Viaje al fondo de la crisis del fútbol en Uruguay: una guerra de dos llevada a las gradas

La violencia volvió a marcar el fútbol sudamericano, en este caso el uruguayo, cuando este pasado sábado un proyectil lanzado al término del encuentro entre Racing Montevideo y Peñarol impactó en el rostro del árbitro asistente Federico Piccardo.

El partido terminó 2-1, pero todo quedó ensombrecido por la agresión al árbitro, como ya ocurrió hace apenas unas semanas en la cancha de Cerro. Fue el 25 de febrero y ese día el asistente Julián Pérez sufrió un corte en la cabeza por un objeto arrojado desde la hinchada local, en el estadio Luis Franzini.

Las consecuencias fueron inmediatas: huelga de los árbitros y de nuevo detenido el fútbol profesional uruguayo.

Son reiteradas las huelgas del comité arbitral en los últimos años, como cuando Martín Soppi presentó denuncia en 2019 tras el partido entre Nacional y Fénix. El por entonces presidente de Nacional, José Decurnex, realizó entonces unas fuertes declaraciones y fue citado por el Tribunal de ética de la AUF (Asociación Uruguaya de fútbol, el equivalente de la RFEF en nuestro país). Después de aquel encuentro, Soppi denunció haber recibido amenazas de muerte y extorsiones dirigidas a él y a su familia.

Hace apenas unos meses, en octubre y noviembre de 2023, se llevó a cabo una huelga de jugadores, que solicitaban el aumento de salario mínimo a través de la Mutual. Los clubes no votaron a favor en esa propuesta de reforma del estatuto del jugador.

Y después de este sábado, otra vez detenido el fútbol charrúa. Las causas de la crisis del fútbol uruguayo hay que ir a buscarlas a tiempos remotos y, sobre todo, a un conflicto más profundo.

A pesar de que Uruguay es un país pequeño, de apenas 3,5 millones de habitantes, su fútbol parece estar partido en dos. Por un lado, los que tienen intereses o negocios con el grupo televisivo Tenfield y, por otro, los que apoyan al actual presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

Tenfield es la empresa que ha gestionado de forma exclusiva los derechos de televisión del fútbol uruguayo desde hace más de 35 años. Está presidida por el popular Paco Casal, agente también de jugadores y entrenadores, y tiene firmado un contrato casi vitalicio e irrompible. Casal lleva todo ese tiempo siendo el magnate del fútbol uruguayo.

La guerra arrancó cuando un estudio a nivel internacional de la AUF consideró que al fútbol uruguayo le estaban ingresando unos 50 millones de dólares anuales por los derechos televisivos de los que los clubes sólo recibían 16. El contrato de Tenfield no finaliza hasta 2025 y Alonso, el presidente federativo, promovió una alternativa para que los clubes no siguieran renovando con esa televisión. La federación uruguaya acordó adelantar unos 10 millones de dólares a clubes de Primera y Segunda para evitar que se extendiera el contrato con Tenfield, con ello querían evidenciar que el fútbol local y los clubes deberían estar recibiendo el doble por los derechos de sus partidos.

Esos 10 millones eran un fondo de dinero a los clubes que están en peores condiciones económicas, se buscaba evitar que siguieran malvendiendo los activos y que estuvieran atados a las condiciones de Tenfield. La AUF pretende algo claro con todo esto: ampliar el pastel para todos. Se cree que si los clubes recibieran más dinero podrían contar con mejores infraestructuras, plantillas, estadios… Y, por ende, más recursos para garantizar la seguridad de todos, incluida la de los árbitros.

En esa batalla también participan los jugadores internacionales de la selección de Uruguay, hasta ahora siempre del lado de la AUF y en contra del monopolio televisivo, que también afecta a las distintas selecciones 'celestes', a las inversiones que pueden hacerse en las inferiores y en la absoluta, a sus instalaciones deportivas...

Las canchas uruguayas presentan muchas diferencias entre clubes, hay algunos que mueven una masa social de 30.000 personas y otros apenas 500. Por ejemplo, en la agresión del sábado no se ha podido encontrar a los causantes de los disturbios porque no había cámaras con identificación facial en ese lugar. Sí cuenta con ellas Peñarol, con el estadio más nuevo y preparado del país.

Relevo ha podido hablar con su presidente, Ignacio Ruglio: "Pedimos que la sanciones las reciban las personas que realizan esas agresiones, los clubes no tenemos la culpa. Aquí se cierran las canchas, y antes se decidió que no nos sancionaran con la quita de puntos porque al final eso provoca que algunos hinchas se organicen y se manipule con eso. Nosotros recibimos a unos 40.000 aficionados en los partidos en casa, pero Racing no pudo garantizar nada y encima parece ser que fue uno de ellos. Aquí las sanciones para las personas son muy leves y la mayoría de las veces no les pasa nada. Esta vez tampoco va a pasar nada. No vale con identificar y sancionar con dos meses sin acudir a ver a su equipo. Los gobiernos más de izquierdas coinciden en que los agentes policiales dentro de las tribunas no son foco de disuasión, sino de provocación. El paro arbitral no va a solucionar nada", afirma.

De hecho, el próximo partido de Peñarol es el clásico frente a su eterno rival, Nacional: "Ya se había determinado que no hubiese afición visitante, no quieren traerla porque si cometen algún acto delictivo, les podrían suspender. Esto es un tema cultural, de educación, si la persona que en un momento de calentura va a hacer algo así cree que le puede arruinar la vida, se lo pensaría. Hay que endurecer las sanciones", nos cuenta Ruglio.

En la cancha de Racing nadie asume las consecuencias y, a pesar de no haberse podido demostrar, fuentes consultadas por este medio aseguran que fue un directivo del propio Racing quien hizo el lanzamiento desde la grada. Una grada en la que no había policía sino seguridad privada, otro viejo debate en el fútbol uruguayo. Y es que mientras que, por un lado, hay quien solicita que la policía se sitúe también en las tribunas y entre los aficionados, sectores afines al ministro del Interior argumentan que la presencia policial puede exacerbar más los ánimos de los aficionados y no ayuda a prevenir incidentes. Actualmente la policía forma un cordón fuera del estadio y en algunos accesos y reciben órdenes de intervención desde dentro, normalmente ya demasiado tarde.

Mientras tanto, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), ya realizó un paro hace dos semanas, dejando la pelota en el tejado de la AUF, dando por hecho que toda la responsabilidad en seguridad recae en ella. Levantaron el paro después de que atendieran a sus peticiones, pero a la vista está que las medidas adoptadas no han sido suficientes. En esa instancia se solicitó, entre otras cosas, que los árbitros fueran custodiados desde sus casas en el día de partido y también endurecer las sanciones, una cuestión que no depende únicamente de AUF. La federación ahora recibe de nuevo las presiones del comité arbitral, de los clubes que la consideran culpable de los parones constantes e intentan de debilitar a su máximo dirigente, Ignacio Alonso.

Yimmy Álvarez, presidente de los árbitros, explica en RELEVO la postura de su gremio: "Tratamos de sacudir con medidas de presión y prevención. El partido de Cerro de este fin de semana no estaba declarado de riesgo, la hinchada no estaba catalogada como tal, habría que ampliar ese concepto a otros y que se activen los protocolos de seguridad. Que el Ministerio de Interior trabaje en coordinación con las hinchadas que dan problemas. Que se levante el paro depende de la AUF". El organismo que preside Ignacio Alonso no tiene la capacidad para intervenir en ello, únicamente puede conseguir que todos los estamentos, incluido el político, tomen partido, aunque eso no parece viable para los próximos días.

Álvarez se encuentra estos días asistiendo a partidos en Europa: "Fui al Real Madrid- Celta y al PSG- Nantes, por ejemplo. Fui varias horas antes para ver los dispositivos que se llevan a cabo y es todo perfecto, cómo custodian a las aficiones, la educación de la gente…".

Por ahora ha quedado demostrado que los paros arbitrales no sirven de nada. Tampoco la escasa videovigilancia en los estadios o la presencia de la policía y seguridad privada. Aunque se identifique a los hinchas más violentos o que cometen actos delictivos no hay quien se atreva a denunciar por miedo a represalias o venganza. Además, a menudo están ya planeados para continuar con el tira y afloja entre esos dos mundos que separan al país.

Un conflicto más que complejo que podría acabar a partir de 2025, cuando termine el contrato de Tenfield. Mientras tanto, sigue perdiendo el fútbol. El diamante más bruto y precioso de todo el Uruguay.