Agustín Martín Santos vuelve a oscurecer el voleibol español abriendo la puerta a presuntos fraudes en el censo electoral

¿Se imaginan que al presidente de una comunidad de vecinos le pillan robando en una vivienda del edificio a través de las cámaras de seguridad, consigue salir indemne y lo que decide es quitar las cámaras de seguridad para que en la próxima ocasión que quiera sustraer algo en el mismo sitio no le puedan pillar? Algo parecido es lo que está ocurriendo en las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Voleibol, que ha iniciado ya su proceso electoral que se culminará después de los Juegos Olímpicos de París.

Según ha podido saber Relevo, la federación [presidida por Agustín Martín Santos desde el año 2000 y que afronta sus primeras votaciones en las que no estará el que ha sido 'todopoderoso' dirigente vallisoletano] ha decidido construir un muro para que nada ni nadie encuentre posibles fraudes en el censo electoral, como ocurrió hace cuatro años en unos comicios en los que un juez sentenció que "no destacaron por su transparencia". ¿Cómo? Impidiendo que nadie pueda consultar el censo electoral completo y detallado como en años anteriores en la búsqueda de ilegalidades desde fuera del seno del poder actual. En los primeros días desde la apertura del procedimiento electoral, los censados solo podían conocer el 'OK' de si su nombre estaba presente en la lista.

Retrotrayéndose a hace cuatro años, como informó Relevo el pasado 17 de mayo, la federación de Castilla y León, donde Agustín Martín Santos trabaja como administrativo con nómina, incluyó en el censo electoral un 'equipo fantasma' con sede en Valladolid, con jugadoras canarias e inscrito en la 3ª división autonómica, una categoría en la que nunca llegó a jugar ningún partido. Es decir, la inclusión de unas jugadoras en un equipo que nunca existió, en una liga sin partido alguno y, por si fuera poco, en plena pandemia del COVID.

Esta información fue confirmada por el propio Martín Santos en conversación con este medio llegando a afirmar que "no compensó" en cuanto a número de votos y que "hoy no lo hubiéramos hecho". A pesar de lo llamativo del asunto, aquel presunto equipo del CD Apostolado de Valladolid significó solo una pequeña parte de los más de 600 nuevos censados de última hora en aquellas elecciones, un total de 529 con un certificado de la federación madrileña. "Dentro de la ley todo el mundo busca las formas de tener más apoyos", intentaba excusarse de esta manera respecto a influenciar en el resultado final en las urnas.

Ahora, la estrategia parece clara: si nadie ajeno a su entorno puede comprobar estos listados, nadie podrá encontrar posibles 'equipos fantasmas' o inclusión masiva de votantes llegados de federaciones afines al poder establecido, que en esta ocasión irá representado en la candidatura del actual vicepresidente de la RFEVB y presidente de la federación madrileña, Felipe Pascual.

La situación, a día de hoy, significa un presunto incumplimiento de la orden ministerial para la regulación de las elecciones de las federaciones deportivas que señala que "el acceso telemático al censo estará restringido, previa identificación, a quienes estén en posesión de una licencia federativa y a las entidades que formen parte o estén integradas en la federación deportiva española correspondiente, y así lo soliciten". Por lo tanto, todos los que tengan licencia deberían poder acceder al censo — algo que de este modo se incumple — para encontrar cualquier tipo de fraude o ilegalidad, teniendo a mano la documentación para poder hacerlo, como ocurrió en las últimas elecciones.

Impedir el acceso va directamente contra el propósito de la orden, que destaca que "el tratamiento y publicación de los datos contenidos en el censo tendrá por exclusiva finalidad garantizar el ejercicio por los electores de su derecho de sufragio, y garantizar la transparencia del proceso electoral".

Según confirman varias fuentes a Relevo, el bloque de información censal ya ha sido reclamado ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que tendrá que decidir si la actuación de la federación española de voleibol no cumple la reglamentación. Eso sí, aunque el TAD resuelva darle la vuelta a la situación y que todos los involucrados en el proceso electoral terminen por poder consultar el censo al completo, el tiempo en este tipo de procesos es muy importante en la lucha por la limpieza.

Por ejemplo, en las elecciones anteriores, la candidatura 'Ahora Voley' de la presidenta de la federación catalana, Maribel Zamora, denunció la complejidad de revisar cuántos de los censados eran legales por falta de tiempo. Ahora, los días transcurren sin acceso al censo y el ejercicio de búsqueda de posibles 'errores' se torna cada vez más complicado de realizar por plazos.

En las últimas horas, ante las quejas de varias territoriales y deportistas, la federación ha decidido disimular su estratagema ampliando el plazo de reclamaciones compartiendo un listado de nombres del censo, con un formato de páginas de 10 en 10 censados, pero sin la información del club, categoría, federación territorial o edad, lo que hace imposible comprobar si alguno de esos nombres debe o no estar entre los censados. Haya o no haya maniobras ilegales o amorales en esta maniobra, no cabe duda de que se trata de una operación que choca de frente con la transparencia que debería tener un proceso electoral.

El veto al acceso del censo sería el último apartado oscuro en la trayectoria de un Agustín Martín Santos (presidente en los últimos 24 años) que ha propiciado en este último mandato — como desveló Relevo el pasado 16 de mayo — un cambio de criterios que beneficia a la federación autonómica de Castilla y León, donde reconoce que también trabaja como administrativo.