Continúa la renovación de la agencia española antidopaje: Sánchez Gálvez también cae

Silvia Calzón, la nueva directora de la agencia española antidopaje, conocida como CELAD (Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte) ha cumplido. Apenas dos meses después de su aterrizaje se producen los dos primeros cambios de trascendencia a nivel estructural. Tras la oferta publicada este lunes para cambiar la jefatura del Departamento del Control del Dopaje (DCD), hoy el turno pasa por renovar la Secretaría de la agencia.

Según ha podido saber Relevo, en la próxima reunión del Consejo Rector la directora propondrá destituir tanto a Jesús Muñoz-Guerra, hasta ahora jefe del DCD y número dos de la CELAD, como a Ramón Sánchez Gálvez, secretario general y número 3 en la toma de decisiones. Ambos han sido pieza clave en la gestión que José Luis Terreros, exdirector de la CELAD, ha llevado a cabo en los últimos siete años y que, tras el escándalo destapado por este medio, ha derivado en una de las mayores crisis del deporte español a nivel de dopaje.

Sánchez Gálvez, que según él mismo anunció a algunos de los trabajadores de la CELAD recalará en el Instituto de Salud Carlos III, estaba al frente de la Secretaría General cuando no se revisaron los pagos abonados a PWC (Professional Worldwide Controls) por los controles realizados con un sólo agente, cuando la ley indicaba -hasta noviembre de 2023- que debían hacerse con la presencia de dos. La situación anómala se prolongó entre, al menos, 2017 y 2022 a pesar de que la agencia conocía que los test antidopaje no se hacían bajo la normativa vigente.

Según desveló Relevo el pasado 28 de diciembre, más de 30 documentos presentados ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes acreditarían que Professional Worldwid Controls, la empresa adjudicataria para la realización de los tests, tomó muestras a deportistas con un solo agente de control. Estos actuaban en solitario o bien lo hacían junto a otras personas que, en realidad, no estaban habilitadas administrativamente como tal, lo que suponía el correspondiente ahorro para la compañía adjudicataria. No se pagaría igual a un verdadero agente de control que a una persona sin habilitación administrativa.

Tanto José Luis Terreros como Jesús Muñoz-Guerra y Ramón Sánchez Gálvez conocerían, al menos desde 2017 a 2022, que la realización de controles antidopaje con un solo agente permitía la anulación de los positivos detectados. Más allá de la inutilidad de la lucha contra el dopaje, ocultar la irregularidad cometida por la empresa adjudicataria de forma sistemática habría supuesto un perjuicio económico para la agencia española antidopaje y un beneficio ilícito para PWC. Ahorrar el coste asociado al segundo agente de control requerido por la normativa suponía facturar a la CELAD servicios que en realidad no se podían abonar por incumplimiento de la normativa administrativa. Tanto en materia de control del dopaje como del propio contrato de adjudicación, ya que los efectos sancionadores resultarían inútiles tan pronto como esta irregularidad fuera detectada.

Agustín González, secretario general de la CELAD en 2021, llevó a cabo una serie de auditorías internas al ser conocedor de las posibles irregularidades que se venían cometiendo desde 2017, pues era la Secretaría General de la agencia desde donde se abonaban las facturas giradas mensualmente a PWC con fondos públicos procedentes de la agencia española antidopaje.

Ante los resultados de la investigación, Agustín González alertó a Muñoz-Guerra de un problema con una serie de controles facturados por Professional Worldwide Controls en enero, febrero, marzo y abril de 2021: "Se pagaron entonces y si ahora hay un positivo, el lío va a ser gordo". En ese momento se hizo evidente que los controles irregulares, a pesar de conocerse por la CELAD desde 2017, se estaban abonando sin ningún control en perjuicio de los fondos públicos de la agencia, dependiente del Consejo Superior de Deportes. "No podemos tolerar más tomaduras de pelo ni pagar controles que, además, nos puedan meter en un lío", decía el entonces secretario. La empresa llegó incluso a ser apercibida por Agustín González por incumplir con sus obligaciones en la realización de los servicios de control adjudicados pues la diferencia de facturación entre los meses no auditados y los supervisados era relevante.

¿Qué ocurrió entonces? Ante la imposibilidad de controlar los fondos públicos de la CELAD Agustín González cesó como secretario general en medio de las auditorías y fue sustituido en el cargo por Ramón Sánchez, un funcionario de la CELAD y, por tanto, subordinado de José Luis Terreros.

 Ramón Sánchez Gálvez también tendrá que responder por el nuevo contrato público que la CELAD anunció el pasado mes de noviembre en su plataforma para el asesoramiento en materia de la normativa de protección de datos por un importe de 60.500 euros. La nueva licitación estaría redactada ad hoc para que dos trabajadoras de la agencia afines al secretario, Chelo Paola Rivera y Lea González, pudieran optar a ella a través de una nueva empresa, Unicorn Data Privacy, creada por ambas en octubre de 2023, tan sólo un mes antes.

La oferta de empleo público incluía requisitos prescindibles para la actividad a contratar que inicialmente podrían beneficiar a las mencionadas trabajadoras frente a otras posibles propuestas como la necesidad de tener un nivel de francés nativo, como era el caso de Lea González; o la experiencia de al menos dos años en la gestión de un sotfware concreto, Smartglobal Governance, de cuyas formaciones habría formado parte Chelo Rivera. Además, la licitación indicaba que la empresa debería justificar que contaba, al menos, con otro perfil de Delegado de Protección de Datos durante el periodo de ejecución del contrato.

Tanto Rivera como González habrían llegado a la CELAD de la mano del anterior secretario de la CELAD, Agustín González, quien mantiene una estrecha relación con Ramón Sánchez Gálvez. Ambas fueron contratadas sin formación alguna en materia de protección de datos a través de contratos menores mediante la práctica irregular de "fraccionamiento del gasto". Además, durante sus años en la estructura de la agencia fue la propia CELAD quien sufragó con fondos públicos diversas formaciones para ambas en la misma materia por la que el pasado mes de noviembre ofertó la plaza de empleo público. Por el momento, según ha podido saber Relevo, el contrato aún no se habría adjudicado.

Con la salida de Ramón Sánchez Gálvez, secretario de la CELAD, y Jesús Muñoz-Guerra, responsable del Departamento de Control del Dopaje, la agencia se desprende de el número dos y tres de la estructura tras el cese de José Luis Terreros, director de la agencia hasta el pasado mes de enero. La renovación pasará ahora por decidir qué hacer con todos los positivos sin sanción que ha acarreado la gestión de los últimos años y por la revisión de las facturas abonadas a PWC, asunto que está investigando la Fiscalía Provincial de Madrid tras la denuncia enviada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).