Qué supone que el CSD vaya a elevar al TAD la denuncia que solicita la inhabilitación de Pedro Rocha

Tras la denuncia que Miguel Ángel Galán, a través de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, envió el pasado 19 de marzo a través de un burofax solicitando la inhabilitación de Pedro Rocha, actual presidente de la Comisión Gestora tras la salida de Luis Rubiales el pasado 10 de septiembre, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha respondido.

A lo largo de la mañana de este jueves han sido constantes las alertas que desde diferentes medios de comunicación se han enviado asegurando que el CSD habría pedido la inhabilitación de Rocha. Sin embargo, ninguna de ellas responde a la verdad. El CSD tan sólo ha respondido, de momento, a la solicitud presentada por el denunciante anunciándole que elevará al TAD la denuncia recibida en los próximos días. Son muchas las preguntas que deja esta nueva maniobra que en Relevo, tratamos de aclarar. Vayamos paso a paso.

La denuncia que el pasado 19 de marzo Miguel Ángel Galán trasladó al CSD solicita la inhabilitación del presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha por incumplimiento de los estatutos de la RFEF (el famoso artículo 31.8) para no convocar, inmediatamente después de la salida de Luis Rubiales, las elecciones a presidente de la RFEF.

Además, en esta ocasión, los motivos de la denuncia giran en torno a las decisiones tomadas por Pedro Rocha durante los últimos meses al frente de la Comisión Gestora. Entre ellos, figuran el intento de convocatoria de elecciones completas por parte de la Comisión Gestora el pasado 6 de febrero; la aprobación de los presupuestos en la Asamblea extraordinaria que la RFEF celebró el pasado 21 de diciembre; el consenso para mantener el sueldo de 675.000 euros al presidente; el despido de Jorge Vilda y el consecuente contrato de Montse Tomé como seleccionadora; el despido del exsecretario de la RFEF, Andreu Camps; la renovación de Luis de la Fuente; la retirada de las denuncias de la RFEF al acuerdo de LaLiga con PVC; y la adjudicación del VAR a Mediapro y del fuera de juego automático a Hawk-Eye.

Tal y como el propio Consejo Superior de Deportes ha informado en su escrito de respuesta a Miguel Ángel Galán, el procedimiento a seguir cuando recibe una denuncia pasa por el estudio y análisis sobre los hechos que recoge la demanda por parte de una comisión. Si los hechos presentaran indicios de la comisión de una irregularidad, entonces el CSD lo elevará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que tendrá que pronunciarse al respecto. Así será en esta ocasión.

No. El CSD no pide la inhabilitación de Rocha.Simplemente eleva una petición razonada al TAD para que valore la denuncia recibida. Así ocurrió con la primera denuncia presentada por Galán, allá por septiembre de 2023, pidiendo la inhabilitación de Rocha y su Comisión Gestora por no haber convocado elecciones inmediatas a presidente de la RFEF tras la dimisión de Luis Rubiales.

El pasado mes de enero el TAD se pronunció al respecto, una vez el CSD elevó finalmente también aquella denuncia que Miguel Ángel Galán había presentado en septiembre de 2023, esta vez orientada a los plazos que Pedro Rocha habría vulnerado a la hora de convocar elecciones. Con la llegada de José Manuel Rodríguez Uribes, el CSD finalmente le dio traslado al TAD siguiendo el mismo procedimiento.

Según Galán no se habría respetado el artículo 31.8 de los estatutos de la RFEF que señalan que "si el Presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones para proveer al cargo; el que resulte elegido ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido". Sin embargo, como el reglamento federativo establece el plazo para llevar al cabo el mandato, en aquella ocasión, el TAD la desestimó al no encontrar "indicios racionales suficientes para considerar, siquiera indiciariamente, la comisión de una infracción disciplinaria" por no haberlas convocado antes, en el momento de la dimisión de Luis Rubiales.

Será el TAD quien determine, con los nuevos argumentos aportados por Miguel Ángel Galán, si el presidente de la Comisión Gestora de la RFEF habría cometido alguna irregularidad que supusiera una sanción grave o muy grave.

El TAD, que se reúne de forma ordinaria los jueves de cada semana, tendrá que decidir si encuentra indicio de irregularidad que motivara alguna sanción sobre Pedro Rocha. Será cuestión de días cuando se haga pública la resolución tras la valoración por parte del tribunal de la denuncia de Galán elevada por el CSD.

No, mientras el TAD estudia la petición razonada del CSD, en la RFEF podrían seguir, si así lo consideraran, su hoja de ruta inicial. Emplazar de nuevo a la Comisión Gestora y que esta a su vez convocara las nuevas elecciones, esta vez sí, tan sólo a presidente.

Es la decisión que ya había tomado Pedro Rocha tras la aprobación del nuevo reglamento por parte del TAD y para lo que había convocado a la Comisión Gestora el pasado miércoles 20 de marzo. Sin embargo, ante el registro de la UCO en la sede de Las Rozas, tuvieron que suspenderla.

No, la denuncia que Galán ha presentado no tiene nada que ver con el registro policial que la UCO (Unidad Central de Operaciones) llevó a cabo el pasado miércoles en la sede de la RFEF en las Rozas y en diez puntos más de forma simultánea. La operación responde a una orden del juzgado de Majadahonda para recabar la información que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Majadahonda llevaba reclamando a la institución e implicado desde hace meses y que forman parte de una pieza separada -y secreta- de la causa que investiga sobre el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí con la intermediación de Kosmos, la empresa de Piqué, la investigación a David Aganzo, presidente de la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFRE) y la fiesta de Salobreña abonada con fondos federativos.

Lo que sí tiene que ver con esta operación es el escrito que el pasado viernes el mencionado Miguel Ángel Galán, también a través de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presentó en el juzgado que instruye la causa para pedir la declaración, en calidad de lo que la jueza considerase, de Pedro Rocha, presidente de la Comisión Gestora de la RFEF -y de la Comisión Económica desde 2022 hasta la salida de Rubiales- y de Elvira Andrés, actual jefa de gabinete del presidente y Secretaria de la Comisión Gestora -quien en la época que investiga la jueza liderara la Comisión de Compliance de la institución.

De hecho, tal y como ha podido confirmar Relevo, Andrés habría prestado declaración ante la Guardia Civil el jueves por la mañana. Sin embargo, la jueza no ha señalado ni a Rocha ni a Andrés en la investigación ni por el momento los ha citado a declarar. Sobre la falta de colaboración con la justicia desde la institución, fuentes federativas señalan que tanto Pedro González Segura, responsable de los servicios jurídicos de la RFEF, como José Javier Jiménez, director de Recursos Humanos, ahora apartados de la RFEF, habrían ocultado a la Comisión Gestora el apremio de la magistrada.

Si finalmente Pedro Rocha convocara de nuevo a la Comisión Gestora para comenzar el proceso electoral, lo primero sería publicar el nuevo calendario electoral que determinaría el plazo para que los aspirantes presentaran oficialmente sus candidaturas y comenzara la carrera por tener un nuevo presidente que estará al frente de la RFEF durante los próximos meses, hasta después de los Juegos Olímpicos, cuando habría que convocar, esta vez sí, elecciones a todos los órganos de representación. Es decir, a la Asamblea y a la presidencia.

Sin embargo, de nuevo Miguel Ángel Galán ya ha anunciado que impugnará el proceso ante el TAD pues cree que en torno a 40 asambleístas habrían dejado de serlo por haber perdido las funciones que desempeñaban cuando fueron elegidos. En ese caso, según Galán, habría que convocar primero elecciones parciales a la asamblea. Esta impugnación, en caso de que el CSD elevara al TAD una nueva petición razonada tras estudiarla previamente, podría alargar un proceso que busca presidente para dar estabilidad a la RFEF antes de dos citas deportivas de gran calado. La Eurocopa, que comienza el 14 de junio y los Juegos Olímpicos, que darán el pistoletazo de salida el 26 de julio.

Toca esperar si entre tanta denuncia e impugnación se convocan de nuevo las elecciones para que la RFEF encuentre presidente lo antes posible. Lo que está claro es que la falta de diligencia de Pedro Rocha, que no tomó a tiempo las decisiones adecuadas para la salida de quienes la UCO les obligó a apartar, podrá pasarle factura en su camino para presidir la Real Federación Española de Fútbol.

No hay que olvidar que la RFEF, como el resto de federaciones, no dejan de ser entidades privadas pero que quienes las presiden ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso, como agentes colaboradores de la Administración Pública. Y ahí aparece la figura del CSD, quien podría mediar ante la situación actual nombrando un interventor, al menos de forma provisional para los próximos meses, y lo que sería mucho más transformador: aprobar un Decreto urgente para cambiar el modelo que la Orden Ministerial del pasado mes de enero no abordó.

De momento, según señalan fuentes del CSD, la semana pasada comenzaron una serie de "conversaciones con FIFA por la preocupación generada tras la situación de la RFEF" y su implicación de la candidatura española para albergar el Mundial 2030. El CSD mostró su disposición a "colaborar con la institución internacional para actuar de su mano, y si fuera necesario, tomar alguna medida en aras de la estabilidad federativa". Por el momento, las conversaciones continuarán en los próximos días.