Las 7 razones por las que piden la inhabilitación de Pedro Rocha al TAD: 675.000 euros de salario 'presidencial', sin ser presidente

No es la primera, posiblemente no será la última, pero en esta ocasión sí que parece estar acertando en el momento. El presidente de la escuela de entrenadores CENAFE, Miguel Galán, es conocido por su desaforada batalla jurídica institucional: ya fue el azote de Ángel María Villar, o de Luis Rubiales, y ahora ha sido el único que desde el primer momento ha sostenido que Pedro Rocha debe ser inhabilitado por saltarse sus propios estatutos.

¿Por qué, concretamente? Galán denunció que la RFEF estaba obligada a nombrar un presidente nada más producirse la inhabilitación de Luis Rubiales por parte de FIFA. Es decir: que la misma Asamblea nombrase a otro presidente para seguir funcionando con normalidad. Rocha decidió ahorrarse ese paso, según la teoría que siempre han defendido Galán y los cuatro o cinco 'barones' que se rebelaron desde septiembre, y favorecerse de la posición de heredero en la que le dejó el propio Rubiales el 25 de agosto para ejercer como presidente de la RFEF, sin serlo.

En aquel momento, lo que debería haber hecho a ojos de algunos expertos era someterse a la Asamblea de la RFEF y contar con su apoyo para ser presidente. No lo hizo, buscó el apoyo del Consejo Superior de Deportes, y prefirió no arriesgarse a que le saliera mal. Ordenó constituirse como presidente de la Gestora, aunque maneja con plenos poderes la RFEF según varios de los directivos que la conforman, como si en realidad lo hubiera votado alguien. Y, sobre todo, otorgándose el sueldo que tenía Rubiales: 675.000 euros.

Es verdad que en aquel momento, en pleno tsunami post Rubiales, parecía poco operativo montar una votación "parcial", sólo a presidente de la RFEF, cuando en pocos meses se tenían que organizar las elecciones "de verdad", las que renuevan a toda la Asamblea. Ésa era la teoría de los ideólogos principales del Rubialismo a los que ahora se les va a pedir explicaciones. Poner en marcha el artículo 31.8 de los estatutos es lo que había que hacer... y se lo saltaron hasta hoy, tarde y mal. Se ha demostrado que es la vía correcta, porque ahora la RFEF se traga el sapo que siempre defendió, y va a tomar ese camino, casi seis meses después, para poder convocar correctamente las elecciones que supuestamente estaban deseando convocar.

Mientras, por el camino, Rocha se ha consolidado en el puesto, ha ganado tiempo dentro del sistema para, a opinión de muchos, fortalecer su posición como futuro candidato y ha ido cobrando el salario de un presidente como Rubiales, 675.000 euros anuales, sin serlo.

Ahora Galán insiste con una denuncia que, en origen, ya pasó varias semanas en un cajón del CSD. De hecho tuvo que volver a escribir al exsecretario de Deportes del Consejo, Víctor Francos, diciéndole que si no trasladaba su denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte, tendría que denunciarle a él también en un juzgado ordinario por prevaricación.

Algo de razón tendría cuando, al final, la RFEF va a hacerlo como se supone que tendría que haberlo hecho desde el principio: primero votar a un presidente con la Asamblea antigua y después renovarlo todo con el proceso electoral nuevo.

¿Cuál es el problema entonces? Pues el de siempre: que por el camino se ha beneficiado de su presunto error no sólo económica, sino también electoralmente. Y además ha sobrepasado con mucho las funciones de un presidente de la Gestora, para actuar (y cobrar) como un presidente electo. Cierto es que el cambio de postura de Rocha viene dado por las presiones recibidas por esta mala praxis y el peligro electoral que supone, pero sobre todo porque antes tenía la connivencia de Víctor Francos para ir a unas elecciones completas, más el asesoramiento de Andreu Camps y Tomás González Cueto, y ahora está Uribes (que no pronunciará) y no sigue en Las Rozas el autor material del informe jurídico que avaló aquella postura.

Ahora, en su nueva denuncia que ha hecho llegar al CSD (con obligatoriedad de que la eleve al TAD), Miguel Galán cita y documenta siete razones para abrir un expediente a Pedro Rocha.

El primero, ya citado, es no convocar elecciones a la presidencia cuando pudo, saltándose sus propios estatutos. La Gestora estaba obligada a hacerlo, y no lo hizo.

El segundo convocar una Asamblea para ponerse el sueldo de Rubiales (675.000 euros) y aprobar unos presupuestos que comprometerán al que sea que salga elegido como próximo presidente, sin capacidad (según Galán) para hacerlo,

El tercero: despedir al seleccionador femenino y contratar a Montse Tomé, comprometiendo también al que sea que gane las futuras elecciones.

El cuarto es despedir al secretario general de la RFEF, Andreu Camps, ubicando a Elvira Andrés con sus funciones, junto a Alfredo Olivares. Siendo estas funciones indiscutibles de un presidente, algo que Pedro Rocha nunca ha sido.

La quinta es, quizá, la mayor atribución de funciones que se ha otorgado hasta ahora: renovar al seleccionador nacional. O, al menos, intentarlo, porque no está todo dicho sobre este asunto. Como presidente de la Gestora tampoco podía tomar esta decisión.

La sexta es retirar la demanda a LaLiga por el asunto de CVC. "Hay que elegir enemigo, el Real Madrid o LaLiga", se dijo en la RFEF para tomar esta decisión.

La séptima y última es adjudicar el servicio de videoarbitraje (VAR) a Mediapro y el de fuera de juego semiautomático a HawkEye.

A estos siete motivos, además, cabría sumar la firma de patrocinios estratégicos que van mucho más allá de la labor que le corresponde como mero presidente de la Gestora RFEF, cuyas funciones, básicamente, son mantener el día a día de una institución mientras se desarrolla el proceso electoral. Pedro Rocha lleva casi siete meses jugando a ser presidente de la RFEF. Y, lo que es peor, haciendo lo movimientos estratégicos necesarios, desde dentro, aprovechando el sistema, para perpetuarse y llegar a las elecciones "de verdad" como el candidato más fuerte.