir en el día de ayer el informe del ICAM tras la investigación interna que se ha realizado tras su denuncia, que archiva las actuaciones, comunica que ha procedido en el día de hoy a presentar un recurso de alzada contra resolución de dicha información previa, por lo que según manifiesta, quedaría sin validez legal la nueva notificación a las partes por parte del ICAM con el informe que recoge la rectificación del error material.