El CSD eleva al TAD una denuncia contra el presidente de la federación de taekwondo en pleno proceso electoral

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha elevado a Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia contra el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), Jesús Castellanos, y otros directivos por presunto abuso de autoridad y la incorrecta utilización de fondos.

En concreto, el CSD insta al TAD a que, en caso de que aprecie indicios razonables, abra expediente al presidente, al secretario general José María Pujadas y a la gerente Alicia Sancho. Además, también solicita la apertura de expediente para todos los miembros de la junta directiva y la comisión delegada, según el documento al que ha tenido acceso Relevo.

La denuncia, presentada en marzo, tiene su origen en el procedimiento judicial que mantiene abierto el Juzgado de Instrucción nº7 de Alicante desde 2016 y que está pendiente de fecha de juicio en la Audiencia Provincial de Alicante. Los acusados son, además de los tres citados, el extesorero Miguel Pérez Otín y el expresidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana Victorino Pizarro.

El juzgado dio traslado a la RFET para que ejerciera su derecho a la defensa después de que las acusaciones solicitaran que fuera declarada responsable civil subsidiaria de las multas e indemnizaciones exigidas a sus directivos. La RFET se personó y también renunció expresamente a la indemnización que pudiera corresponderle. La Fiscalía ha solicitado una indemnización de casi 400.000 euros a pagar entre Castellanos, Pérez Otín, Pujadas y Sancho.

La denuncia presentada ante el CSD señala un posible conflicto de interés, pues algunos de los directivos que autorizaron la personación en la causa y la renuncia a una posible indemnización son también los que deberían hacerse cargo de esa indemnización si finalmente son condenados.

La cúpula federativa del taekwondo español lleva años investigada por presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y administración desleal. Entre 2009 y 2015, según la jueza instructora y la Fiscalía, los dirigentes de la federación de taekwondo incurrieron en irregularidades en la gestión económica del organismo, sobre todo en la aplicación y la justificación de las subvenciones públicas recibidas del CSD y en la justificación de otros gastos.

La jueza consideró que existían indicios de presuntas irregularidades y describió que "los investigados de forma conjunta, con el fin de obtener dinero público de CSD durante años, recurrieron a distintas prácticas que partía [sic] de la alteración de los documentos, amañando facturas, documentación para reflejar unos datos que no se ajustaban a la realidad a fin de percibir el dinero del CSD". También que "alteraban al propio tiempo la contabilidad, haciendo constar determinadas cifras en determinados asientos para hacer constar unos gastos en base a unos conceptos falsos o inexistentes".

En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó para los tres principales acusados (Castellanos, Pérez Otín y Pujadas) penas de prisión de diez años, una multa de 1,5 millones de euros y una indemnización de un millón de euros para el CSD y la RFET.

A ese escrito se adhirió el CSD, personado en la causa. También están personados Jesús Tortosa, entrenador y padre del olímpico en Río de Janeiro 2016 del mismo nombre; la Federación Gallega de Taekwondo; y Eugenio Granjo, entrenador de Castellón cuya denuncia fue el origen de la investigación.

Castellanos preside la RFET desde 2005. Fue reelegido por última vez en 2021 en un proceso electoral que acabó con una inhabilitación del TAD para él y otros directivos. Las elecciones de 2024 ya están en marcha, pero aún no ha anunciado si se va a presentar.