Ya hay fecha: los números dos y tres de la agencia española antidopaje serán destituidos el próximo 4 de abril

Silvia Calzón, la nueva directora de la agencia española antidopaje, conocida como CELAD (Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte) ha convocado al Consejo Rector para el próximo 4 de abril. Allí comunicará los cambios efectuados desde que el pasado 26 de enero asumiera la dirección de la agencia tras la destitución de José Luis Terreros, quien estuvo a los mandos desde 2017, y donde solicitará la salida del número dos de la agencia, Jesús Muñoz-Guerra, hasta ahora jefe del Departamento de Control del Dopaje, y del número tres, Ramón Sánchez Gálvez, secretario general.

Dos salidas anunciadas, tal y como desveló Relevo el pasado 19 de marzo, pues fue la propia agencia quien publicó en su portal de empleo público las ofertas de empleo público para sustituir a a ambos. Tanto Muñoz-Guerra como Sánchez Gálvez han sido piezas clave en la gestión que José Luis Terreros, exdirector de la CELAD, ha llevado a cabo en los últimos siete años y que, tras el escándalo destapado por este medio, ha derivado en una de las mayores crisis del deporte español a nivel de dopaje.

Jesús Muñoz-Guerra, jefe del Departamento de Control de Dopaje (DCD), fue quien gestionó el caso de la maratoniana y ahora plusmarquista nacional Majida Maayouf tras su positivo durante un control en una competición en Alemania y que terminó 'cubierto' por una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) un año después sin todavía explicación. Además, en la documentación a la que accedió este medio, Muñoz-Guerra fue quien comunicó el positivo a la atleta y le apremió para que presentara un informe médico que "cubriera" el uso de terbutalina. A día de hoy, nadie ha podido presentar aún la resolución del Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutco (CAUT) que justificara su permiso, algo que despertó todas las alertas con la llegada de Silvia Calzón.

Pero el 'Expediente Majida Maayouf' tan sólo era la punta del iceberg. Según señaló Relevo, la concesión de AUT de forma retroactiva era el modus operandi habitual en Muñoz-Guerra, que ni siquiera pasaba en muchos de los casos por el CAUT que, como comisión independiente y bajo criterios médicos, es el único que podría concederlas. En la misma línea, ocultó de forma arbitraria controles fallidos de deportistas -los mismos por los que fue sancionado Mo Katir por la Federación internacional de atletismo (World Athletics)- que deberían haber quedado registrados en el sistema de supervisión de la agencia mundial (ADAMS) y, en algunos casos, hubieran motivado una sanción similar al acumular más de tres infracciones por incumplimiento en la localización en un periodo de 12 meses. Es decir, hay deportistas españoles que deberían haber sido sancionados como Katir pero la gestión de la agencia española antidopaje lo impidió.

Otro de los asuntos que preocupan a la nueva dirección de la CELAD es la ocultación de resultados positivos de varios deportistas que nunca llegaron a tener sanción. Con métodos como dejar pasar el plazo máximo entre la apertura de expediente y la comunicación de la sanción, no abrir expediente sancionador alguno tras recibir el resultado adverso o directamente, dejándolo en un cajón como en el caso del también atleta Patrick Chinedu, destapado por eldiario.es.

Además, hay que recordar que, tal y como adelantó ABC, Muñoz-Guerra está actualmente acusado, junto a otra funcionaria, por un caso falsedad documental. Ambos fueron denunciados por una deportista a quien se le abrió inicialmente expediente sancionador por parte de la agencia cuando el documento de revisión de su positivo, que sirve para identificar posibles irregularidades, indicaba que el test antidopaje se había hecho con un sólo agente de control y no dos como indicaba la ley española hasta noviembre de 2023. Relevo también se hizo eco hace unas semanas del caso de Eteki Yan, un futbolista cuyo positivo se archivó por el chivatazo de alguien desde la CELAD, que alertó al Almería, el club donde militaba por entonces, para que pudiera defenderse y cubrir, de nuevo, un positivo en dopaje. A pesar de no hacerlo ni en tiempo ni en forma, el futbolista quedó sin sanción.

Por el momento, sólo había habido una tibia reacción internacional sobre la figura de Muñoz-Guerra. Hace unas semanas fue empujado a abandonar el grupo de expertos que se iba a encargar de reanalizar todos los controles de Río 2016 tras la consulta de la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia Internacional de Tests sobre las publicaciones de Relevo.

Sánchez Gálvez, que según él mismo anunció a algunos de los trabajadores de la CELAD recalará en el Instituto de Salud Carlos III, estaba al frente de la Secretaría General cuando no se revisaron los pagos abonados a PWC (Professional Worldwide Controls) por los controles realizados con un sólo agente, cuando la ley indicaba -hasta noviembre de 2023- que debían hacerse con la presencia de dos. La situación anómala se prolongó entre, al menos, 2017 y 2022 a pesar de que la agencia conocía que los test antidopaje no se hacían bajo la normativa vigente.

Según desveló Relevo el pasado 28 de diciembre, más de 30 documentos presentados ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes acreditarían que Professional Worldwid Controls, la empresa adjudicataria para la realización de los tests, tomó muestras a deportistas con un solo agente de control. Estos actuaban en solitario o bien lo hacían junto a otras personas que, en realidad, no estaban habilitadas administrativamente como tal, lo que suponía el correspondiente ahorro para la compañía adjudicataria. No se pagaría igual a un verdadero agente de control que a una persona sin habilitación administrativa.

Tanto José Luis Terreros como Jesús Muñoz-Guerra y Ramón Sánchez Gálvez conocerían, al menos desde 2017 a 2022, que la realización de controles antidopaje con un solo agente permitía la anulación de los positivos detectados. Más allá de la inutilidad de la lucha contra el dopaje, ocultar la irregularidad cometida por la empresa adjudicataria de forma sistemática habría supuesto un perjuicio económico para la agencia española antidopaje y un beneficio ilícito para PWC. Ahorrar el coste asociado al segundo agente de control requerido por la normativa suponía facturar a la CELAD servicios que en realidad no se podían abonar por incumplimiento de la normativa administrativa. Tanto en materia de control del dopaje como del propio contrato de adjudicación, ya que los efectos sancionadores resultarían inútiles tan pronto como esta irregularidad fuera detectada.

Según ha podido saber Relevo, Silvia Calzón ha paralizado la adjudicación del contrato público que la CELAD anunció el pasado mes de noviembre en su plataforma para el asesoramiento en materia de la normativa de protección de datos por un importe de 60.500 euros. La nueva licitación estaría redactada ad hoc por Ramón Sánchez Gálvez para que dos trabajadoras de la agencia afines al secretario, Chelo Paola Rivera y Lea González, pudieran optar a ella a través de una nueva empresa, Unicorn Data Privacy, creada por ambas en octubre de 2023, tan sólo un mes antes.

La oferta de empleo público incluía requisitos prescindibles para la actividad a contratar que inicialmente podrían beneficiar a las mencionadas trabajadoras frente a otras posibles propuestas como la necesidad de tener un nivel de francés nativo, como era el caso de Lea González; o la experiencia de al menos dos años en la gestión de un sotfware concreto, Smartglobal Governance, de cuyas formaciones habría formado parte Chelo Rivera. Además, la licitación indicaba que la empresa debería justificar que contaba, al menos, con otro perfil de Delegado de Protección de Datos durante el periodo de ejecución del contrato.

Tanto Rivera como González habrían llegado a la CELAD de la mano del anterior secretario de la CELAD, Agustín González, quien mantiene una estrecha relación con Ramón Sánchez Gálvez. Ambas fueron contratadas sin formación alguna en materia de protección de datos a través de contratos menores mediante la práctica irregular de "fraccionamiento del gasto". Además, durante sus años en la estructura de la agencia fue la propia CELAD quien sufragó con fondos públicos diversas formaciones para ambas en la misma materia por la que el pasado mes de noviembre ofertó la plaza de empleo público. Por el momento, según ha podido saber Relevo, el contrato aún no se habría adjudicado.

Con la salida de Ramón Sánchez Gálvez, secretario de la CELAD, y Jesús Muñoz-Guerra, responsable del Departamento de Control del Dopaje, la agencia se desprende de el número dos y tres de la estructura tras el cese de José Luis Terreros, director de la agencia hasta el pasado mes de enero. La renovación pasará ahora por decidir qué hacer con todos los positivos sin sanción que ha acarreado la gestión de los últimos años y por la revisión de las facturas abonadas a PWC, asunto que está investigando la Fiscalía Provincial de Madrid tras la denuncia enviada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).