Amenaza de derribo en la RFEF: tras Negreira, Rubiales y un juego de tronos electoral... la sentencia Soule está al caer

El mundo del fútbol parece haberse acostumbrado a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entren de golpe y porrazo en la Ciudad del Futbol de Las Rozas. Si la Unidad Central Operativa (UCO) ya apareció por sorpresa en la Federación el 18 de julio de 2017 -por orden del juez Santiago Pedraz- para registrar la institución el mismo día que Ángel María Villar fue detenido en su domicilio -acusado de presunta administración desleal, falsedad documental, corrupción entre particulares y apropiación indebida-, este jueves 28 de septiembre de 2023 se repitió la historia: esta vez fue la Guardia Civil la que alzó las alfombras del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por el 'Caso Negreira' mientras investiga al Barcelona por cohecho cambiando por completo su situación de grave a muy grave.

La nueva crisis viene a sumarse a una oleada de escándalos en la RFEF que amenaza con protagonizar la actualidad en lo que queda de año y, seguramente, en todo 2024. De ahí que muchos candidatables a la presidencia en las próximas elecciones se estén pensando mucho dar el paso. Se avecinan (más) tiempos turbulentos y a nadie le gustaría protagonizar los telediarios. El lío arbitral, por el que también son investigados ya entre otros Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, se une en estos días a todo el terremoto en torno a Luis Rubiales y la crisis que abrió -mejor dicho, acentuó- en el fútbol femenino con su comportamiento el pasado 20 de agosto en Sídney y los días posteriores en su huida hacia adelante tras el beso no consentido a Jenni Hermoso.

Por si fuera poco, a esta inestabilidad se sumará todo el revuelo que creará y ya están creando dos nuevos incendios: por un lado el proceso electoral puesto en marcha -con su consecuente juego de tronos y las denuncias veladas o por escrito al CSD- y la Operación Soule que tiene a varios presidentes de Territoriales imputados y cuya sentencia, según los expertos consultados, está al caer después de más de seis años de instrucción. Ese baile de dimitidos, cesados, investigados y amenazados nutrirá el día a día de la Federación en los próximos meses mientras la Selección de Luis De la Fuente se juega su clasificación para la próxima Eurocopa de Alemania, el equipo de Montse Tomé disputa la Nations League con vistas a los Juegos Olímpicos y la casa mira con ilusión a París 2024 dentro de diez meses.

Joaquín Aguirre, instructor encargado del caso, ha dictado un nuevo auto en el que sostiene un presunto delito de cohecho por parte del Barcelona, que pagó más de siete millones de euros al vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018, cuando Negreira todavía ejercía su cargo de vicepresidente. Este hecho, según el auto, no exige demostrar la adulteración de partidos concretos y contempla condenas más graves que el delito de corrupción entre particulares que se había atribuido a las dos partes implicadas. El pasado 5 de septiembre, este mismo instructor apreció "corrupción sistémica" de los árbitros y confirmó la condición de perjudicado del Real Madrid y de otros equipos.

Medina Cantalejo fue bastante esquivo entonces y deberá dar explicaciones. La Fiscalía solicitó en junio de 2022 al organismo que aclarara sus competencias y respondiera si ese puesto permitía cobrar al mismo tiempo de un club que estaba sometido a su disciplina. El actual presidente del CTA, como desveló El Confidencial, aseguró de manera escueta que los miembros del comité que él coordina no están sujetos a ningún régimen de "incompatibilidad". Además, sobre las responsabilidades de Negreira, Medina Cantalejo afirmó que el cargo de vicepresidente de los colegiados "no tiene una función ni obligación concreta definida". Por esto, y por su silencio sepulcral con la crisis de Rubiales, Medina Cantalejo está en la cuerda floja y varios presidentes de Territoriales han pedido ya su cabeza. El de Las Palmas, José Juan Arencibia, ha sido el más tajante de todos.

En un sólo mes ya ha dimitido Luis Rubiales y han sido destituidos Jorge Vilda, seleccionador que ganó el Mundial femenino recientemente, Andreu Camps (secretario general) y Miguel García Caba, responsable del departamento de Integridad. La crisis ha hecho que Chema Timón haya sido apartado del Gabinete de Presidencia y recolocado tras poner su cargo a disposición de la Junta, y que Albert Luque (director deportivo) y Rubén Rivera (director de marketing) pasen el 10 de octubre junto al propio Vilda por la Audiencia Nacional como investigados por supuestas coacciones a Jenni y a su entorno después de la crisis desatada en Australia.

Las declaraciones en los tribunales, una vez que han comparecido como testigos García Caba y Patricia Pérez (jefa de prensa) y lo hagan las futbolistas (Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa), podrían abrir nuevos focos en la Federación. Hay varios profesionales más que fueron señalados por las internacionales y que están en la lista negra en esa negociación que mantienen abierta con el CSD y la Federación ('Lista de Schindler', según algunas fuentes federativas a modo de broma) para que realmente cambien las cosas y puedan ejercer su profesión sin más amenazas, desigualdades y coacciones. A otros no les hará falta estar directamente señalados. Hay muchas posibilidades de que vayan desfilando poco a poco al haber sido escuderos de Rubiales (Francis, Tomás González Cueto...) y no gozar ya de la confianza de la nueva dirección.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pidió a principios de 2023 una prórroga de tres meses para seguir investigando la Operación Soule contra la corrupción en el fútbol en general y en la Federación en particular. De ahí que la sentencia de un caso que estuvo bajo secreto de sumario esté a punto de comunicarse a los afectados. El resultado de esta investigación puede traer cola y, quién sabe, si más dimisiones en cadena.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, tiene en el foco a varios pilares que hicieron carrera en la RFEF más allá de Villar (hasta ahora absuelto en el resto de casos), su hijo Gorka y Juan Padrón (exvicepresidente económico), así como a presidentes de varias Territoriales: Jacinto Alonso (La Rioja), José Miguel Monje (Murcia), José Ángel Peláez (Cantabria), Diego Martínez (Melilla) y Antonio Gaona (Ceuta). También aparecieron los nombres del exvicepresidente Antonio Suárez Santana y del expresidente valenciano Vicente Muñoz. Todo son investigados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, corrupción entre particulares y delito fiscal.

Además de la 'Operación Soule', varios presidentes federativos más han tenido que rendir cuentas con los tribunales. Sin ir más lejos, todos salvo tres fueron condenados de manera conjunta por firmar una carta por vulnerar la condición de imparcialidad en época electoral. Rafael Louzán (Galicia), según El Mundo, fue condenado también "tras ser condenado por cometer un delito de prevaricación por haber concedido a una empresa una subvención de 86.311 euros para unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que, en su mayoría, estaban ejecutadas". La Audiencia Provincial de Pontevedra lo condenó a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público y, tras recurrir, es el Supremo el que tiene que pronunciarse ahora. José Ramón Cuetos (Asturias), por su parte, fue denunciado por Gonzalo de Azkárate Gaztelu, presidente de la Plataforma 2030 contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el Fútbol, por tener "indicios de abusos de funcionarios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho", según La Nueva España. La Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias.

Además, Joan Soteras (Cataluña), que sustituyó a Andreu Subies tras ser condenado y apartado de su cargo, fue denunciado por "contrataciones de familiares, presunto espionaje a empleados, e incluso acusaciones de acoso", según El Mundo. Nada más salir electo presidente, el Tribunal Català de l'Esport (TCE) ordenó repetir las elecciones al detectar 175 votos irregulares. El sumario de la causa manifestó que Soteras mandó a "espiar a su rival en dichos comicios con dinero de la federación".

Otros presidentes que estuvieron en el ojo del huracán y han sido absueltos fueron Óscar Fle (Aragón), después de ser denunciado por el Zaragoza C.F. Femenino por "delitos de coacciones", Salvador Gomar (Comunidad Valenciana), que recibió una demanda (ya archivada) por un grupo de exdirectivos de la FFCV ante la Fiscalía Especial por posibles "delitos de malversación, prevaricación y apropiación indebida, y Paco Díez (Madrid) por aumentar "en un 350 por ciento" el salario con el dinero para "profesionalizar" la federación en una denuncia de su rival en las elecciones que ha quedado archivado. Hasta Pedro Rocha tuvo líos en la Extremeña en sus inicios (imputación por un presunto delito de apropiación indebida sobre la cual el juez dictó sobreseimiento posteriormente) de los que luego salió airoso. Ellos, junto a otros seis dirigentes territoriales, son los que ahora mismo más tranquilos están al no tener causas pendientes: Pep Sansó (Federación Balear); Marcelino Maté (Castilla y León); Pablo Burillo (Castilla-La Mancha); Rafa del Amo (Navarra), Pablo Lozano (Andalucía); Alejandro Morales (Canaria) y Javier Landeta (Vasca).

El periodo electoral que se abrió con la dimisión de Luis Rubiales el pasado 10 de septiembre, lejos de traer nuevos aires democráticos a la Federación, como debería suceder cada vez que se abren las urnas, amenaza con agriar más las luchas internas por la sucesión en mitad de todos estos escándalos que tienen al mundo del fútbol con las manos en la cabeza. Dentro de la casa, con los presidentes de las Territoriales que ya se están postulando, y fuera de la misma, con aquellas alternativas que siempre han tenido en mente presentar su candidatura a la presidencia bajo el paraguas de los clubes profesionales de LaLiga que quieren un cambio cuanto antes en la RFEF para que las relaciones institucionales mejoren sustancialmente.

De momento, Pedro Rocha actúa como presidente interino de la Federación, puesto a dedo por Rubiales, al frente de la Junta Gestora que debe coordinar este proceso de transición. Y cinco de sus socios de Junta ya le han exigido por escrito por qué no convoca elecciones inmediatas a la presidencia y espera a 2024 -con la aprobación del CSD- para no hacer dos votaciones en pocos meses (situación que ha denunciado Miguel Galán). Si no se consigue revertir esta decisión, las elecciones se celebrarán el primer trimestre del nuevo año y no después de los Juegos como estaban fijadas.

Paco Díez (Madrid) es el único barón que se ha dejado querer para ser el hombre de consenso: "Si alguien me lo pide, estoy dispuesto...", ha llegado a decir en un par de entrevistas, aunque no parece que vaya a contar con el respaldo mayoritario que él necesita. Pablo Lozano (Andalucía) ha asegurado que no tiene en mente dar el salto a la Española. Entre otras cosas porque tiene elecciones en su federación en 2024 y prefiere centrarse en asegurar su feudo. La RFEF puede ser uno de sus objetivos a medio y largo plazo. El otro presidente territorial que está pulsando sus apoyos es Salvador Gomar (Comunidad Valenciana) pero, hasta ahora, ha preferido guardar silencio. A su favor juega que él no tiene elecciones en su autonomía el próximo año así que, tras tener seguro el mandato en su comunidad, no arriesgaría tanto en caso de probar suerte. Rocha, según su entorno porque él no se pronuncia, no tiene pensado en principio continuar. Este fin de semana será una buena prueba de fuego, en una reunión de barones en Madrid, para ver quién mantiene su postura y quién no.