Chiringuito en el voleibol español: dos sueldos para el presidente y un sinfín de subvenciones dirigidas desde Madrid

"Tengo una vinculación laboral de carácter meramente administrativo y discreto con la Federación de Voleibol de Castilla y León", confirma al otro lado del teléfono Agustín Martín Santos, actual presidente de la Real Federación Española de Voleibol, atendiendo la llamada de Relevo. Unas palabras que refrendan que el gran mandamás de su deporte en España desde hace 24 años, que cobra 67.789,92 euros por su presidencia, ostenta a mayores otro puesto de trabajo en una federación territorial, dependiente de su puesto como presidente nacional. Este desempeño, a la sombra de los focos —o "discreto", como lo define él mismo— lo desarrolla curiosamente en la federación autonómica más beneficiada por los cambios de criterios en el reparto de subvenciones en este su último mandato.

¿Se imaginan que Pedro Rocha, como presidente de la RFEF, trabajara en la Federación Extremeña de fútbol como administrativo y, en ese tiempo, las subvenciones a esa territorial se multiplicaran por seis, la mayoría de eventos se adjudicaran a Badajoz y cualquier otra federación regional que se mostrara en contra de la gestión pasara, por diferentes motivos, a recibir cero euros tras un cambio de criterio en el reparto de subvenciones? Al darse a conocer, el escándalo sería todavía de mayores dimensiones que la crisis actual en Las Rozas. Pues esa situación se ha hecho realidad en un voleibol español que sufre una división entre detractores y fieles a uno de los presidentes con más carrera en el deporte nacional, Agustín Martín Santos.

Este salmantino de nacimiento con residencia en Valladolid lleva en la presidencia desde poco después de los Juegos de Sídney 2000 y tomó posesión de su sexto mandato a finales de 2020, en unas elecciones —un juez sentenció que "no destacó por su transparencia"— donde ganó por un voto de diferencia en la asamblea a la candidatura alternativa.

Uno de los grandes escándalos que le rodean es el polémico reparto de las subvenciones por un montante total de 196.000 euros. Desde que en el año 2020 el actual presidente rompió relaciones con varias federaciones autonómicas de su confianza —a las que llama "el grupo del odio" en conversación con Relevo— que le recomendaron dar un paso al lado y decidieron presentar su propia candidatura, Agustín Martín Santos aplicó un cambio de rumbo en los criterios de reparto que ha terminado beneficiando a sus 'fieles' y ha dejado literalmente a cero a sus críticos.

Si en las legislaturas anteriores las subvenciones se regían por el número de licencias de cada federación autonómica y el potencial de los clubes en las máximas categorías del voleibol nacional —un enfoque que perjudicaba ostensiblemente a la federación castellano y leonesa—, los criterios pasaron a tener una división en tres bloques: organización de eventos de la RFEVB, arbitrajes y un tercer bloque que ha despertado la indignación en varios sectores llamado 'Colaboración y aspectos negativos'. En su defensa, señala que estos cambios son para que el dinero vaya a quien organiza eventos de la federación española.

Estos nuevos criterios impuestos han derivado en grandes cambios económicos para muchas federaciones territoriales y una clara beneficiada: la Federación de Voleibol de Castilla y León (FVCyL). En concreto, esta territorial pasó de recibir 5.250 euros en las subvenciones de 2020 a 30.464,50€ euros en 2021 y creció todavía más, hasta los 35.759,46€ en 2022, multiplicándose por seis la cifra total en solo tres años y con un crecimiento del 341% entre la media de los criterios previos a las últimas elecciones y la distribución posterior. En cambio, Cataluña ha pasado de 25.519,11€ a 0 en este tiempo.

¿Por qué este cambio de criterios y con qué motivo termina siendo un flujo de ayudas a la FVCyL? Desde el principio de esta investigación, varias fuentes señalaban a Relevo que el motivo era que Agustín Martín Santos tiene una relación laboral con esta federación autonómica e, incluso, cobra un sueldo por este segundo trabajo. Para contrastar estas afirmaciones, Relevo se ha puesto en contacto con el propio Agustín Martín Santos, que confirma sin ambages que cuenta con sendas nóminas en ambos entes:

"Tengo una vinculación laboral de carácter meramente administrativo y discreto".

"Sí, sí. Tengo un puesto de administrativo en la federación de Castilla y León, claro que lo tengo. Pero eso me parece meterse en mi vida privada".

Con la confirmación de Martín Santos de que la relación laboral con la federación territorial existe, Relevo le consulta sobre una posible incompatibilidad de sus dos trabajos según lo detallado en los estatutos de la RFEVB: "El presidente no podrá ejercer cargo alguno en otro órgano federativo, ni en entidad, asociación o club sujetos a la disciplina de la federación, o en federación distinta de la RFEVB y será incompatible con la actividad como jugador, árbitro o entrenador durante el período que dure su mandato":

"No, no. Lo que es incompatible es con cualquier 'cargo', no trabajo. Es igual que el conserje de un ayuntamiento: ¿un conserje no puede ser concejal porque es conserje? Entonces, ¿esto solo está hecho para los ricos? Yo soy un trabajador, que tiene un puesto de administrativo y no tengo ningún cargo. No firmo ni albaranes".

"¿Influencia? En perjudicar a Castilla y León, que muchas veces les meto cosas que no quieren. Pero en algún sitio tengo que meterlo... O cuando hay algo que quieren en otros sitios y que les digo que no lo pidan".

Es la primera ocasión que Agustín Martín Santos reconoce públicamente que comparte su actividad como presidente nacional con trabajar en una autonómica, pero no es la primera vez que voces del voleibol le cuestionan posibles incompatibilidades de este tipo. En la asamblea de 2022 ya tuvo que responder a una pregunta tras la aprobación de su sueldo como presidente de la RFEVB respecto a estas otras actividades profesionales en el entorno del voleibol a los que respondió que "cumple todas las responsabilidades que le reclama la RFEVB", pero que no tiene que "dar cuenta de su vida privada".

A pesar de que el presidente señala que sus dos trabajos son compatibles bajo su lectura de los estatutos, tanto en una parte del voleibol nacional como en los organigramas de varias territoriales, creen que es imposible desligar ese aumento de las subvenciones a esta federación. En concreto, con el doble puesto de trabajo de Agustín Martín Santos con la RFEVB, como presidente, y en la FVCyL, como administrativo.

La asamblea de 2021, la primera del nuevo mandato, fue la elegida para poner en marcha la nueva estrategia de distribución de subvenciones, cuando los criterios anteriores contaban con el beneplácito de la totalidad de las federaciones —considerándose como "objetivos"—, a diferencia de los nuevos aplicados desde el año 2021.

En el sistema actual, las vías de financiación a través de las ayudas de la RFEVB se dividen en tres. La primera se rige en los eventos y en las competiciones que alberga cada comunidad autónoma en cada temporada. Aquí, la queja predominante es que la elección de las sedes es realizada única y exclusivamente por decisión de la federación española y, en este aspecto, se habla del favoritismo de Martín Santos a la territorial que, según señalan, controla en la sombra. Por ejemplo, las concentraciones permanentes de las selecciones nacionales están desde hace más de 10 años en Castilla y León y los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA), con más de 1.000 participantes, se han fijado una y otra vez en Valladolid desde 2017. Sobre esto, el presidente señala que "esta gente solo protesta, pero nunca han presentado una reclamación ni una propuesta alternativa".

El segundo criterio hace referencia a los árbitros que facilita cada federación territorial al Comité Nacional de Árbitros, donde algunas federaciones denuncian que no han recibido puntos en ese apartado a pesar de haber cumplimentado toda la documentación en tiempo y forma. "Hay montones de partidos en Cataluña donde no hay árbitros", se defiende Martín Santos sobre este punto.

El punto de reparto más polémico de la financiación es, sin duda, el tercer criterio, denominado "Colaboración y aspectos negativos". "Es el más difícil de medir, lo reconozco", confiesa Martín Santos a Relevo. Aquí el reparto de dinero se mide según la puntuación asignada por parte de la Junta Directiva a cada federación, con una ayuda fijada en 453,70 euros. Es decir, si sacas un 10 en el 'examen' de Martín Santos tu subvención crecerá 4.537 euros y así sucesivamente hasta los que saquen una nota de 0 que, evidentemente, no recibirán ayuda en este bloque.

Entre los castigados con la peor nota y sin subvención destaca la federación catalana, liderada por Maribel Zamora, la candidata opositora en las últimas elecciones. Por ello, varias federaciones regionales señalan que "se puntúa según sus intereses y relaciones personales de Agustín con cada comunidad".

"No podemos ayudar a gente que lo que está haciendo es ir contra la RFEVB", afirma Martín Santos a Relevo. "Nos han hecho gastar de 12.000 a 30.000 euros en abogados por denunciar sin razón". Misma versión que sostuvo a la petición de una explicación sobre este tercer bloque formulada por el presidente de la federación de la Comunidad Valenciana en asamblea. "Hombre, no voy a dar dinero a quien pone denuncias", contestó entonces en un mensaje directo hacia los críticos que han llevado a los tribunales al actual presidente por presuntas irregularidades en su gestión, en el pasado proceso electoral y las decisiones tomadas por su equipo.

"Si hicieran eventos, les daría dinero; pero es que no hacen nada ni organizan nada", responde a esta cuestión Martín Santos a pregunta de este medio. La distribución de 2023 todavía no se ha aprobado. "En 2023, el club de Sant Cugat organizó algo, la federación catalana colaboró y se les dará".

 

Sobre este aumento presupuestario que llega anualmente a la sede territorial en Valladolid, varios clubes de Castilla y León consultados por Relevo afirman que no se ven directamente beneficiados por estas subvenciones y señalan que Martín Santos no solo ocupa un cargo de administrativo, sino que sería un presidente en la sombra de la Federación de Castilla y León. Quien ocupa de manera oficial el puesto de presidente autonómico, Antonio María Sangrador Espegel, llegó al cargo de la mano del ahora presidente nacional, y, según señalan diversas fuentes a este medio, "cuando ha tomado alguna decisión que se salía de los planes del presidente de la RFEVB ha sido amenazado con ser despedido""

Martín Santos, consultado por Relevo sobre las quejas de estos clubes, afirma que "con algunos clubes parece que o el dinero va al bolsillo directo o no existe". Según señala, esta bonanza económica en el voleibol castellano y leonés facilita "tener un montón de competiciones, no cobrar mucho a los clubes, hacer muchos campeonatos nacionales e internacionales en Valladolid para que la gente lo vea... eso es lo que permite". Y zanja: "Toda mi vida he trabajado por el voleibol".